José Francisco Hernández Celaya
Expediente 1462/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- José Francisco Hernández Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, destaca que no obran en el expediente constancias que acrediten el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA En ese sentido, resulta necesario precisar que en el presente asunto, se concedió el amparo para el efecto de que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, emita el laudo o, en su caso, la resolución que en derecho corresponda en el juicio laboral ***, de su índice. Ahora bien, cabe destacar que en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 33 y 34), se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que acatara el fallo protector, sin que hasta el momento lo haya realizado. REQUERIMIENTO Tomando en consideración lo asentado en párrafos precedentes, con fundamento en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificado del presente auto, acate el fallo protector dictado en este juicio, remitiendo copia certificada por triplicado de las constancias que lo acrediten, o bien, indique el impedimento que tenga para ello. Lo anterior, con la finalidad de que este Juzgado Federal esté en posibilidad de pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria; toda vez que, los juicios de amparo no pueden permanecer paralizados, conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido dentro del término concedido, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; además, sin mayor trámite, podrá remitirse este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la nueva Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, ante un requerimiento de esta naturaleza, debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir su cumplimiento, lo que, además, deberá hacer del conocimiento de este órgano judicial.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS INFORME SOBRE SU CUMPLIMIENTO.
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra la omisión atribuida a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en los términos del considerando quinto de esta sentencia, y para los efectos establecidos en la parte considerativa sexta.
- Principal
Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa ofreció como prueba el expediente original del juicio laboral ******, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Estado de Chiapas; y que en proveído de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 5 a 8), se reservó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo cual ya aconteció; en tal virtud, se levanta la reserva efectuada y al efecto, se provee: Respecto de la prueba ofrecida por la quejosa, consistente en el original del expediente laboral ****, dígasele que conforme al artículo 121 de la Ley de la Amparo, es obligación de las partes exhibir los medios de prueba tendentes a demostrar los actos reclamados; por lo que, está en aptitud de solicitar la documental de referencia, a los funcionarios o autoridades conducentes, a fin de que pueda ofrecerla como medio de convicción en este juicio; y, una vez que acredite haber formulado tal solicitud, y, que la responsable no haya expedido las copias o documentos solicitados, este Juzgador estará en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. En lo concerniente al tema, es aplicable la jurisprudencia P./J. 63/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXIII, Mayo de 2006, con número de registro 175144, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HABÍA SOLICITADO PREVIAMENTE, BASTA QUE ÉSTE SOLICITE EL APLAZAMIENTO DE AQUÉLLA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ASÍ LO ACUERDE. Este Alto Tribunal considera que para que opere el aplazamiento de la audiencia constitucional en el supuesto del artículo 152 de la Ley de Amparo, basta que así lo pida el oferente de las documentales, sin necesidad de la solicitud expresa para que se requiera a la autoridad omisa, pues esto no constituye una formalidad esencial del escrito de referencia, sin la cual no deba acordarse favorablemente dicho aplazamiento, lo cual encuentra justificación en dos motivos: a) El principio de derecho consistente en que a las partes solamente corresponde narrar los hechos y al juzgador aplicar el derecho, de manera que si de la indicada narración se desprende la actualización de una hipótesis normativa determinada, el juzgador debe aplicar el derecho, aun cuando no le citen el precepto legal exactamente aplicable o no le soliciten expresamente determinada circunstancia, si la misma es una consecuencia legal y necesaria de la actualización de dicho supuesto, pues es claro que ante la omisión de una autoridad de expedir la copia o documento que se ofrece como prueba y que oportunamente le fue solicitado, la ley establece como consecuencia que previa solicitud del interesado se requiera a la autoridad omisa y se aplace la audiencia por un término que no exceda de 10 días, y b) El criterio de que el artículo 152 de la Ley de Amparo no debe aplicarse con tal rigidez que impida recabar una prueba que podría dar luz para resolver el juicio de garantías. En ese sentido, se concluye que en el escrito por el que se solicita el aplazamiento de la audiencia constitucional, es innecesario que el quejoso pida expresamente al juzgador federal que requiera a la autoridad responsable la expedición de las copias o documentos que previamente le solicitó para presentarlos como pruebas en el juicio de amparo, y como consecuencia se aplace la celebración de la audiencia constitucional, siempre y cuando esa intención se advierta del escrito referido. Lo anterior, además, lleva a este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EL DIFERIMIENTO DE LA, DEBE SOLICITARSE POR EL QUEJOSO, EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO." Aunado a lo anterior, cabe señalar que las constancias remitidas por la autoridad responsable, son suficientes para resolver el presente asunto. Por otra parte, de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte que ********, es parte demandada en el juicio de origen y señalada como tercera interesada por la parte quejosa en el presente juicio; sin embargo, no ha lugar a tenerla con el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que, si en el juicio de amparo en que se actúa, el quejoso se duele de violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla la garantía de tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, atendiendo a que nadie puede contravenir tal precepto; en tal virtud, si en el presente juicio no se le irroga perjuicio alguno, por ende, no le recae el carácter de tercera interesada. Sustenta lo anterior, lo previsto en la tesis VI.1º.T.5K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2637, tomo IV, agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LOS TERCEROS INTERESADOS RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CUYA VIOLACIÓN RECLAMÓ EL QUEJOSO, AL NO CAUSARLES PERJUICIO. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I, de la Ley de Amparo, instituyen el principio de instancia de parte agraviada, como requisito para promover el juicio de amparo, el cual prevalece para la interposición del recurso de revisión, según se regula en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88, primer párrafo, de la ley citada. Por tanto, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto está relacionado con la dilación procesal en que incurre alguna autoridad jurisdiccional, la concesión de la protección constitucional al quejoso para que se observen los plazos legales establecidos y se respete su derecho humano a la administración de justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, no causa perjuicio alguno a los terceros interesados y, por ende, éstos carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia relativa".
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