José Francisco Durán Parra

Expediente 1453/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1453/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • José Francisco Durán Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el oficio telegráfico 2636 de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, mediante el cual informa, con relación al requerimiento que se le formuló por oficio 35735/2019 de veinticinco de noviembre del año en curso, que el despacho 131/2019-D-II-B, derivado del juicio de amparo en que se actúa, que éste fue devuelto a través del diverso 2548, de veintisiete de noviembre último. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de cuatro del actual mes, se tuvo por recibida de la autoridad antes nombrada la comunicación oficial de mérito, y se acordó lo correspondiente en cuanto a su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 2548 signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, con el que devuelve el despacho 131/2019-D-II-B, con número de orden 293/2019, de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, del índice de este Juzgado, mismo que se envió para notificar al quejoso ************* el contenido del proveído inserto en dicha comunicación. Ahora bien, toda vez que de la lectura de la razón actuarial que obra inserta al despacho de mérito, levantada el veintiuno de noviembre del año en curso, por el fedatario judicial adscrito a ese órgano jurisdiccional, se advierte que el mismo no fue diligenciado debidamente, en razón de que el actuar del notificador no se ajustó a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: (.) b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y (.)". En atención a lo anterior, previa copia certificada que se deje en autos de las constancias que integran el despacho de mérito, devuélvase el mismo al Juzgado auxiliador, para el efecto de que la diligencia encomendada en el proveído de veintiuno de octubre del año actual, se realice en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Se faculta al aludido juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito. Asimismo, se faculta al actuario adscrito al órgano jurisdiccional auxiliante, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio respectivo no sea el correcto y que el referido quejoso pueda ser notificado en uno diverso de aquel que se relaciona en este proveído, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuélvase a este Juzgado el despacho de mérito, a la brevedad posible, con todo lo actuado al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto: toda vez que el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, hasta la presente fecha no ha devuelto el despacho 131/2019-D-II-B, con número de orden 293/2019, librado a ese órgano jurisdiccional, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, notifique al quejoso José Francisco Durán Parra, el contenido del acuerdo dictado en este expediente el veintiuno de octubre del año que transcurre; y, le prevenga y aperciba en los términos indicados en dicho proveído. En atención a lo anterior, requiérase a la indicada autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio que derive de este acuerdo, devuelva a este juzgado el despacho de mérito, con todo lo actuado al respecto, o bien, en su caso, informe las gestiones que se encuentre realizando con relación a la notificación ordenada. Se apercibe a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, podría hacerse acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción III, de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ FRANCISCO DURÁN PARRA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de *********; el cual hizo consistir en: El realizar actos equivalentes a los de una autoridad ejercidos sobre la persona de sus hijos (de ambos) menores de edad. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1453/2019-II-B, que es el que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En ese contexto, antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes transcrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte, que la misma resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, SE DEBA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta lo dispuesto en los relacionados artículos, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Lo que no ocurre en el caso, porque el acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, tiene su génesis en un procedimiento del orden familiar con motivo de un juicio de divorcio entablado en contra del aquí quejoso por la particular que señaló como responsable, es decir, por su actual esposa y/o cónyuge. Esto es, la persona que el quejoso designó como responsable, mantiene una relación de igualdad con ésta, y no de supra a subordinación, y por ende, para reclamar actos relativos a la disolución del matrimonio, patria potestad sobre los hijos, custodia, alimentos, y demás, debe acudir a las instancias civiles que estime pertinentes, o bien, con la autoridad ante la cual se está ventilando el procedimiento, es decir, ante la Juez Segundo Mixto de los Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y que el quejoso designó como tercero interesada. De esta manera el acto que se le atribuye a la citada particular señalada como responsable, en nada se puede asemejar a un acto de una autoridad, pues como se dijo, la relación que existe entre quejosa y la particular, deriva del vínculo matrimonial que existe entre éstos, y cuya disolución se está ventilando ante la autoridad correspondiente, por lo que no se encuentran colocadas en un plano diferente al señalado, es decir, al de igualdad, y por ende, su actuar no reúnen las características de unilateralidad, imperio, y mucho menos se encuentra determinado por una norma general Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, cuyo rubro y texto disponen: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER. La Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, establece un supuesto que no estaba previsto en la ley de la materia abrogada, relativo a la posibilidad de que los particulares sean autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; empero, dicho mandato se introduce a manera de excepción, únicamente cuando la ley dé al particular alguna facultad de imperio susceptible de afectar derechos de otros gobernados, ya que, ordinariamente, éstos se involucran entre sí en relaciones de coordinación, no de supra a subordinación. A partir de dicha circunstancia, se concluye que desde la admisión de la demanda de amparo debe determinarse si el particular es o no autoridad responsable, porque dada la excepcionalidad del tratamiento legal respectivo, no conviene someterlo innecesariamente al juicio -con las cargas procesales que se le imponen al hacerlo-, si desde esa etapa del procedimiento se advierte que no le asiste el carácter señalado. Examen que, evidentemente, es factible sólo si obran en el sumario elementos suficientes para arribar a la decisión correspondiente, lo cual deriva del artículo 113 del propio ordenamiento." Así como el diverso criterio establecido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable con el número de registro 2008197, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis III.4o.C.10 K (10a.), en la página 1828, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, toda vez que el domicilio que señala el promovente para oír y recibir notificaciones se ubica en el predio marcado con el número ciento noventa y nueve de la calle veinticuatro, por diecinueve y veintiuno de Ticul, Yucatán; por tanto, como lo establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al JUEZ SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN TICUL, YUCATÁN, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que notifique al quejoso José Francisco Durán Parra, en el citado domicilio, entregándole copia autorizada del proveído que se notifica. Previniéndolo además para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir las derivadas de este asunto. Apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le serán hechas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Asimismo, se faculta al aludido juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; requiriéndole que a la brevedad posible devuelva el referido despacho con todo lo actuado con motivo de la diligencia que se encomienda. Para efectos de lo anterior, se faculta al actuario adscrito al órgano jurisdiccional auxiliar, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio respectivo no sea el correcto y que el referido quejoso pueda ser notificado en uno diverso de aquel que se relaciona en este proveído, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este Juzgado el despacho de mérito, con todo lo actuado al respecto. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

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