Jose Francisco Flores Razo
Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Francisco Flores Razo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Se precisa que en la presente ejecutoria el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento fuera de audiencia si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, el mismo será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de fecha diecinueve de junio del presente, año, para lo cual remite constancia de notificación realizada a la parte quejosa el trece de junio de dos mil dieciocho, respecto del oficio número B00.910.01.1/002520, que contiene resolución de cinco de junio anterior. Téngase como prueba documental de la autoridad en cita, la que adjunta al oficio que se acuerda, misma que se tiene por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda los presentes autos, se advierte que el promovente del amparo ***, en su escrito de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- La omisión de la autoridad responsable (Director Local Guanajuato) de la Comisión nacional del Agua, de emitir y notificar la resolución correspondiente que sería respuesta a mis solicitudes de Modificación Administrativa y Técnica, ingresadas el 11 de Noviembre de 2016 y a la cual se les asignó el número de solicitud 2645. Respecto a lo anterior, el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, rindió informe justificado mediante oficio registrado con el número 4849, al que adjuntó el oficio número B00.910.01.1/002520, que contiene resolución de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, en respuesta a la solicitud de modificación administrativa y técnica respecto del título de concesión 08GUA107471/12AMGE06, ingresada en fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el folio 002645, que constituye el acto reclamado. Resolución que fue debidamente notificada a la parte quejosa el trece de junio de presente año, remitiendo para tal efecto constancias que acreditan su dicho en el oficio que se acuerda. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que en relación al acto que ahora se reclama consistente en la omisión de dar respuesta a las solicitudes de modificación administrativa y técnica del título de concesión 08GUA107471/12AMGE06, ingresada en fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el folio **, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, acorde con las razones jurídicas siguientes: El precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, si el objetivo de la tramitación del presente juicio de amparo, fue para el efecto de analizar la constitucionalidad de la omisión de dar respuesta a las solicitudes de modificación administrativa y técnica del título de concesión 08GUA107471/12AMGE06, ingresada en fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el folio **. Los efectos de tal falta cesan en el momento en que en fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente, misma que fue notificada a la parte quejosa de forma personal el trece del mismo mes y año. De lo anterior, se arriba a la conclusión de que con la emisión de la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho, y su notificación al solicitante del amparo el trece de junio del presente año, cesaron los efectos de los actos reclamados, lo que provoca que jurídicamente no sea posible abordar el estudio de las omisiones referidas, ya que la causa de improcedencia en examen se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantía infringida, tal y como sucede en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. Así mismo, es ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Atento al contenido del artículo 17, segundo párrafo, primera parte, Constitucional, resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o cuando tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado, fuera de la audiencia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia número 10/2003, emitida al resolver la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dos minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61 fracción XXI, 62 fracción V, 73, 74, 75 y 217, aplicables y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
INFORME JUSTIFICADO. Visto el oficio signado por el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. Por otra parte, toda vez que en su informe de ley, la autoridad responsable manifiesta en lo que aquí interesa: ES PARCIALMENTE CIERTO el acto que se reclama al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, autoridad señalada como Responsable, ya que en respuesta a la Solicitud de Modificación Administrativa del Título de Concesión número ***, ingresada en fecha 11 de noviembre de 2016 bajo el folio 002645, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esta Dirección Local Guanajuato emitió y firmó el Oficio No. BOO.910.01.1/002520 de fecha 05 de junio de 2018, el cual se encentra en el área de Ventanilla para su notificación. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere al Director Local Guanajuato de la Comision Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este tribunal federal copia de las constancias con las que acredite que notificó dicha determinación a la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que puede actualizarse una causal que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, acorde con lo establecido por la fracción XXI, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, en el lapso concedido se le impondrá una multa de conforme con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, misma que se hará efectiva por la autoridad recaudadora correspondiente, multa que será cuantificada conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, mencionada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se le hace saber que dicha multa, se efectuara en contra de la persona física que desempeña el cargo de director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. Es aplicable por analogía, la tesis número XXI.2o.C.T.6 L (10a.), publicada en la página 2771 del libro 40, marzo de 2017, tomo IV, Materia(s): Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Registro: 2013930, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro siguiente: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO).
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, para que rinda su informe justificado, lo cual es necesario para la debida integración del juicio de amparo en que se actúa. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para que la misma tenga verificativo.
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