José Francisco Becerra Dávila
Expediente 1439/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Francisco Becerra Dávila
- Tanny Larissa Meza Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el que se transcribe el acuerdo dictado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por los Magistrados del Tribunal Colegiado en mención, dentro del recurso de queja 69/2022; en ese sentido, téngaseles comunicando que declararon sin materia el citado medio de impugnación interpuesto en contra del auto que decretó la suspensión de oficio y de plano en este juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós se archivó este asunto, se ordena su reingreso a aquel. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto dictado en estos autos, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que el auto dictado por este Juzgado de Distrito el veintiséis de enero de dos mil veintidós, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como en el punto 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración. Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, se precisa que este expediente no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ya se cuenta con la totalidad de las constancias de notificación a las partes en el presente expediente, respecto del segundo recurso de queja interpuesto por la Subdirectora Jurídica del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en representación del Director General de Servicios de Salud de Morelos; en ese sentido, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito del recurso, el informe sobre la materia de la queja y de las demás que se consideren necesarias para su resolución. En atención en lo dispuesto en los artículos 97, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, rindo a usted, INFORME JUSTIFICADO con motivo del recurso de queja interpuesto por la Subdirectora Jurídica del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en representación del Director General de Servicios de Salud de Morelos, en términos del inciso b), fracción I, del artículo 97 de la Ley de la Materia, manifestando que ES CIERTO EL ACTO que se atribuye a este Juzgado, en cuanto a que por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se otorgó la suspensión de plano a la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de enero del año en curso, remite el comprobante de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, aplicada al menor de iniciales J. S. G. G. M.; y ya que en autos también consta el comprobante de vacunación correspondiente a la segunda dosis, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, como ya se vio, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades responsables, el cual hizo consistir esencialmente en la omisión de aplicar al menor quejoso las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 producida por el laboratorio Pfizer-BioNTech. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, así como de los comprobantes de vacunas exhibidos en autos, se advierte que se aplicaron las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al menor. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de aplicar al menor quejoso las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech y, ya fueron aplicadas las mismas, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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