José Francisco Díaz Valenzuela
Expediente 82/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- José Francisco Díaz Valenzuela
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Francisco Díaz Valenzuela, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 82/2019, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Así, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica: La aludida causa de improcedencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En principio, los actos reclamados en esta instancia jurisdiccional son: 1. La omisión de ser citado en calidad de investigado dentro de las carpetas de investigación que abiertas se le considere probable responsable de hechos delictuosos. 2. La omisión de dar respuesta al escrito en el que solicitó que se respeten sus derechos previstos por los artículos 20 constitucional y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el numeral 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" En relación con lo anterior, los arábigos 50, 218 y 219, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales. Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia. El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes". "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". Así, de los artículos transcritos se destaca: Que el numeral 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el imputado y su defensor tendrá acceso a los registros cuando se encuentre detenido o antes de su primer comparecencia ante el Juez, podrá consultar dichos registros. Que también los artículos 50, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan como derechos del imputado y su defensor, que una vez que estén integrados como parte en la carpeta de investigación, a que se les dé acceso a la carpeta e inclusive a que se les proporcionen copias integras de ésta, pero en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Así, conviene precisar que, el impetrante de amparo, en los antecedentes de los actos reclamados manifestó, bajo protesta de decir verdad, que le informaron que se han integrado diversas carpetas de investigación a efecto de librar una orden de aprehensión en su contra, de ahí que se considera que las omisiones las reclama en su calidad de imputado. En esas condiciones, el promovente debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. Bajo ese contexto, si el impetrante de amparo reclama que las autoridades responsables Fiscal General, Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Titular y Director ambos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción todos del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, son omisos en citarlo en calidad de imputado dentro de las carpetas de investigación, así como en darle respuesta a su petición de que se le respeten sus derechos de imputado, entonces es claro que tendría que acudir ante el Juez de Control, quien deberá resolver lo que en derecho corresponda respecto de dichas omisiones. Dicha determinación encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Con la precisión de que al asunto en estudio no le son aplicables las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos del Fiscal en la integración de una carpeta de investigación, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna. Tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido numeral, que disponen que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de la Materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, la propia fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado B, fracción VI, así como los diversos 50, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan como derechos del imputado y su defensor, que una vez que estén integrados como parte en la carpeta de investigación, a que se les dé acceso a la carpeta e inclusive a que se les proporcionen copias integras de ésta, pero en el supuesto de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros podrán acudir ante el Juez de control para que se someta a contradictorio tal situación para controlar la investigación de referencia. Por tanto, en el caso, los actos omisivos que reclama del fiscal responsable, deben de ser impugnados ante dicha autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al activo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para el imputado, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 50, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En mérito de lo expuesto y fundado, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 50, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Cobra aplicación a la anterior determinación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Mayo de 2017, Libro 42, página 2141, Materia Penal, Décima Época, de rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) sustentada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Agosto de 2018, Libro 57, página 943, Materia Penal, Décima Época, con número de registro 2017640 de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 945, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Agosto de 2018, Libro 57, página 943, Materia Penal, Décima Época, con número de registro 2017641 de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar que indica en el proemio de su libelo, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados a Armando Vallejo Peralta, Álvaro Flores Nicolás, José Luis Gasca Hernández y Rogelio Hernández Martínez, debido a que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y por autorizado en términos del diverso numeral 24 del ordenamiento legal en cita, a Mario Miguel Moreno Flores, hasta en tanto compruebe encontrarse en legal ejercicio de la profesión en derecho. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Agustín Romero Silva, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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