José Francisco Cervantes Alvarez

Expediente 746/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Cervantes Alvarez
  • Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la comunicación que signa el Actuario adscrito del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante la cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos; al respecto, téngase a la superioridad informando lo anterior y agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y tomando en consideración que se ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, respecto del recurso de revisión interpuesto; por lo que, tomando en consideración que ya obran agregadas la totalidad de las constancias de notificación remítanse los autos originales del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe la Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en representación de las Autoridades responsables dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en autos. En virtud de lo anterior, distribúyanse entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesado que la copia del escrito de expresión de agravios queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo, promovido por ** por su propio derecho, contra actos de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 3 fracción V, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, que hizo consistir en: V. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. En términos del artículo 5 fracción II y 108 fracción IV de la Ley de Amparo, señalo como actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables los siguiente: A. Los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021: Este acto se reclama en concreto a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues dicha modificación fue aprobada por ese órgano mediante Acuerdo de 03 de marzo de 2021, tomando en su segunda sesión extraordinaria 2021. B Como primer acto de aplicación de los referidos artículos 61 y 62 del Reglamento SIN la omisión en el pago de los estímulos que debían de realizarse a mas tardar el 31 de marzo de 2022, conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda del CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR DISTINCIÓN A INVESTIGADORES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LO SUCESIVO EL CONACYT COMO RESPONSABLE DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, EN LO SUCESIVO EL SNI REPRESENTADO POR MARÍA DEL CARMEN DE LA PEZA CASARES, DIRECTOR/A ADJUNTO/A DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO EL/LA INVESTIGADORA, en adelante El Convenio Este acto se reclama en concreto a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, así como a la Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, por ser las autoridades encargadas de programar, realizar y gestionar los pagos por concepto de estímulos, con motivo de la distinción que esta parte quejosa tiene como Investigador Nacional Nivel I del SIN. Cabe resaltar que dicha omisión o suspensión de pago de los estímulos se da sin que medie notificación o acto fundado y motivado que lo justifiquen. C. La omisión de resolver la solicitud de pago realizada por esta parte quejosa mediante correos electrónicos presentados por la parte quejosa el 31 de marzo de 2022, como se desprende del correo que se adjunta a este escrito de demanda, lo que vulnera el derecho de petición de esta parte quejosa. Este acto se reclama en concreto a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, así como a la Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, por ser las autoridades encargadas de programar, realizar y gestionar los pagos por concepto de estímulos, con motivo de la distinción que esta parte quejosa tiene como Investigador Nacional Nivel I del SIN. SEGUNDO. Registro y admisión. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda de garantías a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; donde en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se formó el expediente y se registró bajo el número, y se admitió la demanda garantías; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso amplió su demanda de amparo por las autoridades y actos siguientes: ** en la Ciudad de México. II. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Señalo como actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables los siguientes: A.- El oficio de 5 de julio de 2022 emitido por la Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en suplencia por ausencia de la Directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, está (sic) en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y este último en representación de las autoridades señaladas como responsables y contienen criterios discriminatorios en la asignación, disponibilidad de recursos económicos presupuestados para el pago de estímulos económicos de los investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) adscritos a universidades y centros de investigación privados y al aplicar un ordenamiento que no se encuentra vigente (ultraactividad de la norma) en perjuicio de la quejosa. En auto de doce de septiembre dos mil veintidós, se admitió la citada ampliación de demanda, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6°, 37 y 107, fracciones I, inciso b), de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se reclama una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y anexos que forman un todo, así como de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: De la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los artículos 61 y 62 del Reglamento Interno del Sistema Nacional de Investigadores. El oficio de cinco de julio de dos mil veintidós, De la Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores: La omisión de pago de los estímulos que debían de realizarse antes del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. La omisión de dar respuesta a la solicitud de pago presentada vía correo electrónico el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. El oficio de cinco de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al rendir su informe justificado a través de la Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, admitió la existencia de los actos que le fueron reclamados consistentes en la emisión y aprobación del acuerdo por el que se reforman los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Las autoridades responsables Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, al rendir su informe justificado a través del Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de pago de los estímulos que debían de realizarse antes del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; sin embargo, acto continuo las autoridades responsables hacen manifestaciones a fin de justificar la inacción que se les reclama, de ahí que procede tener por cierta la omisión que se les atribuye. Por otra parte, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, al rendir su informe justificado a través del Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, negaron la existencia del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, consistente en el oficio de cinco de julio de dos mil veintidós; sin embargo, obra en autos el oficio en mención suscrito por el Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual rindió informe justificado, en representación de las citadas responsables, de ahí que deba tenerse por cierta su existencia. Finalmente, las autoridades responsables Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, al rendir su informe justificado a través del Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fueron omisos en pronunciarse en relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pago presentada por la parte quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, procede presumir la existencia del mismo. Tiene sustento a lo anterior, en la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página 106, cuyo rubro y texto dicen: CUARTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados de mérito, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causales infundadas Las autoridades responsables Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores, y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, al rendir su informe justificado a través del Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, invocaron la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción I, consistente en que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ello, pues afirman, que no existe un acto de aplicación de las normas generales reclamadas, aunado a que a las mismas no les reviste el carácter de autoaplicativas. En ese mismo sentido, precisan que no existe una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa por no existir un acto concreto de aplicación. Continúan señalando que la aplicación de las normas generales impugnadas es futura o probable, pues las mismas no se han aplicado al quejoso. Señalan además que una eventual concesión del amparo no podría concretarse en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, pues consideran que al no existir un acto de aplicación de las normas no es posible restituir al quejoso en algún derecho. Como puede advertirse, las causales de improcedencia reseñadas se hacen descansar en su totalidad en la afirmación de que no existe un acto de aplicación de las normas generales reclamadas. Pues bien, contrario a lo afirmado por las responsables, el acto de aplicación de las normas legales reclamadas, se encuentra acreditado en autos con los estados de cuenta emitidos por Citibanamex respecto de la cuenta a nombre del quejoso correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y enero, febrero y marzo de dos mil veintidós, que acompaña al presente asunto, los que valorados en términos de los artículos 197 y 203 adquieren valor probatorio pleno por tratarse de documentos privados, que no fueron objetados por la parte contraria, y de los que se desprende que el estímulo por parte de CONACYT que se le otorgaba como ejemplo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, no se refleja en los estados de cuenta de enero, febrero y marzo de dos mil veintidós, con lo que se demuestra la aplicación tácita de los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno. Aunado a lo anterior, obra en autos certificación del correo electrónico emitido por la propia autoridad, la que valorada en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquiere valor probatorio pleno por tratarse de información generada por medio electrónico fiable y atribuible a una persona en virtud de que su fidelidad fue certificada por la propia autoridad, y de la que se desprende que mediante correo electrónico oficial emitido por la autoridad y dirigido al quejoso le fue comunicado a éste último que para acceder al apoyo económico debería de suscribir un convenio y acreditar los supuestos del artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores Cabe precisar que el citado correo electrónico fue emitido el treinta de abril dos mil veintidós, con posterioridad a la presentación de la demanda; y, del contenido del mismo, se corrobora que la omisión de pago que tuvo lugar con antelación, tiene su origen en las normas generales reclamadas. Finalmente señalan las responsables que el acto reclamado deriva de un acuerdo de voluntades, por lo que se trata de un acto de coordinación y no de un acto de autoridad. El numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la citada legislación, prevén que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de autoridad, entendiéndose por ésta aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquél que se emite con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por tanto, para considerar que se trata de actos de autoridad, se deben cumplir los siguientes parámetros: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. En este orden, cabe señalar que el quejoso, reclama la omisión de pagarle el estímulo económico a su favor como investigador acreditado del Sistema Nacional de Investigadores, a partir del uno de enero de dos mil veintidós. El acto en cuestión, sí constituye un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo pues deriva del hecho de que la parte quejosa fue reconocida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por lo cual firmó el CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR DISTINCIÓN A INVESTIGADORES el cual celebró con la Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por medio del mismo, la citada autoridad se obligó a otorgar el apoyo económico correspondiente a la quejosa, durante el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil veintiuno y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, siempre que el solicitante de amparo cumpliera con sus obligaciones para tal efecto. Asimismo, se determinó que en caso de que el Investigador aludido dejare de cumplir con sus obligaciones; entonces, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quedaría facultado para rescindir el contrato, sin necesidad declaración previa, mediante escrito entregado a la quejosa con cinco días de anticipación. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no nace de una relación de coordinación, sino de la celebración de un contrato administrativo con un ente del Estado; pues, el mismo fue celebrado con la finalidad de satisfacer una necesidad de interés público: impulsar la investigación científica, en términos del artículo 3°, fracción V, de la Constitución. Además, el citado contrato se sujetó a una clausula exorbitante que permite a la autoridad rescindirlo de pleno derecho, sin la necesidad de acudir a los tribunales; y, nace con motivo de una facultad irrenunciable conferida a la autoridad, en términos de los artículos 61 a 70 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que establecen la facultad y obligación irrenunciable de la autoridad de otorgar los apoyos económicos a los investigadores de tal sistema que tengan derecho a ello. Por ello, la omisión reclamada a la responsable, si es un acto de autoridad, porque deriva de las facultades conferidas a la autoridad para satisfacer una necesidad de interés público, respecto de la cual, actúa de forma unilateral, sin necesidad de consenso del afectado. De ahí que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Causal fundada En otro aspecto respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pago presentada por la parte quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós a través de correo electrónico, éste órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal que prevé la aludida causal de improcedencia, literalmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. la norma legal transcrita, se infiere que, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 71, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sentado lo anterior, quien acude por esta vía constitucional combate, la omisión de proveer el correo electrónico enviado por el quejoso el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y a través del cual presenta solicitud de pago del estímulo económico por distinción a investigadores desde enero de dos mil veintidós,. Luego, de las pruebas documentales que allegó la autoridad responsable mediante oficio que valorada en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquiere valor probatorio pleno por tratarse de información generada por medio electrónico fiable y atribuible a una persona en virtud de que su fidelidad fue certificada por la propia autoridad, y de la que se desprende que mediante correo electrónico oficial emitido por la autoridad ** y dirigido al quejoso ** el siete de abril dos mil veintidós, le fue requerida diversa información a fin de atender a su petición y una vez remitida esta en diverso correo electrónico de treinta de abril dos mil veintidós, se le hizo saber que a fin de acceder al pago del estímulo era necesario que acreditara estar en los supuestos del artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, esto es, ser personal activo, vigente y remunerado de alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México, respuesta que fue notificada por correo electrónico. Sentado lo anterior, se concluye que, sin lugar a dudas, que en el caso a estudio, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la parte quejosa reclamó la omisión de proveer el correo electrónico presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; y como se evidenció con antelación, ello ya aconteció. En esa tesitura, es claro la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, si se tiene en cuenta que la razón que lo justifica no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, que amerite ser reparado por el otorgamiento de una sentencia concesoria de amparo, pues ante la situación acaecida dentro de la tramitación del juicio que nos ocupa, resulta concluyente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se combate, puesto que lo que pretendía la parte quejosa con la promoción de este juicio de amparo, es que la autoridad responsable diera respuesta y la notificara respecto al correo electrónico presentado por la parte quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; y, si se advierte que ello ya aconteció, resultaría ocioso entrar al estudio de su constitucionalidad. Por consiguiente, lo que amerita es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, apartado V, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad a lo establecido por los artículos 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio por el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pago presentada vía correo electrónico el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. QUINTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes causa de improcedencia, ni advertirse su operancia, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación, cuya falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación. Así es, el quejoso sostiene, que la modificación al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, es contrario a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por establecer criterios discriminatorios para la asignación de apoyos e incentivos basados en la naturaleza pública y privada de las Instituciones de Educación Superior, Universidades y Centros de Investigación de adscripción de los Investigadores Nacionales miembros del SIN y no en razón del mérito, trayectoria y demás criterios definidos por la Ley de Ciencia y Tecnología, así como que los criterios previstos en los numerales controvertidos, son discriminatorios al basarse en cuestiones subjetivas, como es si el investigador nacional miembro del SIN está adscrito a una Institución de Educación Superior, Universidad o Centro de Investigación Públicos, lo cual, dice, es inconstitucional; de igual manera, agrega que las normas reclamadas son discriminatorias porque pretenden establecer una distinción entre personas que pertenecen a un mismo grupo, como son los investigadores nacionales miembros de SIN, únicamente basado en una cuestión ideológica como es el que pertenezcan a Institución de Educación Superior, Universidad o Centro de Investigación Públicos, cuando el producto que se realiza con motivo de ese proceso de desarrollo científico participan investigadores adscritos a Universidades Públicas y Privadas, por lo que el ingreso y permanencia en los apoyos debe basarse en méritos de producción científica, académica, así como a su valor intrínseco y su aportación al desarrollo nacional. Como se adelantó, son fundados los razonamientos antes sintetizados. En efecto, como afirma el quejoso, queda en evidencia con las actuaciones que aporta al presente asunto que cuenta con la distinción de Investigador Nacional Nivel I, por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés; que el estímulo se le otorgó en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, por parte de CONACYT, dicho estimulo por parte de dicha autoridad no se refleja en los estados de cuenta de enero a marzo de dos mil veintidós, aunado al correo electrónico de treinta de abril de dos mil veintidós, en el que el CONACYT hace del Amparo indirecto conocimiento del quejoso que para acceder el estímulo es requisito que acredite encontrarse en el supuesto del artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores; de ahí que, los numerales 61 y 62 del citado reglamento son contrarios al derecho fundamental de igualdad y no discriminación respecto de una de las categorías previstas en el artículo 1º constitucional, al distinguir entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores que laboran para el sector público de entre los que desempeñan sus labores en sector privado, sin que se advierta una justificación razonable que justifique la exclusión dentro del sistema de investigación. Al respecto, resulta necesario precisar el marco normativo aplicable a las violaciones destacadas por la peticionaria de garantías: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Del primer precepto transcrito, se advierte el principio de igualdad, al señalar que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la norma; asimismo, el artículo constitucional señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que significa que a ninguna persona que se encuentre en México se le negará el goce de los derechos humanos. En este sentido, no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana por sí sola, sino que será discriminatoria cuando carezca de justificación objetiva y razonable, es decir, no habrá discriminación si una distinción de trato está orientada legítimamente, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales tienen como característica que no pueden apartarse de la justicia o de la razón, esto es, no deben perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera excluyan la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. El principio de igualdad y no discriminación se extiende a la actividad legislativa al prohibir que el legislador incurra en prácticas discriminatorias por motivos accidentales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y pretenda menoscabar los derechos de las personas. En este sentido, el control de las leyes exige que el operador constitucional someta la labor legislativa a un escrutinio especialmente cuidadoso pero laxo siempre que no se trate de un conflicto constitucional en el que tenga que ver una categoría sospechosa, pues ahí el escrutinio se vuelve más estricto o severo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital, que dice: Por su parte, el artículo tercero constitucional sienta las bases de la educación en México y establece los criterios que deben orientar la educación impartida por el Estado Federación, Estados y Municipios-, así como por los particulares, por las universidades y las instituciones educativas superiores autónomas por la ley. Si bien el articulado constitucional referente a la educación en México, ha tenido la pertinencia de adecuarse a los tiempos que le ha tocado transitar, ha sido modificado para buscar los resultados del progreso científico. Dentro de las variadas versiones que ha tenido el artículo tercero, se ha buscado la laicidad, la gratuidad y la universalidad del servicio educativo para tratar de llegar a toda la población mexicana, aumentando los niveles educativos que tendrán estas características. Ahora bien, se estima conveniente realizar un cuadro comparativo de lo establecido en los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores vigente antes y después de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, lo cual se hace de la manera siguiente: REGLAMENTO SNI DE 20 DE ABRIL DE 2021 REGLAMENTO SIN ANTES DE 20 DE ABRIL DE 2021. 61. El CONACYT, en términos del presente Reglamento, podrá otorgar apoyos económicos, sujetos a disponibilidad presupuestaria, a las y los integrantes del SNI que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México. Los términos y condiciones de los apoyos económicos se asentarán en el convenio individual que suscriba la investigadora o el investigador con el CONACYT. Los apoyos económicos estarán exentos del pago del impuesto correspondiente, conforme lo establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se darán sin perjuicio de los ingresos que, por concepto de sueldo, salario, compensaciones y otras prestaciones tengan las y los integrantes del SNI. Artículo 61. Con las distinciones, el SNI podrá otorgar apoyos económicos para cada una de las categorías y niveles señalados en el Reglamento, los cuales se otorgarán a través de recursos públicos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. La entrega de estos apoyos económicos a los miembros del SNI será efectuada por el CONACYT a través de los instrumentos que implemente para tal efecto. El orden de prioridad para el otorgamiento de los apoyos será el siguiente: 1. Para los las científicos(as) y tecnólogos(as) de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas; así como para los/las investigadores(as) que ocupan las Cátedras CONACYT, y 2. Para los/las científicos(as) y tecnólogos(as) que laboran en instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores social y privado inscritos o preinscritos en el RENIECYT, de acuerdo con los convenios previamente celebrados con dichas instituciones. Artículo 62. Las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México, salvo las excepciones previstas en esta fracción. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Se exceptúa de los requisitos previstos en el primer párrafo de esta fracción a las personas que formen parte del Programa de Investigadoras e Investigadores por México, así como a aquéllas que realicen Estancias Posdoctorales y cuenten con una beca del CONACYT para tales efectos. En estos casos se considerará como institución de adscripción aquélla en la que, conforme a la normativa aplicable, desarrollen las actividades de investigación humanística o científica, desarrollo tecnológico o innovación. Artículo 62. Los miembros del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente a cada categoría y nivel cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado como corresponde al nivel académico respectivo, II. Laborar en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de Educación superior o centros de investigación del sector público, privado o social de México. III. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para los y las investigadores(as) que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación científica y tecnológica en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. En el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos o preinscritos en el RENIECYT y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el SNI que se encuentre vigente, en cuyo caso podrán tener el apoyo económico que especifique dicho convenio. Los apoyos económicos otorgados en forma directa por el SNI estarán Se exceptúa de los requisitos a los que se refiere esta fracción a las Investigadoras y los Investigadores Nacionales Eméritos. II. No desempeñar un cargo de elección popular durante la vigencia de su distinción. III. Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico independientemente de que cumplan o no con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5% de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del Reglamento. Las investigadoras y los investigadores eméritos podrán recibir el apoyo económico una vez que notifiquen anualmente su situación al CONACYT, por sí o a través de su apoderada o exentos del pago del impuesto correspondiente, conforme lo establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se darán sin perjuicio de los ingresos que, por concepto de sueldo, salario, compensaciones y otras prestaciones tengan sus miembros apoderado. De las citadas porciones normativas se desprende, en lo que aquí interesa, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, podrá otorgar apoyos económicos, solo a integrantes del sistema nacional de investigadores, que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México, que se encuentren como investigadores en activo y remunerados en instituciones de educación superior o centros de investigación del aludido sector público. Al respecto, resulta necesario precisar que del artículo 1º, fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores se advierte que el Sistema Nacional de Investigadores, tiene por objeto, en el marco de una política de Estado que favorezca el interés público nacional, el desarrollo integral del país, la soberanía nacional, la independencia científica y tecnológica, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México, así como, en general, que reconozca la función social de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en favor de la humanidad. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al alcance del principio de igualdad y no discriminación, al emitir la Opinión Consultiva Oc-18/03 de diecisiete de septiembre de dos mil tres, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue consultada en la página de internet; estableció que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad; de ahí que, señala, que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno; por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en sus ordenamientos jurídicos regulaciones discriminatorias y de combatir las prácticas discriminatorias. Así, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. En concordancia con ello, se considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico; ya que hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Al respecto, resulta aplicable la tesis que dice: Lo anterior, conduce a sostener que los investigadores que laboran en instituciones privadas aun estando en condiciones semejantes de los diversos del sector público, tienen un trato desigual que no encuentra justificación, pues del contenido de la normativa legal reclamada, no se advierte que se precise la razón de su exclusión del beneficio económico otorgado por el Estado, aun proyectando una situación de igualdad de hecho, cuyo elemento principal es la investigación en beneficio de la sociedad, que no varía o se desnaturaliza porque se desempeñen labores en instituciones públicas o privadas. Por ende, el Acuerdo por el que se reforman los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, propicia una violación de la igualdad jurídica, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, pues si entre los objetivos del sistema nacional de investigadores, se encuentra el de promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país y que el Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social, no se encuentra justificación para que el otorgamiento de los apoyos económicos, estén condicionados exclusivamente a los integrantes del sistema nacional de investigadores adscritos a instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público en México. De ahí que, al no advertirse algún propósito válido para la existencia de la distinción cuestionada, es evidente que carece de adecuación y de proporcionalidad, puesto que la medida legislativa no es apta para alcanzar un fin legítimo y, menos aún, podría guardar una relación razonable con el propósito que se procura alcanzar; por lo que los artículos 61 y 62 reclamados vulneran en perjuicio de la parte quejosa los derechos de igualdad y no discriminación, ya que provocan un trato inequitativo respecto de los investigadores que desempeñan sus labores en instituciones del sector privado, sin que esa diferenciación sea razonable. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a, contra los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, reformados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, para el efecto de que no se apliquen en la esfera jurídica presente o futura de la quejosa, entre otras, las restricciones que prevén para que los investigadores que laboren en instituciones o centros de investigación del sector privado puedan acceder a los apoyos económicos. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, esto es, a la omisión de realizar el pago del estímulo a partir del mes de enero de dos mil veintidós, y hasta el mes de agosto de dos mil veintidós, en que se encontraron vigentes las normas declaradas inconstitucionales. Esto es, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá de realizar el pago del estímulo económico por distinción a investigadores correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós y meses subsecuentes, hasta la fecha de terminación de la vigencia el convenio (diciembre dos mil veintitrés), salvo que se actualice una causa diversa a la aquí analizada, para lo cual deberá hacer del conocimiento del quejoso los motivos y fundamentos correspondientes. Finalmente, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación dirigidos a cuestionar el diverso acto reclamado consistente en el oficio de cinco de julio de dos mil veintidós, que contiene el informe justificado rendido por las autoridades responsables pues en nada variaría el sentido de esta sentencia ni le traería mayor beneficio a la peticionaria de garantías. Aunado a que el citado oficio constituye el informe justificado rendido por las responsables que contiene alegaciones dirigidas a sostener la constitucionalidad del acto reclamado, sobre los que el juzgador no se encuentra obligado a pronunciarse. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por, contra el acto reclamado a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, precisados en el cuarto considerando de la presente sentencia, por los motivos ahí señalados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a, en contra de los actos reclamados de las responsables Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores y Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

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