Jose Francisco Gutierrez Martinez
Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/05/2023
Partes del expediente
- Jose Francisco Gutierrez Martinez
- Jean Carlos Velazquez Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer, y por la otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes, para una mejor identificación de los asuntos. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Devuélvase a la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, un legajo de pruebas, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que el denunciante no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de doce de abril del dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia emitida el seis de marzo del año en curso. Sentencia. En ese sentido, se precisa que en la referida sentencia se declaró fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, contra la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), por la expedición del oficio NO. 223301EL355129 de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por lo que se ordenó a la autoridad denunciada que realizara lo siguiente: "VI. DECISIÓN Y EFECTOS 35. Atento a lo anterior, partiendo de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, con la pretensión de hacer efectiva sus efectos en la esfera jurídica del denunciante y dotarle de plena efectividad material, se estima fundada la presente denuncia y, en consecuencia, se ordena a la autoridad denunciada: -Que dentro del plazo de tres días, siempre y cuando se encuentre acreditado que el denunciante es mayor de edad, se le otorgue la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 36. Es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que el denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas, ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias, tampoco para que ejerza ese derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan otorgado su autorización de forma expresa. Atento a lo anterior, se desprende que la autorización sanitaria ordenada en favor del denunciante para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, está sujeta a que éste sea mayor de edad y que en la autorización se precisen las prohibiciones siguientes: Sembrar semillas de mariguana, cultivar y cosechar su producto en lugares públicos. Realizar actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas, ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias. Consumir frente a personas menores de edad. Consumir frente a terceros mayores de edad que no hayan otorgado su autorización de forma expresa. Cumplimiento. Sobre esa base, en primer término, se encuentra acreditado que el denunciante, Jean Carlos Velázquez Márquez, es mayor de edad. En efecto, a través de la copia de la credencial para votar del denunciante expedida por el Instituto Nacional Electoral que exhibió con su denuncia, se desprende que su fecha de su nacimiento es el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa, por lo que es evidente que al momento de la presentación de la denuncia contaba con treinta y dos años; de ahí que se encuentra en aptitud de ser titular de la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Luego, mediante oficio registrado con número de promoción 7966, la representación de la autoridad denunciada, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió la autorización sanitaria COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-9832-2023, del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, expedida a favor del denunciante Jean Carlos Velázquez Márquez, de la cual se desprende lo siguiente: Primero. Declaró insubsistente el acto denunciado, consistente en el oficio NO. 223301EL355129, de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés Segundo. Dejó de aplicar al denunciante los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen la prohibición para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Tercero. Emitió autorización sanitaria a favor del denunciante, para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente conocido comúnmente como "marihuana"; consistentes en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el referido estupefaciente, así como para adquirir legalmente la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). Cuarto. Precisó que el denunciante tiene la obligación de informar la ubicación del domicilio en el que se llevaran a cabo las actividades de siembra, cosecha y cultivo que le fueron autorizadas, a fin de que se puedan ejercer las facultades de vigilancia sanitaria correspondientes, estableciendo que dicho domicilio debe tener designado un lugar cerrado o de acceso restringido para desarrollar las actividades, con el propósito de prevenir su acceso accidental a personas no autorizadas [prohibición número 1]. Quinto. Informó al denunciante el procedimiento para la adquisición legal de las semillas de cannabis. Sexto. Prohibió la realización de actos de comercio, suministró o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de cannabis, incluyendo la adquisición de semillas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas; asimismo, precisó que en ningún caso la autorización sanitaria supone la facultad para transmitir la propiedad del cannabis de forma gratuita [prohibición número 2]. Séptimo. Prohibió al denunciante realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente, en presencia de menores de edad, mujeres embarazadas y en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización. Del mismo modo, prohibió al denunciante realizar cualquier actividad bajo los efectos de las sustancias, que puedan poner en riesgo o dañar a terceros, verbigracia conducir vehículos y operar máquinas peligrosas [prohibiciones números 3 y 4]. Octavo. Se reservó el ejercicio de las facultades de control sanitario, tendientes a revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emite la autorización sanitaria. Noveno. Informó el procedimiento a seguir -hasta en tanto éste no se defina en la reglamentación correspondiente- para el registro de las actividades reguladas de las semillas de cannabis. Décimo y undécimo. Determinó que la vigencia de la autorización es indeterminada, y que su uso es personal e intransferible. Duodécimo. Señaló las causas de revocación de la autorización sanitaria; a saber, cuando el ejercicio de la misma exceda los límites fijados o se le dé un uso distinto a ésta; y, en caso de que se desacaten de manera reiterada las ordenes de la autoridad denunciada. En ese sentido, se estima que la autoridad denunciada cumplió con la sentencia emitida el seis de marzo del año en curso, pues dejó sin efecto el acto denunciado y otorgó la autorización sanitaria correspondiente al denunciante Jean Carlos Velázquez Márquez [quien es mayor de edad], en la que se fijaron las prohibiciones ordenadas, específicamente en sus puntos cuarto y sexto. Adicionalmente, determinó la vigencia de la autorización; precisó que su uso es personal e intransferible; y se reservó el derecho para revocar la autorización ante la realización de los actos prohibidos. Por tanto, se concluye que la autoridad denunciada atendió a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la denuncia, la sentencia definitiva y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber al denunciante que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por la otra se resolvió conceder el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN .Respecto del acto reclamado, al resultar fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente 1834/16-12-01-1-OT de su índice, únicamente en la parte relativa en la que impuso multa al quejoso, pues debe estimar que no existió incumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintiuno de septiembre de esa misma anualidad." Ejecutoria En auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Mediante proveído del pasado tres de abril, se tuvo por recibido el oficio del presidente de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto informó el contenido del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1834/16-12-01-1-OT de su índice, del que se desprende que dejó insubsistente el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el mencionado expediente, únicamente en la parte relativa en la que impuso multa al quejoso, pues estimó que no existió incumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector en virtud de que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1834/16-12-01-1-OT, únicamente en la parte relativa en la que impuso multa al quejoso, pues estimó que no existió incumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por conducto de su representación, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia certificada de la autorización sanitaria COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-9832-2023, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDADFECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO 17/03/2023 10/03/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 ,193 y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte denunciante con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibido que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, se tiene a la autoridad denunciada reiterando domicilio, delegados y que no es su deseo recibir notificaciones electrónicas. Notifíquese por lista al denunciante.
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