José Francisco Cancela Báez
Expediente 1446/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Francisco Cancela Báez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...la razón actuarial de cuenta, levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que en esta ciudad no existe la autoridad denominada por la parte quejosa en su demanda de garantías como: "Comisaria de la Policía Ministerial con destacamento en esta ciudad"; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, téngase como inexistente a dicha autoridad y desde hoy suspéndase toda comunicación oficial con la misma. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por el Secretario de este Juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de veintiuno de septiembre de septiembre de dos mil quince, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este juicio como concluido...
- Principal
... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por el Fiscal veintidós adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI Xalapa, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado mediante proveídos de siete y catorce de septiembre pasado, remite entre otras, copia certificada del acuerdo dictado el seis de septiembre de la presente anualidad, emitido en autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/22°/221/2015 de su índice, de la que se advierte que los aquí quejosos José Francisco Cancela Báez y Lizbeth López Mavis, fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley. Así las cosas, tomando en cuenta las copias certificadas que allegó la autoridad oficiante, a las cuales de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio, procede concluir que si el presente juicio de amparo se instó por el acto reclamado consistente en: ".De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, especificadas con anterioridad reclamo la violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16,20, 22, relación con el 133 de la Constitución General de la República, al venirse privando de su libertad a los CC. JOSÉ FRANCISCO CANCELA BÁEZ Y LIZBETH LÓPEZ MAVIS, como consecuencia de ello la restricción de sus derechos fundamentales, consagradas en la carta magna y convenios internacionales, como lo es la de toda incomunicación, maltratos físicos y psicológicos y, privación de la vida, al no existir flagrancia en la comisión de algún hecho tipificado como delito mandamiento escrito por autoridad competente, incumpliéndose con las garantías de audiencia y debido proceso y como consecuencia de ello la privación de su liberta, y la propia vida.", al haber obtenido la libertad se colige que han cesado los efectos de dichos actos combatidos por el aludido amparista, y por lo tanto, se produce la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de garantías en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar actos que ya no están surtiendo efectos sobre la esfera jurídica del quejoso; debido a que al haber quedado en libertad, es evidente que ya fueron destruidos los efectos de los actos reclamados, pues ya no se puede ejecutar ni se ejecutarán, y no inciden en su esfera jurídica En ese sentido, el juicio que nos ocupa deviene improcedente al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo citada; por lo que, procede desechar la demanda origen del presente asunto. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". La tesis a que se hace mérito, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos, tal como lo solicitó la parte promovente en su demanda...
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... se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense por separado los cuadernos incidentales (original y duplicado) y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en la fracción III, del punto y normativa invocada, procede también su destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción...
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... se desprende que la audiencia constitucional fue celebrada, sin que a la fecha se haya engrosado la resolución definitiva; en consecuencia, se provee lo siguiente:... envíese el presente juicio constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad, a efecto de que por su conducto sea remitido al Juzgado Quinto de Distrito del citado Centro Auxiliar y se dicte la correspondiente sentencia...
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