José Francisco Javier Solano Rivera y Otros.
Expediente 394/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/10/2021
Partes del expediente
- José Francisco Javier Solano Rivera
- José Francisco Javier Solano Rivera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 4. Documentos agregados en autos. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 18, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere, en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de septiembre del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se determinó conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. Po oficio ***, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del diverso *** de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de dicho instituto, así como de la cédula de notificación practicada al aquí quejoso el uno de septiembre del año en curso, constancias con las que adujo acatar la ejecutoria de amparo. Posterior a ello, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 4. Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) De contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por el quejoso en el ocurso presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno; y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicho escrito. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, a efecto de verificar si la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se estima oportuno traer a colación que, en el escrito presentado ante su potestad el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó en sus puntos petitorios lo siguiente: "Primero. Se sirva, en uso de sus atribuciones y facultades establecidas en las reglas del capítulo relativo a los sueldos, cuotas y aportaciones del Título Segundo cuando refiere la Ley al Régimen Obligatorio en especial los artículos 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de la Ley del ISSSTE vigente, requerirle a la dependencia Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el pago de las cuotas que cubran el periodo de servicios comprendido entre el 16 de abril de 1999 al 10 de enero de 2011 y que expida a mi favor la hoja única de servicios que contemple el tiempo efectivo del quejoso y la expedición de la licencia prejubiliatoria. Segundo. Se sirva introducir en el sistema la actualización de datos del suscrito *** con Registro Federal de contribuyentes ***, CURP; *** y ***; que comprenda el total del periodo de servicios prestados al gobierno federal incluyendo el periodo del 10 de enero de 1981 al 10 de enero de 2011, es decir por 30 años de servicios. Tercero, Se sirva tener por hecha solicitud formal de petición de pensión que en derecho proceda con efectos retroactivos al 10 de enero de 2011 por cumplir 30 años de cotización o Cuarto. Se sirva concederme la pensión por edad y tiempo de servicios en forma retroactiva del 3 de diciembre de 2017 fecha en que cumplí 55 años de edad, en términos del artículo 66 de la Ley del ISSSTE abrogada y de conformidad al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente." En atención a ello, la responsable dio contestación al peticionario de amparo, a través del oficio ***, que en lo conducente señala: "[.] Bajo ese tenor se le informa que respecto a su petición de requerirle a la dependencia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el pago de las cuotas que cubran el periodo comprendido entre 10 de enero de 1981 al 10 de enero de 2011, este Instituto se encuentra imposibilitado en requerir los pagos a su dependencia, toda vez que este Instituto únicamente es un Órgano asegurador, de acuerdo a lo establecido por los diversos 7, 11, 12, 21, 22, 200 y 201 de la Ley ISSSTE vigente, siendo obligación de la dependencia para la cual laboró el de cubrir con las cuotas y aportaciones que deban hacerse a este Instituto, por lo que tampoco puede realizarse actualización de datos alguna a su favor. En atención al otorgamiento de pensión que por derecho proceda, y del estudio de su caso en particular, este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado declara improcedente la petición de otorgamiento de pensión, ya que no cumple con los requisitos establecidos en cuanto a la edad, toda vez que, a pesar de que cuenta 18 años de servicio ante este Instituto, no cuenta con 60 año cumplidos como se establece en la Ley del ISSSTE vigente, dentro del inciso b), apartado II, del numeral DÉCIMOTRANSITORIO, que a la letra dice [Se transcribe] En relación a los argumentos de su parte al aducir que se aplica en su perjuicio leyes en forma retroactiva, ya que deberían de resultarle aplicables las disposiciones legales establecidas en la Ley del ISSSTE vigente al 31 de marzo de 2007, este Departamento de Pensiones resuelve que los mismos resultan infundados, toda vez que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que comienzan a laborar y/o a cotizar en este Instituto, sino que su otorgamiento ésta condicionado al cumplimiento de los requisitos legales, por lo que mientras éstos no se cumplan, la pensión solo constituye una expectativa de derecho, de ahí que no resulta aplicable la Ley vigente al momento del ingreso del trabajador a una dependencia, sino la norma vigente cuando se considere exigible el derecho mismo, en este caso en particular el derecho a ser beneficiario de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. [.] Luego entonces es evidente que este Instituto ha cumplido cabalmente con las obligaciones que le Ley del ISSSTE exige; y ya que se encuentra bajo la tutela exclusiva de la multicitada Ley, lo procedente y fundado es: ÚNICO.- Declarar improcedente las solicitudes realizadas dentro de su escrito de petición, toda vez que no cumple con los requisitos que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estable. [.]" Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), el Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno emitió el oficio ***, dio contestación a las peticiones indicadas en el escrito presentado el veintiséis de enero de este propio año, ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que en escrito de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó que el Instituto, hoy autoridad responsable realizara el requerimiento de pago de las cuotas correspondientes a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, del periodo comprendido entre el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve al diez de enero de dos mil once, la introducción del quejoso al sistema de actualización de datos, tener por hecha la solicitud de petición de pensión que en derecho proceda con efectos retroactivos o se sirviera el instituto responsable conceder pensión por edad y tiempo de servicios de forma retroactiva. En respuesta al libelo descrito, la responsable en el referido oficio ***, le indicó que sus peticiones son improcedentes, toda vez que no cumple con los requisitos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el otorgamiento de la pensión que refiere. De igual forma, en acatamiento al efecto indicado con el inciso b), la responsable notificó la respuesta emitida en el referido oficio, el uno de septiembre del año que transcurre, notificación practicada con *** quien es el hoy quejoso, tal como se aprecia de la copia certificada de cedula de notificación. Sin que pase inadvertido que la concesión de amparo se otorgó para que la responsable emitiera respuesta a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud. Por ende, con las actuaciones reseñadas, se restituyó a la parte quejosa en la transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución Federal, que generó la concesión de amparo, sin que la controversia sobre la legalidad de lo ahí determinado, formara parte de la litis constitucional. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual remite copia certificada del oficio *** de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y cedula de notificación de uno de septiembre siguiente, hecha a la parta quejosa, actuaciones con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento efectuado a las autoridades requeridas, en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, y en términos del precepto 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las responsables a los profesionistas que citan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, en virtud que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en su contra. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 4. Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria en comento, la cual concedió el amparo para los efectos siguientes: "a) De contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por el quejoso en el ocurso presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno; y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicho escrito. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a las autoridades a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." REQUERIMIENTO SUPERIOR JERÁRQUICO Del mismo modo, atento a lo dispuesto en el tercer párrafo, del referido numeral 192 de la ley de la materia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14, fracción XVIII, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requiérase al Delegado o Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable; para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, ordene a la autoridad mencionada para que cumpla con los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo referidos en líneas precedentes, situación que deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional. Cabe precisar, que es necesario adopte de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público) todas las medidas y sanciones necesarias para promover el curso normal del cumplimiento al fallo constitucional, pues en caso contrario las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna, esto para que pueda considerarse que son actuaciones efectivas a fin de observar la sentencia de amparo, Sirve de ilustración a lo anterior, la tesis I.3o.C.79 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES." No pasa inadvertido que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal es superior jerárquico inmediato de la directa responsable conforme al artículo 10 del ordenamiento legal citado; pero se considera que ello es con base en la estructura orgánica, ya que dicha normativa no le otorga expresamente las facultades que al Titular de la Delegación para requerir a las áreas bajo su responsabilidad la observancia de los fallos, además que finalmente, este último tiene todas las atribuciones para encausar y observar debidamente la sentencia de amparo. Se apercibe a las autoridades antes mencionadas que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una multa por el equivalente a la suma de Cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. En el entendido que en caso de incumplimiento de lo ordenado en líneas precedentes, el superior jerárquico incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese.
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