José Francisco Garduño Díaz

Expediente 798/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
798/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Garduño Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, informa que el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de agosto de la presente anualidad, fue registrado como recurso de revisión ********************, admitido a trámite y turnado para la elaboración del proyecto correspondiente. Circunstancias de las que se toma conocimiento.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que en proveído de dieciocho de setiembre del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer el quejoso José Francisco Garduño Díaz, contra la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo. En ese sentido, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación. De igual manera, de conformidad con el Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, que deberá vincular el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Órgano Colegiado que tenga conocimiento del referido medio de impugnación, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, a efecto de resolver el aludido recurso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el quejoso José Francisco Garduño Díaz, interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo; asimismo, realiza su expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa; asimismo, se ordena correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios que presenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a efecto de que entregue el oficio que derive de esta determinación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, junto con el escrito original de interposición de recurso, mismo que contiene la expresión de agravios, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente para substanciar el medio de impugnación. Asimismo, y en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, a efecto de resolver el recurso de revisión en cita.

  4. Principal

    SENTENICIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 798/2023-III, promovido por José Francisco Garduño Díaz, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Francisco Garduño Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EN SU CARACTER DE AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA: JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO." "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad que señalé anteriormente tanto como RESPONSABLE y ORDENADORA, así como del Ejecutor reclamo la infundada, anticonstitucional e ilegal, orden de lanzamiento, mediante la cual se pretende realizar el desalojo del inmueble del cual tengo plena posesión el cual se encuentra ubicado en CALLE EL CALVARIO, SIN NÚMERO, EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, ESTADO DE MÉXICO (.)" Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y que forma parte de la presente resolución; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que el acto que se reclama fue emitido por autoridad del orden civil, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de ser llamado a juicio y como consecuencia, la orden de lanzamiento o desalojo del inmueble ubicado en calle Calvario, sin número, en el centro del municipio de San Antonio La Isla, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El apoderado Ejecutor adscrito al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, aceptó el acto reclamado, en cuanto a que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente 1227/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil (reivincatorio). Lo que incluso se corrobora con las constancias que remitió el propio Juez responsable, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 1227/2019 de su índice; constancias a la que, dada su naturaleza de documental pública, por ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, del análisis de las constancias que integran el presente juicio, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I (a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" En su interpretación sistemática y armónica, permiten advertir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que la parte quejosa tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Cabe señalar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Además, agregó que para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Finalmente, indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis 2a./J. 51/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que se cita a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Lo anterior sostuvo la Segunda Sala aludida, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico del gobernado sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que le asisten, razón por la cual si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, visible en la página 568, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." Conforme a lo anterior, es válido extraer los siguientes elementos del interés jurídico, a saber: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. De este modo, el interés jurídico es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio, como se desprende de lo establecido por el artículo 5, inciso I, de la Ley de Amparo, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada legislación, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Séptima Época, página 55, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Sentado lo anterior, debe precisarse que el ahora quejoso acude a ejercer la acción constitucional, ostentándose como tercero extraño al juicio de origen, en tanto que no formó parte del juicio ordinario civil 1227/2019 del índice de la autoridad responsable, y en el que asegura se han violentado sus derechos al no llamarlo a juicio para ser oído y vencido en el mismo, toda vez que tiene plena posesión del inmueble dado el arrendamiento que tiene del mismo. Circunstancia por la cual, debe tenerse presente el concepto de persona extraña a juicio entendida, en sentido amplio, como la que no ha figurado en el proceso como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste, inclusive en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; aunque en la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, las que se considera conveniente indicar, con el fin de dar claridad al sentido de este fallo: Tercero extraño stricto sensu, es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio y, no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En este supuesto, el tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte; y, Tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella, o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso; de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Por lo cual, si en el presente caso, de acuerdo a las constancias que remitió el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, como complemento a su informe justificado, se advierte que el juicio ordinario civil 1227/2019 (reinvidicatorio), se instauró por Teresa Torres Ramírez, en contra de Xóchitl Barrueta González, es inconcuso que el ahora quejoso no es parte en la controversia de origen; y en tal sentido, debido al carácter que le resulta como tercero extraño al procedimiento, debe acreditar la existencia de un derecho subjetivo que la legitimara para acudir a la instancia constitucional. Luego, en relación con la existencia de un derecho subjetivo que legitimara al ahora quejoso para acudir a la instancia constitucional, éste sostiene que celebró un contrato de arrendamiento, el dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, del inmueble ubicado en el Calvario, sin número, en el centro del municipio de San Antonio La Isla, Estado de México; lo que intentó acreditar con el aludido contrato de arrendamiento que exhibió. Sin embargo, de la revisión a las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte que el promovente del amparo haya allegado medio de prueba suficiente con que acreditara el interés jurídico que tiene sobre la propiedad del bien raíz que viene a defender en esta instancia constitucional. Y es que, teniendo el ahora quejoso la carga de demostrar su interés para promover el juicio de amparo, pretendió acreditarlo con la documental consistente en un contrato de arrendamiento con fecha de dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, respecto del bien inmueble ubicado en el "Calvario, sin número, en el centro del municipio de San Antonio La Isla, Estado de México", celebrado entre el peticionario del amparo y Xóchitl Barrueta González. Documento que al ser analizado, de conformidad con los artículos 129, 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concluye que no favorece las pretensiones del solicitante del amparo. Esto es así, pues, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando una persona acude al juicio de amparo para defender sus derechos de propiedad o posesión respecto de un bien, debe acreditar de manera fehaciente la afectación a su interés jurídico; para lo cual no basta con que exhiba un contrato privado de compra venta, de donación, copia facturada endosada a su nombre, contrato de arrendamiento y/o documento de similar contenido, sino que éste debe ser de fecha cierta. Un documento adquiere fecha cierta, a partir de que se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, ante alguna autoridad con motivo de sus funciones o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; fecha que debe ser previa al acto que le genere afectación, esto para poder afirmar que al momento de la emisión del acto reclamado, la parte quejosa ya cuenta con un derecho y que éste le es afectado, pues de no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta. De este modo, cuando ante un fedatario público se presenta un documento privado para su cotejo con su original y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal certificación; incluso, cuando exista un documento público que se relacione con un documento privado, la fecha cierta de este último se adquiere a partir de la elaboración del documento público, y no a partir de la fecha que está asentada en el documento privado. De manera que, al cumplirse cualquiera de los supuestos que anteceden, se engendrará para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la certeza de que el documento con el que se pretende demostrar la legitimación para pedir protección constitucional, con motivo de la emisión de un acto de molestia, acredita la titularidad de un derecho, al ser suscrito anteriormente al acto de autoridad reclamado; y con ello, el que el documento, al haber cumplido cualesquiera de las formalidades precitadas, fue realmente otorgado por quien lo suscribe, ya que de no tenerse ese conocimiento pleno, ocasionaría que cualquier persona estuviera en aptitud de confeccionar sus propias pruebas. En cambio, de no surtirse alguno de aquellos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros, porque el cumplimiento de esa condición tiene como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en éste y, con ello, certeza jurídica para evitar actos fraudulentos o dolosos, como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento privado asentaran una data falsa, es decir, anterior o posterior a la verdadera. Para ilustrar lo anterior, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 21/2010, visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2010, tomo XXXI, Materia Civil, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Por lo tanto, el contrato exhibido por el ahora quejoso no demuestra que tenga la propiedad o posesión jurídicamente tutelada, a que se refiere el artículo 14 Constitucional, sobre el referido inmueble; pues si bien el dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, celebró contrato de arrendamiento con Xóchitl Barrueta González, con dicho documento no se acredita el interés jurídico del ahora quejoso. Y es que, el contrato exhibido por el promovente del amparo, no cumple con alguno de los supuestos mencionados para que adquiera fecha cierta, pues no existe constancia de que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni obra prueba de que murieran sus suscriptores, y menos que tal documento fuera presentando ante un fedatario público en ejercicio de sus funciones; de modo que la simple exhibición de ese documento privado, trae consigo que se trata de una prueba imperfecta que carece de valor probatorio contra terceros, y aun entre las partes, pues no se tiene certeza sobre si fue realmente otorgado por quien lo suscribe y la sola existencia del documento no es razón jurídica para presumirlo. Es decir, el documento exhibido por el ahora quejoso en el presente juicio de amparo, al no ser de fecha cierta, deviene insuficiente para acreditar la titularidad del derecho de propiedad y/o posesión del bien raíz en cuestión, y por ende para demostrar el interés jurídico, e instar el juicio de amparo indirecto contra todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1227/2019. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J.96/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 191, Novena Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional". Así como, por las razones que informa, la diversa jurisprudencia 46/99, visible en la página 78, del Tomo X, Diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Y la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Octava Época, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Pues, se reitera, en el presente caso el contrato exhibido por la parte quejosa no demuestra que tenga el derecho real jurídicamente tutelado, a que se refiere el artículo 14 Constitucional, sobre el referido inmueble; lo que, en todo caso, podría engendrar la titularidad del derecho que refiere en la demanda de amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P.J.1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, página 5, Novena Época, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Y la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, Novena Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P.J.1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, página 5, Novena Época, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I (a contrario sensu), de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Apoya lo anterior, la tesis 3ª. 58 8/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917- 1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". Así como la tesis VI. 3. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 934, del Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "POSESIÓN. SI NO SE COMPRUEBA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y NO NEGARSE EL AMPARO. Si el quejoso no demuestra la posesión del bien del que afirma lo pretenden desposeer las autoridades responsables, es evidente que los actos desposesorios reclamados no afectan su interés jurídico, de ahí que lo procedente en tal caso, sea sobreseer en el juicio de garantías, en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III de la Ley de Amparo, y no negar al quejoso el amparo y protección que solicita". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad ejecutora, atento a los razonamientos que rigen la Jurisprudencia 231, visible en la página 156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Francisco Garduño Díaz, respecto del acto y autoridades señalados en los considerandos Segundo y Tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso Cuarto del mismo.

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