José Francisco Estrada Ramirez
Expediente 423/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2017
Partes del expediente
- José Francisco Estrada Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VIII. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias enviadas mediante oficio 10809/2017-VIII, de dieciocho de abril pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes.
- Principal
VIII. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 50 a 55), en el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que el mismo adquirió firmeza procesal. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el amparo en este juicio. 2. El original incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso I,). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, los discos ópticos que contienen las audiencias celebradas en la carpeta administrativa 1253/2016, adjuntó como complemento a su informe justificado. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que para el caso de omisión al respecto, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación respectivas, el expediente se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Sara Mercedes Neira González, que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
VIII. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 423/2017-VIII, R E S U E L V E ÚNICO. Se concede a la José Francisco Estrada Ramírez, la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridades precisados en la presente determinación.
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remite las constancias consistentes en la carpeta administrativa 1253/2016, lo anterior para los efectos legales conducentes. A las constancias remitidas se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se advierte una causa de improcedencia en el presente asunto, con independencia de que las propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen. Ahora, de los antecedentes de la carpeta administrativa 1253/2016 de la cual deriva el acto reclamado, se aprecian los siguientes: 1. El trece de febrero de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público, solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta de investigación 160310620087815, relativa al hecho delictuoso de LESIONES en agravio de Ali Rabadan Juárez y otro, contra José Francisco Estrada Ramírez, donde se señalaron las ocho horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia referida. 2. Determinación que se notificó al imputado José Francisco Estrada Ramírez, con el apercibimiento que de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 3. En audiencia de formulación de imputación de trece de febrero de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del indiciado José Francisco Estrada Ramírez, pese a haber quedo debidamente notificado para ello, la autoridad responsable le concedió un término de tres días para que justificara su inasistencia a dicha audiencia, la cual se tuvo por justificada en esa misma data. 4. El seis de marzo de dos mil diecisiete, nuevamente la representación social solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, por el ilícito antes mencionado en contra del quejoso, por lo que la responsable señaló las ocho horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete. 7. Determinación que se ordenó notificar al imputado José Francisco Estrada Ramírez con el apercibimiento de que en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 8. En audiencia de formulación de imputación de quince de marzo de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del indiciado José Francisco Estrada Ramírez el juez de origen le concedió el término de tres días para que justifique su inasistencia a la misma, en el entendido que de no dar cumplimiento a ello, se procederá de conformidad con el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por lo que quedaron a salvo los derechos de la representación social. Siendo hasta esta última actuación el estado procesal que guarda el asunto del cual deriva el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias se advierte que el quejoso reclama el auto donde se le requiere comparezca ante la responsable para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, el cual es meramente declarativo porque no tiene ejecución material; por tanto, hace improcedente el presente juicio de amparo. En efecto el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" Por su parte el diverso 6 de la Ley de Amparo, es de tenor literal siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o del acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o cualquier otra persona en los casos en que esta Ley lo permita". En concordancia con lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva sólo para la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. En ese tenor, debe entenderse como "perjuicio" la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho de forma legítima tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. En ese orden de ideas, como agravio debe entenderse todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva, es decir, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter subjetivo. El agravio debe recaer en una persona determinada, debe ser concreto en ésta, no ser abstracto y ser de realización pasada, presente o inminente; lo cual implica que no puede ser eventual, aleatorio o hipotético, lo que nos lleva a concluir que el interés jurídico está ligado con el concepto de agravio para los efectos del amparo, pues si un acto de autoridad no causa agravio, se insiste, directo y personal, no puede existir aquél para intentar de manera válida la acción de amparo. De lo anterior se infiere que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho derivado de una disposición legal, a exigir de la autoridad determinada conducta; es aquel derecho conocido como subjetivo, es decir, la facultad potestativa de exigencia y en la cual es necesario que se conjugue una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de respetar; por lo que, en síntesis, el amparo debe ser solicitado por la persona a quien le cause molestia o se le prive de algún derecho, posesión o propiedad, ya que dicho interés jurídico, no se puede referir sino a la titularidad que al quejoso corresponde, con relación en los derechos o posesiones conculcados. Al respecto es de destacar, que en la foja 77 de la Ley de Amparo Comentada, editada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, Editorial Temis, México, Febrero, 2008, aparece el siguiente comentario: "El interés jurídico, en lo general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho, que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que solo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Dicho perjuicio debe ser inmediato y directo en los intereses jurídicos del quejoso, y no en el mediato o indirecto que no es propiamente lesivo de un derecho. El interés jurídico es el cúmulo de los derechos reconocidos por la ley en beneficio de una persona determinada. Hay pues interés jurídico cuando tiene una tutela jurídica, es decir, cuando existen preceptos legales que les otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que les irroga su desconocimiento o violación El interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo, que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. No existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad, que se da cuando el orden jurídico subjetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que éste tenga la capacidad, otorgada por dicho orden, para imponerse efectivamente a otro sujeto; y, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, que se da cuando la norma jurídica objetiva no establece a favor de la persona facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, al ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada en vista de que el ordenamiento jurídico no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. La demostración del interés jurídico es una carga del quejoso, quien debe acreditarlo en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones, siendo insuficiente la protesta de decir verdad, como la presunción de certeza de los actos reclamados por falta de informe justificado de la responsable". Además sirve de apoyo, por las razones que informan, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, época Octava Época, con número de registro 224803, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 364, publicada en el Semanario Judicial de la Federación "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. De igual manera resulta aplicable la tesis 1484 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1046 del Tomo I, materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.- Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio. En este sentido, es de enfatizar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como establece la Jurisprudencia 293 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 242, Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Ahora bien, el artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 del Pacto Federal, literalmente establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejoso cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley. De la transcripción que antecede se advierte una distinción en torno al interés para acudir al juicio constitucional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de jurisprudencia publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA LOS EFECTOS DE LA PREOCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", que resolvió la Contradicción de Tesis 111/2013 entre las sustentadas por su Primera y Segunda Salas, consultable en la Décima Época, registro 2007921, Semanario Judicial de la Federación, Tesis P./J.50/2014 (10a), por cuanto hace al tema de interés jurídico para comparecer al juicio de amparo, expresa: El interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dentro de la clasificación que hace referencia nuestro máximo Tribunal, se encuentra la que atiende al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona y dentro de ella se encuentra el interés jurídico que lo identifica con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que la Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está. Así, nuestro máximo Tribunal funcionado en Pleno, en la ejecutoria en cita estableció cómo debe ser interpretada la fracción I del artículo 107 constitucional, cuyo texto reformado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once. Uno de los aspectos que consideró es que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, resulta claro que el Constituyente Permanente estableció de forma expresa que tratándose de la procedencia del amparo directo, así como del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. Cabe señalarse que tal estándar de afectación que es exigido para la procedencia del juicio de amparo, resulta coincidente con los diversos criterios que sobre interés jurídico ha emitido ese Alto Tribunal. A partir de ello, el Tribunal Pleno consideró que el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio puede ubicarse en el supuesto de ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es derecho, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad, y es entonces cuando se habla de interés jurídico. Hecha la acotación anterior, como se adelantó, los actos que reclama el quejoso en la demanda de amparo y transcritos en párrafos que anteceden, no provocan una afectación al interés jurídico del peticionario de amparo, pues sus consecuencias dependen del actuar del quejoso, por lo que se trata de actos futuros y de realización incierta. Esto es así porque, respecto a la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión de quince de marzo del año en curso y durante el desahogo de dicha audiencia en la que el juez determinó conceder al quejoso un término de tres días para justificar su asistencia con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de conformidad con el artículo 290 del código de la materia y fuero aplicable; se observa que si bien la responsable no lo expresó, se dejaron a salvo los derechos de la institución ministerial, para peticionar lo que a su representación social conviniera, como pudiera ser una orden de aprehensión o comparecencia, según sea el caso. Determinaciones de las que se obtiene, que ninguna de ellas ataca directamente los derechos del quejoso, sino que dependen de su actuar, incluso para la continuación del proceso; pues incluso, se requiere el impulso que llegue a proponer el órgano ministerial; lo que evidencia que las determinaciones asumidas por la responsable no afectan directamente los derechos del quejoso hasta en tanto, en su caso, el órgano acusador incite la continuación del procedimiento; es por lo que se afirma que los actos que se reclama, por sí solos no afectan el interés jurídico del quejoso, sino que dependen de acto futuros de realización incierta. Finalmente, no pasa desapercibido para este resolutor, el hecho de que en el presente juicio de amparo indirecto no haya sido emplazado el tercero interesado, así como la representación social que tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, sin embargo, toda vez que es procedente sobreseer fuera de audiencia, la misma no le irroga perjuicio. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo procedente es, sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario constitucional; de conformidad con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo en consulta. Similar criterio sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 269/2015. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del once de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- José Figueroa Pineda1379/2018
- Jose Francisco Barrientos Barrera404/2018
- Jose Francisco Becerril Mendoza1491/2022
- José Francisco Díaz Vega205/2017
- José Francisco Estrada Ramirez599/2017
- José Francisco Estrada Ramirez1742/2017
- José Francisco Fajardo Aguirre454/2018
- Jose Francisco Fajardo Aguirre1203/2021
- José Francisco Fajardo Aguirre652/2018
- Jose Francisco Flores Chavez197/2020
- José Francisco Hernandez Jimenez249/2016
- José Francisco Martinez Sanchez383/2018