José Francisco Alcalá Fonseca

Expediente 1689/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 49 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1689/2018
Año
2018
Actuaciones
49
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • José Francisco Alcalá Fonseca
  • Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Nayarit
  • Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término de tres días que se les concedió mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, aun cuando se les apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".SEXTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. En la especie, dado que la violación es de carácter positiva, el efecto de la protección federal será restituir a José Francisco Alcalá Fonseca, en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, residente en Tepic deberá: 1. Con libertad de jurisdicción, proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el expediente 293/14, en lo concerniente con el pago de los salarios caídos y demás prestaciones derivadas del despido injustificado del que fue objeto el amparista." En cumplimiento a ello, el entonces Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, adjuntó copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero dedos mil diecinueve, mediante el cual resolvió el incidente de liquidación promovido por el aquí quejoso. Asimismo, el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, mediante oficios de once de septiembre de dos mil diecinueve y cuatro de marzo de dos mil veinte, informó en el primer oficio que realizó el pago número cuatro del convenio de pago para la conclusión del juicio laboral celebrado con el actor quejoso y el titular de la Secretaría de Educación, de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, en el segundo oficio se advierte que dicha Secretaría reconoció José Francisco Alcalá Fonseca como trabajador de base; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto las partes por auto de seis de marzo de dos mil veinte, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, y en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO,SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término de tres días que se les concedió mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, aun cuando se les apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".SEXTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. En la especie, dado que la violación es de carácter positiva, el efecto de la protección federal será restituir a José Francisco Alcalá Fonseca, en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, residente en Tepic deberá: 1. Con libertad de jurisdicción, proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el expediente 293/14, en lo concerniente con el pago de los salarios caídos y demás prestaciones derivadas del despido injustificado del que fue objeto el amparista." En cumplimiento a ello, el entonces Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, adjuntó copia certificada de la resolución de treinta y uno de enero dedos mil diecinueve, mediante el cual resolvió el incidente de liquidación promovido por el aquí quejoso. Asimismo, el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, mediante oficios de once de septiembre de dos mil diecinueve y cuatro de marzo de dos mil veinte, informó en el primer oficio que realizó el pago número cuatro del convenio de pago para la conclusión del juicio laboral celebrado con el actor quejoso y el titular de la Secretaría de Educación, de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, en el segundo oficio se advierte que dicha Secretaría reconoció José Francisco Alcalá Fonseca como trabajador de base; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto las partes por auto de seis de marzo de dos mil veinte, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad de Tepic, y en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación de los plazos y términos en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. En diverso aspecto, visto el estado procesal de autos, del que se advierte que mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado al fallo protector por el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden, dado que con motivo de la suspensión de plazos y términos en el presente asunto, aún le encuentra transcurriendo el término concedido en el aludido auto para que manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese en autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por el quejoso José Francisco Alcalá Fonseca, por medio del cual manifiesta su inconformidad con el pretendido cumplimiento al fallo protector dado por el delegado de la autoridad responsable, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de que no se le ha reconocido el carácter de trabajador de base por las razones que expone. Ahora, toda vez que de actuaciones se desprende que la referida autoridad, mediante oficio recibido el nueve de octubre del año en curso, informó que en virtud de que el presupuesto de egresos para ejercicio fiscal 2019, ya había sido presupuestado y al ser una base de nueva creación, aparece como trabajador de base transitorio, pero que en la primera quincena del mes de enero de dos mil veinte, le será reconocido el carácter de trabajador de base - lo anterior, en cumplimiento al laudo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit-. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la referida autoridad autoridad vinculada, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta Ciudad, para que una vez que le sea reconocido el carácter de trabajador de base al citado quejoso, lo informe de inmediato a este Juzgado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, debiendo remitírsele copia simple del ocurso de cuenta para los efectos legales procedentes. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte. NOTIFÍQUESE.

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