José Francisco Cortés Lozano
Expediente 922/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Francisco Cortés Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Francisco Cortés Lozano, en su atención, se provee: Téngasele conforme con el auto dictado el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ahora bien, debido a la voluntad expresa de la parte quejosa precisada en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente asunto, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como juicio concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se ordena la devolución del documento que refiere en su escrito de cuenta; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, expídase a su costa, las copias simples que solicita, y entréguensele, previa identificación y razón de recibo que se anexe a los autos para constancia legal. Por último, téngase como autorizado al licenciado Enrique Alejandro Chavarría Díaz, a efecto de recibir lo solicitado en el párrafo que antecede.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa José Francisco Cortés Lozano, para que garantizara la cantidad de 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que le fue fijada mediante resolución incidental de treinta de diciembre de dos mil quince (fojas 23 a 27), a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la medida suspensional otorgada, sin perjuicio de que posteriormente se cumpla con ese requisito de efectividad y vuelva a tener efectos, quedando mientras tanto, expedita la jurisdicción de las responsables para ejecutar el acto reclamado. (. . .) Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la anterior circunstancia.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintitrés de diciembre del año en curso (fojas 1 a 8), José Francisco Cortes Lozano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Agente del Ministerio Público Especializada en Materia de Adolescentes del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal, encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. Administrador Local de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ciudad. ".PRIMERO.- A la autoridad señalada como responsable ordenadora C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ADOLESCENTES, le reclamo la orden emitida para que el suscrito me presente ante la agencia a su cargo, sin que dicha orden se encuentre adecuada fundada y motivada. SEGUNDO.- A la propia autoridad señalada como responsable ordenadora C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ADOLESCENTES, le reclamo la orden para que se imponga al suscrito en lo personal multa por un monto de 10 días de salarios; así como la orden para que se me arreste hasta por treinta y seis horas como medida de apremio por supuestamente no haber dado cumplimiento a su CITATORIO de fecha 03 de diciembre de 2015. TERCERO.- De la propia autoridad ordenadora responsable le reclamo la orden girada al C. Comisario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad para que haga efectiva la orden de arresto de que me duelo; así como la orden girada al C. Administrador Local de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, con residencia en esta ciudad, para que haga efectiva la multa de la que me quejo. CUARTO.- A la autoridad señalada como responsable ejecutora C. Comisario de Seguridad Pública Municipal con residencia en esta ciudad le reclamo la ejecución que pretende dar de la orden de la responsable ordenadora para que se me arreste hasta por treinta y seis horas. QUINTO.- A la autoridad señalada como responsable ejecutora C. Administrador Local de Recaudación con residencia en esta ciudad le reclamo la ejecución que pretende dar de la multa de 10 salarios mínimos ordenadora por la responsable ordenadora. SEXTO.- De todas las autoridades señaladas como responsables, tanto ordenadora como ejecutora, le reclamo todas las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven o desprendan de los anteriores actos reclamados." Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad (foja 23), se desprende que el veintinueve de diciembre de dos mil quince, emitió un acuerdo en el que dejó sin efectos el apercibimiento contenido en el citatorio remitido al aquí quejoso, y el cual reclama en el presente juicio de amparo, anexando para tal efecto copia certificada de dicho acuerdo (foja 25). Asimismo, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. (. . .) En el caso, de la copia certificada que adjuntó la Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo veintinueve de diciembre de dos mil quince, decretó dejar sin efectos el apercibimiento contenido en el citatorio reclamado por el aquí quejoso, el cual consistía en una multa de diez días de salario mínimo y/o arresto por treinta seis horas, como mediadas de apremio. En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la orden de presentación, la orden de arresto, así como una multa por un monto de diez salarios mínimos, las dos últimas, como medias de apremio de la referida orden de presentación. Sin embargo, la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (. . .)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios a los quejosos, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye a los quejosos en la esfera jurídica de sus garantías, como si se les hubiera concedido el amparo. (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (. . .) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, artículo 61, de dicha ley, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que obran en autos, destaca la siguiente (foja 25): DILIGENCIA: ACUERDO FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 HORA: 15:00 A.P.P. 073/2015 En la ciudad de piedras negras, del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las quince horas con cero minutos del día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil quince. (.) -----------------A C T U A C I Ó N M I N I S T E R I A L--------------- Visto el estado que guarda la presente averiguación previa, a la cual se agrega constancia de promoción de juicio de amparo 922/2015, tramitado por JOSÉ FRANCISCO CORTEZ LOZANO, ante el Juez Tercero de Distrito, haciéndose consistir el acto reclamado en la flat de motivación y fundamentación al citatorio que le fuera enviado por esta autoridad el tres de Diciembre del 2015 y, a fin de dar Seguridad jurídica al gobernado, esta autoridad tiene a bien ordenar y--------------------------------------------------------O R D E N A -------------------------------------- Con fundamento en el artículo 8 y 16 Constitucional en relación con el 91, 94, 96 y 119 de la Ley de Procuración de Justicia, esta Autoridad tiene a bien emitir decreto que deja sin efecto el apercibimiento contenido en el citatorio aducido por el quejoso, el cual consistiría en multa de diez días de salario mínimo y/o arresto por 36 horas como medida de apremio. CÚMPLASE.---------------------------------- Así lo acordó y firmó la suscrita Agente del Ministerio Público, que actúa de forma legal. CONSTE.----------------------------------------------------------------------------------------------D O Y F E--------------------------------------- LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ADOLESCENTES (firma ilegible) MC. OLGA LIDIA HERNÁNDEZ JUÁREZ" Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, el quejoso reclamó orden de presentación, arresto, así como una multa por un monto de diez salarios mínimos, las dos últimas, como medias de apremio de la referida orden de presentación. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil quince, la autoridad responsable dejó sin efectos los actos reclamados. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes, con residencia en esta ciudad, dejo sin efectos el aparecimiento contenido en el citatorio girado al quejoso, el cual consistía en una multa de diez días de salario mínimo y/o arresto por treinta y seis horas, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. (. . .) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 11 a 13).
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes. Ciudad. Por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, se tienen como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que acompañó a su informe, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- José Flores Torres825/2022
- José Fortino Santoyo Aguilar219/2019
- José Fortino Santoyo Aguilar73/2020
- José Fortino Santoyo Aguilar828/2021
- José Fortino Santoyo Aguilar51/2020
- José Francisco Cardoza Jiménez20/2016
- José Francisco Enríquez Garza575/2018
- José Francisco Guajardo Macías106/2015
- José Francisco Rodríguez Fuentes1327/2022
- José Francisco Rodríguez Lara1035/2018
- José Francisco Rodríguez Rangel700/2019
- José Francisco Vázquez González614/2016