José Francisco Acevedo Ochoa y Otros.
Expediente 803/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2018
Partes del expediente
- José Francisco Acevedo Ochoa y Otros.
- José Francisco Acevedo Ochoa
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por xxx, quien se ostenta como apoderado de los supuestamente terceros interesados xxx, xxx, xxx y xxx, todos de apellidos xxx, mediante el cual realiza diversas solicitudes y manifestaciones. En atención a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que en auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 79), se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, por lo que no tiene reconocida la calidad de parte en términos del artículo 5 fracción lV, de la Ley de Amparo. Toda vez que el promovente exhibió copia certificada del instrumento público dos mil trescientos sesenta y cuatro, volumen treinta y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público Ciento Quince del Estado de Chiapas, atendiendo a lo acordado en el párrafo que antecede, devuélvase el citado instrumento debiendo comparecer ante este Juzgado a recogerlo. Se le indica que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Por otro lado, en virtud de que en proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 79), se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia y que en diverso auto de diez de julio del año que transcurre (fojas 93 y 94), causó estado dicha determinación, resulta innecesario conservar los autos del expediente xxx; en consecuencia, devuélvanse los mismos al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Finalmente, como esta ordenado en proveído de diez de julio del año que transcurre (fojas 93 y 94), devuélvanse los presentes autos al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 803/2018-2-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que por lo que hace al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. ***
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de junio de dos mil dieciocho. COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte el acuerdo de veinte de junio del año en curso, dictado dentro del amparo directo 475/2018, de su índice; además remite: a) Oficio 2048/2018, signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de ley del Juzgado Primero del Distrito Judicial de Tuxtla y anexos, mediante el cual rinde informe justificado; b) Expediente 282/2016, en un tomo; c) Original y cuatro copias del escrito de demanda de amparo promovida por José Francisco Acevedo Ochoa; d) Cuadernillo de documentos certificados y cuadernillo de documentos certificados y cuadernillo de amparo que contiene constancia de emplazamiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de las constancias remitidas, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen y por lo que hace a los sobres cerrados, guárdense en la secretaría de esta Juagado. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero Civil del Poder Judicial del Estado. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 803/2018-2-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que por lo que hace al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es importante mencionar que el legislador al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal determinó que cuando éstos tengan lugar fuera de procedimiento, el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). En el caso, los actos reclamados en esta instancia constitucional lo constituye la falta de emplazamiento y llamamiento al juicio ordinario reivindicatorio 282/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, así como el proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado al propio quejoso en esa misma fecha, y que surtió efectos el treinta siguiente; por tanto, al no encontrarse dicho acto en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora, por lo que respecta a la falta de emplazamiento y llamamiento al juicio ordinario civil reivindicatorio 282/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, constituye un acto sobre el cual el impetrante tuvo conocimiento el veintitrés de marzo de la presente anualidad, toda vez que de manera expresa así lo estableció en la demanda de amparo que dio origen al juicio 492/2018-2-A, del índice de este Juzgado Federal, lo que constituye un hecho notorio para la que resuelve. En consecuencia, si el peticionante del amparo tuvo conocimiento del juicio cuyo llamamiento y emplazamiento reclama en la presente instancia constitucional desde el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a la fecha, ha transcurrido en exceso; de ahí que la demanda por lo que atañe al acto antes mencionado es extemporánea. Por otra parte, por lo que hace al proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que el mismo fue del conocimiento del quejoso en esa misma fecha, a través de las listas de acuerdos y surtió sus efectos el treinta de siguiente, como se advierte de la certificación secretarial que obra en la parte final de la demanda de amparo, situación que además se corrobora del contenido de las copias certificadas del expediente 282/2016 (foja 425), que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado. De acuerdo a lo anterior, es evidente que la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación respectiva, esto es, a partir del treinta y uno de mayo del año actual, como puede advertirse de las siguientes tablas dinámicas que se insertan: MAYO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 29 FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS 30 FECHA EN LA QUE LE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO 31 DÍA 1 JUNIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 DÍA 2 2 3 4 DÍA 3 5 DÍA 4 6 DÍA 5 7 DÍA 6 8 DÍA 7 9 10 11 DÍA 8 12 DÍA 9 13 DÍA 10 14 DÍA 11 15 DÍA 12 16 17 18 DÍA 13 19 Día 14 20 DÍA 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JUNIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN 23 24 25 26 27 28 29 30 Por tanto, es inconcuso que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió en exceso, pues fue recibida hasta el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, en Cintalapa de Figueroa, según el sello fechador de recibido; es decir, cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la ley de la materia puesto que dicho término, como se vio, feneció el veinte del mes y año en curso; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la impetrante en este medio de control, si previamente consintió. Sin que sea óbice a lo anterior, que la demanda haya sido presentada ante la autoridad responsable el seis de junio de dos mil dieciocho, toda vez que esa situación no interrumpe el plazo para la presentación de la misma, toda vez que para esta juzgadora constituye un hecho notorio que la parte quejosa con anterioridad promovió otro juicio de amparo el cual fue radicado por este Juzgado Federal bajo el número de expediente 492/2018, como se estableció en párrafos que anteceden, el cual se admitió derivado de la incompetencia que resolvió la superioridad en el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que por única ocasión se le hizo la corrección de la vía y el apercibimiento de que la promoción de posteriores amparos en la vía directa contra actos que sean impugnables en amparo indirecto y que deriven del mismo asunto, darían lugar a que para determinar la oportunidad se consideraría la fecha en que la recibiera el Juzgado de Distrito competente, y no en la que se presentó ante la responsable. En ese sentido, si previo a la presentación de la demanda que nos ocupa, el quejoso era conocedor que la vía idónea para instar la protección constitucional, corresponde a la indirecta, es evidente que por esa sola circunstancia la presentación de la demanda ante la responsable no interrumpe el plazo genérico de quince días; por tanto, como se adelantó la demanda es extemporánea. Sirve de apoyo por las razones que sustenta, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Francisco Acevedo Ochoa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizada para tales efectos a la persona que menciona. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
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