Jose Francisco Hernández Collins
Expediente 486/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Francisco Hernández Collins
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa exhibió diversas documentales en el sumario constitucional en que se actúa, dígasele que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del citado acuerdo, se dejan a su disposición por el termino de noventa días; apercibida que de no reclamarlas en ese plazo, tales documentos seguirán agregados al presente asunto y tendrán igual suerte que este expediente.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
"...cabe concluir que el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del cardinal 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda al surtirse la hipótesis que contempla el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, debió agotar las instancias ordinarias necesarias por medio de las cuales pudo haberse confirmado, revocado o modificado la aludida notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural y por consecuencia los actos posteriores que además solo puede combatir a través del amparo hasta que se emita el auto definitivo declarando cumplido o incumplido el fallo ejecutivo. A mayor abundamiento cabe precisar que también se actualiza el supuesto de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental, el cual no lo deja sin medios de impugnación, -ilegal notificación del proveído de once de abril de dos mil diecisiete, al haberse dejado instructivo de notificación a persona que aduce desconocer-. Además, que tal acto no afecta derechos sustantivos del peticionario de derechos humanos. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso, de una violación adjetiva dentro del procedimiento, lo cual podrá controvertirse en el amparo directo, siempre que las actuaciones practicadas en él afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En razón de lo expuesto, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia, pues se actualizaron las causales de improcedencia establecidas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61 de la ley de la materia...".
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