Josè Francisco Carrillo Ibarra
Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/07/2022
Partes del expediente
- Josè Francisco Carrillo Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de esta misma fecha, en la que se hace constar la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar a la parte quejosa José Francisco Carrillo Ibarra, el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, por las razones que en ella expone; lo que se toma para conocimiento para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la parte quejosa antes mencionada, el presente proveído, el auto de treinta de junio de dos mil veintidós y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista a la parte quejosa José Francisco Carrillo Ibarra se notifica al quejoso por lista el auto de treinta de junio de dos mil veintidos que en su parte conducente dice Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, con residencia en Tecate, Baja California, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, remite la hoja de libertad del quejoso de trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "De la autoridad señalada como responsable reclamo la inobservancia de los plazos que la propia ley en la materia determina para conocer, resolver en audiencia pública la solicitud del beneficio preliberacional, denominada Libertad anticipada, por el actuar omiso, de integrar el expediente jurídico administrativo de hoy suscrito quejoso, de iniciar el procedimiento de ejecución penal, de fijar fecha para que tenga verificativo audiencia pública relativa al beneficio solicitado, de resolver lo que por derecho corresponde, lo que tiene como consecuencia una fragante violación de los principios contenidos en el numeral 17º constitucional, numerales 24º, 25º, 103º, 105º, 123º al 127º de nacional de ejecución penal." De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Por tanto, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La omisión de resolver en audiencia pública la solicitud del beneficio preliberacional de libertad anticipada. Ahora, del contenido de las constancias que integran el cuaderno de ejecución 1590/2020, del índice de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, se desprende que el trece de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública, se concedió al quejoso José Francisco Carrillo Ibarra el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que se ordenó si inmediata libertad únicamente, situación que se corrobora con la hoja de libertad remitida por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, con residencia en Tecate, Baja California. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que -el trece de junio de dos mil veintidós -; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de marzo de dos mil veintidós); el Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, concedió al quejoso José Francisco Carrillo Ibarra el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que se ordenó si inmediata libertad. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, con residencia en Tecate, Baja California, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, remite la hoja de libertad del quejoso de trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "De la autoridad señalada como responsable reclamo la inobservancia de los plazos que la propia ley en la materia determina para conocer, resolver en audiencia pública la solicitud del beneficio preliberacional, denominada Libertad anticipada, por el actuar omiso, de integrar el expediente jurídico administrativo de hoy suscrito quejoso, de iniciar el procedimiento de ejecución penal, de fijar fecha para que tenga verificativo audiencia pública relativa al beneficio solicitado, de resolver lo que por derecho corresponde, lo que tiene como consecuencia una fragante violación de los principios contenidos en el numeral 17º constitucional, numerales 24º, 25º, 103º, 105º, 123º al 127º de nacional de ejecución penal." De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Por tanto, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La omisión de resolver en audiencia pública la solicitud del beneficio preliberacional de libertad anticipada. Ahora, del contenido de las constancias que integran el cuaderno de ejecución 1590/2020, del índice de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, se desprende que el trece de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública, se concedió al quejoso José Francisco Carrillo Ibarra el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que se ordenó si inmediata libertad únicamente, situación que se corrobora con la hoja de libertad remitida por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, con residencia en Tecate, Baja California. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que -el trece de junio de dos mil veintidós -; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de marzo de dos mil veintidós); el Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, concedió al quejoso José Francisco Carrillo Ibarra el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, por lo que se ordenó si inmediata libertad. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio remitido por la autoridad responsable, virtud de que en proveído de seis de junio del año en curso, se le tuvo por rendido dicho informe. No obstante lo anterior, se le tiene remitiendo disco compacto, lo que será tomado en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de ésta, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, registro 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal decorte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Finalmente, ya de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y sus asesores jurídicos.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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