José Francisco Buerón Gracia

Expediente 1348/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1348/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • José Francisco Buerón Gracia
  • Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 3639/2019, signado por la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta localidad, a través del cual, en cumplimiento a lo estipulado en el ordinal 64 de la legislación de la materia, hace del conocimiento que cesaron los efectos del acto reclamado, ello en razón de que el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el ocho de noviembre de este año, en contra del aquí quejoso José Francisco Buerón Gracia, dentro de la causa penal 71/2017, lo que acredita con las constancias que adjunta a su comunicado; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por José Francisco Buerón Gracia, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, el acto reclamado por José Francisco Buerón Gracia, se hace consistir en el auto de formal prisión dictado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 71/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Es el caso que, de las copias exhibidas por la Juez responsable, se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se dejó sin efectos el auto de formal prisión detallado en el párrafo que antecede. Constancias a las cuales, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Determinando que con la resolución emitida el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el ocho de noviembre de este año, en contra del aquí impetrante José Francisco Buerón Gracia, dentro de la causa penal 71/2017, ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que la Juez responsable dictó diversa determinación en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo 932/2018-VI, del índice de este órgano de control constitucional. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que se advierte que si bien, a la fecha de la interposición de la demanda de amparo (tres de diciembre de dos mil diecinueve), se encontraba vigente el auto de formal prisión reclamado, también lo es que el dieciséis siguiente se dejó sin efectos el mismo por la juez responsable, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinticinco minutos del tres de enero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    III...II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a José Francisco Buerón Gracia, la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese. Así lo resuelve el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por el licenciado Edgar Mondragón Monroy, quien se ostenta como defensor particular de José Francisco Buerón Gracia, contra actos de la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma; regístrese en el libro respectivo con el número 1348/2019-III. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. De conformidad con lo establecido por el numeral 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Ahora bien, de la demanda que se recibe se desprende que el compareciente señala como autoridad responsable a la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; sin embargo, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que dicho órgano jurisdiccional ya no existe y que su denominación actual es Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta localidad; por tanto, emplácese a la autoridad en comento en su denominación correcta. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional ($8,449.00); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos, moneda nacional ($2,534.70), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinticinco minutos del tres de enero de dos mil veinte. Por otra parte, el compareciente señala como terceros interesados a Luis Gerardo Rodríguez Jiménez, Patricia Vázquez Sáenz, Adriana Nelly Morales Romero, Jorge Morales Martínez y al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado señalado como responsable; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, incisos b) y e), de la legislación de la materia, se les reconoce con tal carácter a los nombrados; de ahí que, se ordena el emplazamiento del referido fiscal y en cuanto al resto de los mencionados terceros se reserva su llamamiento a este asunto hasta en tanto se reciba el informe justificado de la autoridad responsable. En otro contexto, una vez que se declare cerrada la instrucción en el proceso penal que se sigue ante la autoridad señalada como responsable, ésta deberá suspender el procedimiento hasta en tanto sea notificada de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo; lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVII, último párrafo, de la ley de la materia. Por otro lado, con el propósito de dar cumplimiento a lo indicado en el ordinal 14 de la legislación que rige este juicio, requiérase al juzgado responsable, para que remita copia certificada de la constancia que acredite al licenciado Edgar Mondragón Monroy, como defensor particular del aquí quejoso José Francisco Buerón Gracia, dentro de la causa penal 71/2017, instruida en su contra. Téngase al compareciente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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