José Florentino Vite Vázquez
Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 52 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Florentino Vite Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, previa razón de recibo que se deje para constancia legal. Se informa que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Segundo Décimo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 238/2022-VI del índice de este órgano federal, con motivo de la incompetencia planteada; asimismo, comunica que acepta la misma y asume el conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Florentino Vite Vázquez; de lo que se toma conocimiento. De igual forma, solicita el anexo que se formó con motivo de las constancias que remitió el Juez Penal de Enjuiciamiento y Ejecución adscrito al Quinto Circuito Judicial con sede en Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo. Atento a lo anterior, remítanse vía interconexión las constancias requeridas, y vía ordinaria el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo de que se desprende el cuaderno en que se actúa, haciendo de conocimiento el homólogo oficiante que no se exhibió garantía en la referida incidencia, solicitando el acuse de recibo. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se declaró incompetencia legal para conocer del asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual formula alegatos. Atento a lo anterior, no ha lugar a tener por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, pues la audiencia constitucional, que forma parte de la resolución que se emitió en el presente juicio de amparo, se celebró a las diez horas con veinte minutos del treinta de marzo de la presente anualidad, y el escrito que se atiende cuenta con el sello de recibo de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, del que se evidencia que fue recibido a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de los actuales, por lo que las manifestaciones que formula son extemporáneas. No obstante, lo anterior, con motivo de la competencia planteada en la resolución del treinta de los actuales, remítase el ocurso que se atiende al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en turno, en alcance a la misiva por la que se remitió el juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, dejándose copia del mismo en autos, para debida constancias legal. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 238/2022-VI; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado dos de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, recibido el siete de marzo siguiente, en este órgano jurisdiccional, José Florentino Vite Vázquez, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que se precisará en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional previno a la parte quejosa; posteriormente, previo desahogo, mediante proveído de treinta de marzo del citado año, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal se declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en turno, para conocer de la demanda que originó el presente asunto, por las razones expuestas, dejando sin efecto la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, y por razón de turno, tocó conocer del presente asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, quien mediante oficio atendido en auto de doce de julio de dos mil veintidós, informó que no aceptó la competencia planteada, en virtud de que el quejoso tenía hasta la celebración de la audiencia constitucional para desvirtuar la negativa de los actos reclamados a la autoridades responsables ejecutoras, que tienen jurisdicción en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. En razón de lo anterior, en proveído de doce de julio pasado, se prosiguió con el trámite del presente sumario, señalando fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Competencia. Previo a estudiar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa en su libelo constitucional, resulta obligatorio analizar primero la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público; sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial número 1.2o.P. J/40, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Octava Época, Materia Penal, visible a foja 36, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". En ese orden de ideas, el suscrito estima que carece de competencia para resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se exponen. En principio, es importante tener en cuenta el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". (El énfasis es propio) El numeral transcrito establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, las cuales son las siguientes: a) Será competente el Juez de Distrito en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. c) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza de los actos reclamados por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". Así, de lo anterior se advierte que el acto controvertido en este asunto conlleva una ejecución material, en virtud de que el quejoso reclama la orden de reaprehensión girada en su contra, acto que se traduce en positivo con ejecución para los fines del juicio de amparo. De modo que, en el presente caso, se debe atender a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la legislación de la materia, en el cual se establece que el Juez competente para conocer del juicio es aquél que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y en todo caso, es la autoridad ejecutora por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Amparo, la que finca competencia al referido órgano jurisdiccional. Lo anterior, dado que la posibilidad de que se ejecute el acto reclamado en un determinado lugar, surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras, de manera que si éstas solo se ubican en la demarcación territorial en la que fue presentada la demanda de amparo, debe considerarse como un dato objetivo para determinar la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar. En ese sentido, es que debe considerarse el lugar en que residen las autoridades ejecutoras, pues será éste, el que dará competencia al Juez de Distrito. Ello, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/95, que dio origen a las jurisprudencias P./J. 9/2001 y P./J. 8/2001, de rubros "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE", y "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE", reconoció la importancia de las autoridades ejecutoras, a efecto de poder determinar la competencia del Juez de Amparo y que en los supuestos en los que las ejecutoras rindan su informe con justificación en sentido negativo, sería un factor determinante para que el Juez de Distrito, cuya residencia compartiera con la responsable, se declarara legalmente incompetente. Aunado a ello, no debe perderse de vista que el solo domicilio del quejoso es insuficiente para justificar la competencia de un órgano de amparo, ya que de considerarse así, equivaldría dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar.". Bajo ese orden de ideas, con el propósito de demostrar que no corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de los informes justificados que obran en autos se advierte que las autoridades responsables que aceptaron la emisión de la orden de captura y su ejecución, son las siguientes: a) Juez Penal de Enjuiciamiento y Ejecución adscrito al Quinto Circuito Judicial, con sede en Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo. b) Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. c) Titular de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Hidalgo. Por su parte, las autoridades responsables que cuentan con residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción, esto es, el Fiscal General de Justicia y el Coordinador General de la Policía de Investigación, ambas del Estado de México, negaron los actos que se les atribuyeron. En esa línea de pensamiento, se tiene presente que fue el Juez Penal de Enjuiciamiento y Ejecución adscrito al Quinto Circuito Judicial, con sede en Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, quien aceptó haber girado una orden de reaprehensión dentro de la carpeta de ejecución ********************en contra del aquí quejoso y que dicha orden de captura se pretende materializar a través de las autoridades responsables Procurador General de Justicia y Titular de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, ambas del Estado de Hidalgo, quienes igualmente al rendir su informe con justificación aceptaron el acto que se les atribuye. Por su parte, las autoridades ejecutoras señaladas en el escrito de demanda y diversos aclaratorios que le otorgaban competencia a este Juzgado para conocer del juicio de derechos, es decir, el Fiscal General de Justicia y el Coordinador General de la Policía de Investigación, ambas del Estado de México, negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso, al día de la fecha en que se celebró la audiencia constitucional que forma parte de la presente determinación, haya desvirtuado dicha negativa, lo que hace desaparecer la posibilidad de que en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal puedan tener ejecución los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente para conocer el presente juicio de amparo el Juez de Distrito en Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en turno, toda vez que fueron las autoridades responsables con residencia en dicha entidad quienes aceptaron la emisión de la orden privativa de libertad y la comisión para ejecutarla. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, deb conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión que el amparista haya señalado que en el domicilio ubicado en ********************es donde se pretende ejecutar su captura, ya que como se dijo, dicha circunstancia es insuficiente para justificar la competencia de un órgano de amparo, pues de considerarse así, equivaldría dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, cuando en el caso en concreto debe determinarse atendiendo a la residencia de las autoridades ejecutoras que aceptaron el acto reclamado. En ese orden de ideas, con apoyo en los preceptos 37, párrafo primero y 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, declara que no es legalmente competente para conocer del presente asunto, por lo que se ordena la remisión del juicio constitucional al Juez de Distrito en Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en turno, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando ÚNICO de esta resolución, este Juzgador declara carecer de competencia para resolver el presente juicio de amparo y se declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en turno; remitiendo al efecto los autos originales del presente juicio. Notifíquese.
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