José Francisco González López

Expediente 850/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
850/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • José Francisco González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, de catorce de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el quince siguiente (fojas 95 a 96), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de dieciséis de octubre de la presente anualidad (foja 98), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintidós de octubre del presente año (foja 101); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el diecinueve de junio del año en curso (fojas 37 a 51), se determinó conceder a José Francisco González López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, respectivo, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de depósito de cerveza en envase cerrado, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 10 a 11 y 34 a 35), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante copia certificada del recibo oficial de pago, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a favor de José Francisco González López, concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, recibo oficial emitido por la Recaudación de Rentas de San Blas, Nayarit y con el informe con justificación rendido por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de los Recaudadores de Rentas, con sede en esta ciudad y en San Blas, Nayarit (fojas 10 a 11 y 34 a 35). Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (fojas 10 y 35), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivo, devuelva al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de depósito de cerveza en envase cerrado, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 10 a 11 y 34 a 35). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ." En cumplimiento a ello, mediante anexos, de catorce de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el quince siguiente (fojas 195 a 197), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que entregó el cheque por la cantidad de $5,269.48 (cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que dicha autoridad indicó que en los "efectos de la concesión" emitida por este órgano jurisdiccional, se le precisó que se le debe reintegrar al promovente del amparo restando el cobro que realizó por concepto de comisión bancaria de $3.00 pesos), esto es la cantidad de $5,239.44 (cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 44/100 moneda nacional), que corresponde a la suma que la citada parte amparista enteró a favor de la recaudación responsable por concepto de refrendo de alcoholes "porteadores", así como el monto que resulte por concepto de impuestos para el fomento a la educación, asistencia social, y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Atendiendo lo anterior, la autoridad exactora informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto $5,236.44 (cinco mil doscientos treinta y seis pesos 44/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de octubre de este año, se efectuó la devolución mediante transferencia al quejoso; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de septiembre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de septiembre del presente año 103.942; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,279.90 (cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $43.56 (cuarenta y tres pesos 56/100, moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $5,269.48 pesos 48/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $5,279.45. (cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 45/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $5,269.48 (cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional) es decir, $10.42 (diez peso con cuarenta y dos centavos moneda nacional), menos de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, de catorce de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el quince siguiente (fojas 95 a 96), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de dieciséis de octubre de la presente anualidad (foja 98), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintidós de octubre del presente año (foja 101); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el diecinueve de junio del año en curso (fojas 37 a 51), se determinó conceder a José Francisco González López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, respectivo, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de depósito de cerveza en envase cerrado, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 10 a 11 y 34 a 35), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante copia certificada del recibo oficial de pago, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a favor de José Francisco González López, concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, recibo oficial emitido por la Recaudación de Rentas de San Blas, Nayarit y con el informe con justificación rendido por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de los Recaudadores de Rentas, con sede en esta ciudad y en San Blas, Nayarit (fojas 10 a 11 y 34 a 35). Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (fojas 10 y 35), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivo, devuelva al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de depósito de cerveza en envase cerrado, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 10 a 11 y 34 a 35). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ." En cumplimiento a ello, mediante anexos, de catorce de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el quince siguiente (fojas 195 a 197), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que entregó el cheque por la cantidad de $5,269.48 (cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que dicha autoridad indicó que en los "efectos de la concesión" emitida por este órgano jurisdiccional, se le precisó que se le debe reintegrar al promovente del amparo restando el cobro que realizó por concepto de comisión bancaria de $3.00 pesos), esto es la cantidad de $5,239.44 (cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 44/100 moneda nacional), que corresponde a la suma que la citada parte amparista enteró a favor de la recaudación responsable por concepto de refrendo de alcoholes "porteadores", así como el monto que resulte por concepto de impuestos para el fomento a la educación, asistencia social, y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Atendiendo lo anterior, la autoridad exactora informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto $5,236.44 (cinco mil doscientos treinta y seis pesos 44/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de octubre de este año, se efectuó la devolución mediante transferencia al quejoso; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de septiembre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de septiembre del presente año 103.942; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,279.90 (cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $43.56 (cuarenta y tres pesos 56/100, moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $5,269.48 pesos 48/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $5,279.45. (cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 45/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $5,269.48 (cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 48/100 moneda nacional) es decir, $10.42 (diez peso con cuarenta y dos centavos moneda nacional), menos de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por ****, en calidad de delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, tal como lo demuestra con los anexos que exhibe; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por ****, en calidad de delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, tal como lo demuestra con los anexos que exhibe; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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