Jose Francisco Conchouso Paz

Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
327/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Jose Francisco Conchouso Paz

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 327/2021-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 327/2021-VII. Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó el quejoso *, por derecho propio, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso para efectos de que continúe en su totalidad la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que sea actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ambos aplicados a contrario sensu, De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación, esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. En la especie, el impetrante de amparo señala como actos reclamados: ".Señalo como la autoridad responsable, la cual es tanto ordenadora como ejecutora, al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, de la cual reclamo la omisión directa por desconocimiento o ignorancia de la ley, la aplicación del contenido y establecido dentro de los artículos 1 y 23 Constitucionales, por la violación flagrante de los derechos humanos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 1 y 23 de Nuestra Carta Magna. "Lo anterior se considera, ya que el suscrito ahora quejoso está siendo juzgado ante dos instancias jurisdiccionales, correspondiendo la primera a el juzgado civil de Tepeaca, Puebla, dentro del expediente *, plenario de posesión, así como está siendo procesado por los mismos hechos ante el juzgado penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, dentro del proceso o causa penal 48/2017 por el delito de despojo, o dicho de otra manera, haber privado de la posesión del predio denominado el tablero al supuesto agraviado *, así como por el delito de robo agravado de una supuesta maquinaria que se encontraba dentro de dicho predio. "De la autoridad responsable ordenadora, Juzgado Civil de Tepeaca, Puebla, el estar siendo juzgado dentro del expediente * del juicio plenario de posesión, por la supuesta usurpación al derecho de poseer del actor *, ahora de cujus el cual es representado por la señora *, en calidad de albacea de mi señor padre y actor del juicio en comento. "De la autoridad responsable ejecutora, Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, señalo que el acto reclamado consiste en tener privado de la libertad mediante una medida cautelar en prisión preventiva al ahora quejoso, llevando esto a cabo de forma ilegal ya que el proceso que se lleva ante el juzgado civil de Tepeaca, Puebla, comenzó en el año 2016 mucho tiempo antes de que comenzara el proceso penal en comento de los de la autoridad responsable ordenadora juzgado penal de Tepeaca, Puebla, teniéndome privado de mi libertad ilegalmente por un juicio secundario en el cual se está juzgando dos veces al procesado por el mismo hecho." Así, se deduce que el quejoso se duele de la tramitación del proceso *, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, seguido en su contra, al parecer por los delitos de despojo y robo, cometido en agravio de *; ello, en virtud de que existe un diverso juicio, de orden civil, al parecer instado por *, el cual fue radicado bajo el número de expediente *, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; y, viceversa, la tramitación del juicio civil ante la existencia de un proceso penal "seguido por los mismos hechos". Lo anterior, aduce el quejoso, constituye una afectación material a sus derechos sustantivos, en particular, a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Bajo ese contexto, el quejoso aduce que la tramitación de dos juicios, aun cuando sean de distinto orden, el principio non bis in ídem, contenido en el citado precepto constitucional. Sin embargo, el principio textualmente significa: "no dos veces por la misma cosa", es decir, si un sujeto ha sido sentenciado mediante una resolución que ha causado estado -principio de cosa juzgada-, no puede ser encausado nuevamente en un proceso en el que se le juzgue por los hechos respecto de los cuales ya fue discernido si era o no responsable. Además, es menester precisar que el principio non bis in ídem, se encuentra limitado a la materia penal, es decir, protege el doble enjuiciamiento en diversos juicios del orden penal; por ende, es posible juzgar por la vía penal ciertos hechos y paralelamente juzgarlos por la vía civil o laboral. Lo anterior, porque el objeto del juicio civil y el juicio penal son completamente distintos; tanto es así que, en la especie, la acción plenaria de posesión tiene por objeto la protección de la posesión, pues busca el reconocimiento de la misma para una persona que aduce tener derecho de poseer cierto inmueble con justo título, aunque no lo acredite como propietario -como es el caso del arrendamiento o el comodato- ante otra persona que quien posee un menor derecho; ello, con la finalidad de obtener la restitución de la cosa. Por el contrario, el proceso penal seguido por los delitos de despojo y robo, tienen por objeto sancionar una conducta ilícita; y, si bien, el hecho que deriva de ambos juicios puede ser el mismo, lo cierto es que no implica una transgresión al principio non bis in ídem. Entonces, con independencia a las disimilitudes entre el juicio civil y el proceso penal, debe tenerse presente que en el juicio civil la parte actora es , mientras que en el proceso penal se ostenta como agraviado ; por ende, es indudable que ambos juicios, aun deducidos de un mismo hecho, buscan un objetivo distinto -de acuerdo a los intereses de aquellos-. Por ende, se insiste, la existencia de ambos, no constituye una afectación material a sus derechos sustantivos, en particular, a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, como ya se destacó, el principio non bis in ídem hace referencia a que una persona no puede ser encausado nuevamente en un proceso, cuando ya existe una sentencia firme. Luego, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, no puede establecerse que una persona ha sido juzgada; pues, por si sola la tramitación del proceso penal no implica un resultado desbordable para el imputado. Es más, aun cuando existiera una sentencia condenatoria esta puede ser impugnada a través del recurso de apelación e, incluso, mediante el amparo directo una vez confirmada por el tribunal de alzada, lo cual implica que, en el supuesto sin conceder, de que existiera una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, esto no sería de imposible reparación. Sobre todo, porque la afectación directa y real se produciría hasta que la emisión de la sentencia condenatoria y no en este momento procesal, únicamente por la tramitación de dicho proceso y un juicio civil, de manera paralela. En conclusión, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Asimismo, queda autorizado en todos los términos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre Luis Guillermo Teodorico García Ramos, porque así lo solicitó el quejoso y porque está registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por su parte, Carmen Arlet Tellez Zenteno queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones, porque así lo solicitó de manera expresa el quejoso. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, en razón de que, en la demanda de amparo, la parte quejosa indicó un correo electrónico, se hace la precisión de que estos podrán considerarse, de manera excepcional Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. , se hace saber al promovente el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE QUEJOSA;POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó el quejoso *, por derecho propio, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso para efectos de que continúe en su totalidad la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que sea actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ambos aplicados a contrario sensu, De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación, esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. En la especie, el impetrante de amparo señala como actos reclamados: ".Señalo como la autoridad responsable, la cual es tanto ordenadora como ejecutora, al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, de la cual reclamo la omisión directa por desconocimiento o ignorancia de la ley, la aplicación del contenido y establecido dentro de los artículos 1 y 23 Constitucionales, por la violación flagrante de los derechos humanos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 1 y 23 de Nuestra Carta Magna. "Lo anterior se considera, ya que el suscrito ahora quejoso está siendo juzgado ante dos instancias jurisdiccionales, correspondiendo la primera a el juzgado civil de Tepeaca, Puebla, dentro del expediente *, plenario de posesión, así como está siendo procesado por los mismos hechos ante el juzgado penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla, dentro del proceso o causa penal 48/2017 por el delito de despojo, o dicho de otra manera, haber privado de la posesión del predio denominado el tablero al supuesto agraviado *, así como por el delito de robo agravado de una supuesta maquinaria que se encontraba dentro de dicho predio. "De la autoridad responsable ordenadora, Juzgado Civil de Tepeaca, Puebla, el estar siendo juzgado dentro del expediente * del juicio plenario de posesión, por la supuesta usurpación al derecho de poseer del actor *, ahora de cujus el cual es representado por la señora *, en calidad de albacea de mi señor padre y actor del juicio en comento. "De la autoridad responsable ejecutora, Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, señalo que el acto reclamado consiste en tener privado de la libertad mediante una medida cautelar en prisión preventiva al ahora quejoso, llevando esto a cabo de forma ilegal ya que el proceso que se lleva ante el juzgado civil de Tepeaca, Puebla, comenzó en el año 2016 mucho tiempo antes de que comenzara el proceso penal en comento de los de la autoridad responsable ordenadora juzgado penal de Tepeaca, Puebla, teniéndome privado de mi libertad ilegalmente por un juicio secundario en el cual se está juzgando dos veces al procesado por el mismo hecho." Así, se deduce que el quejoso se duele de la tramitación del proceso *, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, seguido en su contra, al parecer por los delitos de despojo y robo, cometido en agravio de *; ello, en virtud de que existe un diverso juicio, de orden civil, al parecer instado por *, el cual fue radicado bajo el número de expediente *, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; y, viceversa, la tramitación del juicio civil ante la existencia de un proceso penal "seguido por los mismos hechos". Lo anterior, aduce el quejoso, constituye una afectación material a sus derechos sustantivos, en particular, a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Bajo ese contexto, el quejoso aduce que la tramitación de dos juicios, aun cuando sean de distinto orden, el principio non bis in ídem, contenido en el citado precepto constitucional. Sin embargo, el principio textualmente significa: "no dos veces por la misma cosa", es decir, si un sujeto ha sido sentenciado mediante una resolución que ha causado estado -principio de cosa juzgada-, no puede ser encausado nuevamente en un proceso en el que se le juzgue por los hechos respecto de los cuales ya fue discernido si era o no responsable. Además, es menester precisar que el principio non bis in ídem, se encuentra limitado a la materia penal, es decir, protege el doble enjuiciamiento en diversos juicios del orden penal; por ende, es posible juzgar por la vía penal ciertos hechos y paralelamente juzgarlos por la vía civil o laboral. Lo anterior, porque el objeto del juicio civil y el juicio penal son completamente distintos; tanto es así que, en la especie, la acción plenaria de posesión tiene por objeto la protección de la posesión, pues busca el reconocimiento de la misma para una persona que aduce tener derecho de poseer cierto inmueble con justo título, aunque no lo acredite como propietario -como es el caso del arrendamiento o el comodato- ante otra persona que quien posee un menor derecho; ello, con la finalidad de obtener la restitución de la cosa. Por el contrario, el proceso penal seguido por los delitos de despojo y robo, tienen por objeto sancionar una conducta ilícita; y, si bien, el hecho que deriva de ambos juicios puede ser el mismo, lo cierto es que no implica una transgresión al principio non bis in ídem. Entonces, con independencia a las disimilitudes entre el juicio civil y el proceso penal, debe tenerse presente que en el juicio civil la parte actora es , mientras que en el proceso penal se ostenta como agraviado ; por ende, es indudable que ambos juicios, aun deducidos de un mismo hecho, buscan un objetivo distinto -de acuerdo a los intereses de aquellos-. Por ende, se insiste, la existencia de ambos, no constituye una afectación material a sus derechos sustantivos, en particular, a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, como ya se destacó, el principio non bis in ídem hace referencia a que una persona no puede ser encausado nuevamente en un proceso, cuando ya existe una sentencia firme. Luego, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, no puede establecerse que una persona ha sido juzgada; pues, por si sola la tramitación del proceso penal no implica un resultado desbordable para el imputado. Es más, aun cuando existiera una sentencia condenatoria esta puede ser impugnada a través del recurso de apelación e, incluso, mediante el amparo directo una vez confirmada por el tribunal de alzada, lo cual implica que, en el supuesto sin conceder, de que existiera una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, esto no sería de imposible reparación. Sobre todo, porque la afectación directa y real se produciría hasta que la emisión de la sentencia condenatoria y no en este momento procesal, únicamente por la tramitación de dicho proceso y un juicio civil, de manera paralela. En conclusión, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). Asimismo, queda autorizado en todos los términos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre Luis Guillermo Teodorico García Ramos, porque así lo solicitó el quejoso y porque está registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por su parte, Carmen Arlet Tellez Zenteno queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones, porque así lo solicitó de manera expresa el quejoso. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, en razón de que, en la demanda de amparo, la parte quejosa indicó un correo electrónico, se hace la precisión de que estos podrán considerarse, de manera excepcional Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. , se hace saber al promovente el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano