Jose Francisco Chacon Gonzalez
Expediente 192/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Francisco Chacon Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 62), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta, promovida por José Francisco Chacón González; fórmese expediente y regístrese con el número 192/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama a las autoridades responsables 1. Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a).- Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, RECLAMO 1.-) LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LA CUAL NO AUTORIZA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN y ARCHIVO DEFINITIVO DENTRO DE LA INDAGATORIA 46/2010/ANTIC/UIHST-I RADICADA EN LA Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado. b).- Del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado. RECLAMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDEN HACER A LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LA CUAL NO AUTORIZA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN y ARCHIVO DEFINITIVO DENTRO DE LA INDAGATORIA 46/2010/ANTIC/UIHST-I." De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados en la presente vía constitucional, son la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por medio de la cual no autoriza la determinación del no ejercicio de la acción penal por prescripción y archivo definitivo dentro de la indagatoria 46/2010/ANTIC/UIHST-I; y su ejecución. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, respecto del acto precisado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que marca el artículo 17, deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. No se soslaya que si bien, la resolución reclamada incide en la libertad personal de los aquí quejosos, lo cierto es que fue dictada dentro de un procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Ahora, según lo narrado por la parte quejosa, así como de las actuaciones deducidas del diverso juicio de amparo 386/2018 del índice de este juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte a manera de antecedentes, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado en la misma data, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, Ana María Imelda Herrera Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo con tal carácter la DIRCCION GENERAL JURIDICA, CONSULTIVA Y DE ASUNTOS LEGISLATIVOS perteneciente a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.) en su carácter de Autoridad ordenadora y ejecutora del acto reclamado. IV.- ACTO RECLAMADO.- DEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO CONSULTIVO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS, perteneciente a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, lo es, la resolución de fecha nueve de abril del año dos mil dieciocho, que `AUTORIZA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓN, dictada por el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO adscrito a la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL PRIMERA MESA INVESTIGADORA´, resolución que deriva de la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete dictada en la Averiguación Previa número 46/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I por el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO adscrito a la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL RIMERA MESA INVESTIGADORA." 2. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, se registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 386/2018 y se admitió a trámite la demanda de garantías (fojas 36 a 39 del juicio de amparo 386/2018). 3. Por auto diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a los terceros interesados María Carrasco Sandoval, Arturo Zeron Palacio y José Francisco Chacón González, quejoso en el presente sumario constitucional (fojas 68 a 73). 4. Seguido el procedimiento, el once de julio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el juicio de amparo indirecto 386/2018-D, promovido por Ana María Imelda Herrera Luna, contra el acto reclamado al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo (.)" (fojas 154 a 179 del juicio de amparo 386/2018). 5. Por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a Ana María Imelda Herrera Luna, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de once de julio de dos mil dieciocho, el cual por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, radicándolo con el número de amparo en revisión R-221/2018 (fojas 243 y 339 del juicio de amparo 386/2018). 6. En proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el número de amparo en revisión R-221/2018, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ANA MARÍA IMELDA HERRERA LUNA, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, señalados en el resultando primero de este fallo. TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por MARÍA CARRASCO SANDOVAL." (fojas 376 y 459 del juicio de amparo 386/2018). Por lo que en esa misma data se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 7. A través del oficio 147/2019/DGJCYAL, el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió a este Juzgado Federal copia certificada de la resolución que dictó el dieciocho de enero de dos mil diecinueve (la cual constituye el acto que por esta vía se combate) en la averiguación previa 46/2010/ANTIC/UIHST-I, de su índice en la que en el punto resolutivo tercero resolvió lo siguiente: "(.) TERCERO. NO se autoriza la Determinación de Inejercicio de la Acción Penal de Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del poder público por Prescripción, en términos de lo señalado en el punto VI del capítulo de CONSIDERANDOS de esta determinación. En consecuencia el Agente del Ministerio Público de conocimiento, queda obligado al total cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa, a efecto de resolver con libertad de jurisdicción, si se ejercita o no la acción penal. (.)" (fojas 465 a 474 del juicio de amparo 386/2018). 8. Mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la referida autoridad dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el mencionado juicio, ordenándose dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días con las constancias remitidas. (fojas 489 y 490 del juicio de amparo 386/2018). 9. Dicho auto, se notificó por lista a las partes el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (con excepción de la quejosa en dicho juicio); momento en el cual se le hizo saber al aquí quejoso José Francisco Chacón González (tercero interesado en el juicio de amparo 386/2018), la resolución que combate en esta vía constitucional (foja 490 del juicio de amparo 386/2018). Todo lo anterior, se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Atento a lo anterior, tenemos que el plazo para presentar la demanda de los actos aquí reclamados, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del nuevo acto o resolución que reclama, o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora de los actos emitidos en cumplimiento. Luego, si de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado, con motivo de la vista que este juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 386/2018, con las constancias remitidas por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada en dicho sumario constitucional, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, notificado por lista el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso b) para computar los quince días, por ser ese momento cuando adquirió conocimiento de la resolución que hoy se reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Entonces, si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, al notificarle por lista la vista de la nueva resolución, notificación que surtió efectos el día siguiente (veinticuatro de enero de dos mil diecinueve); así el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, en que surtió efectos la notificación, esto es, del veinticinco al dieciocho de febrero de do mil diecinueve, sin contar sábados, domingos y cuatro y cinco de febrero de dos mil diecinueve, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y, el diverso 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el uno de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En las relatadas condiciones, toda vez que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. AUTORIZADOS Ténganse en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, de la Ley de Amparo, como autorizados de la parte quejosa sólo para oír notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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