José Francisco González Riojas

Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • José Francisco González Riojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el diverso oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad. Por tanto, agréguese a sus antecedentes sin mayor proveído el comunicado de la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de veintidós de febrero del actual, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    se notifica por lista al quejoso. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveídos de treinta y uno de enero y ocho de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Administración Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos de que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y haga extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales y de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por el peticionario, según los recibos marcados con los números de referencia 758408527 y 758408553, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. 2. Devuelva al peticionario de amparo, las cantidades que erogó por los conceptos de compraventa y apertura de crédito, así como los montos excedentes que se actualicen derivados de esta concesión, de los rubros de fomento a la educación y de la seguridad e impuesto adicional, de los recibos digitales de pago con números de referencia 758408527 y 758408553, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar establecida en el numeral 79-B de la ley hacendaria en comento, para cada uno de esos servicios. Los efectos señalados se justifican en la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1244, Libro VIII, Tomo II, Décima Época, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del contenido siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, se advierte que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo, expidió a favor de la parte quejosa un cheque por la cantidad de $22,272.00 (veintidós mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el quejoso el quince de enero del actual, tal y como se advierte de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta; con lo cual cumplió con la obligación a que se le constriñó en la ejecutoria en comento; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

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