José Florencio Leija Quezada
Expediente 1697/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1697/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Florencio Leija Quezada
Actuaciones
- Principal
veinte de julio de dos mil quince En veintitrés de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al veintitrés de septiembre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 737/2015. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el siete de septiembre de dos mil quince, en la que se negó a la quejosa Elizabeth Cristina Alaníz Macías y otros, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y por otro, sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tal motivo, devuélvanse a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el testimonio del nombramiento expedido por el Gobernador del Estado de Zacatecas a su favor, anexado a su informe justificado y con el que acreditó el carácter aludido, lo anterior por ser innecesaria su retención. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se negó el amparo por una parte y, por otra se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, determinándose que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En tanto que, referente al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. AOPH. 17121, 17122, 17123, 17124 y 17125
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a ocho de septiembre de dos mil quince Agréguese a los autos para que obre como corresponda el primero de los escritos de cuenta signado por el quejoso Jaime Alejandro Tiscareño de Anda; mediante el cual hace valer su inconformidad en contra del auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en el cual este tribunal de amparo tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se tiene al quejoso de mérito, por interponiendo recurso de inconformidad contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, por el cual se le tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de garantías, Ahora bien, toda vez que a efecto de su substanciación, es menester precisar que mediante Acuerdo General número 5/2001 de veintiuno de junio del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del propio mes y año, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, corresponde ahora en términos del considerando décimo tercero en relación con la fracción I, del artículo décimo relativo a los acuerdos contemplados en dicha reforma, conocer de la presente INCONFORMIDAD A LA SENTENCIA PROTECTORA DE GARANTÍAS al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito Judicial, con sede en esta ciudad capital, toda vez que dichos numerales establecen en lo que ahora interesa textualmente lo siguiente: "CONSIDERANDOS ... DECIMO TERCERO. Que para agilizar el trámite de los incidentes de inejecución, de las denuncias de repetición del acto reclamado, así como de las inconformidades, y a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, es conveniente que se resuelvan por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional, aprovechando su cercanía a los justiciables para los efectos de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogar para acudir a esta capital para atender dichos asuntos, conservando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional ACUERDO: ... DECIMO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las siguientes reglas: I. Los amparos en revisión, los incidentes de inejecución, las denuncias de repetición del acto reclamado, así como las inconformidades se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito que hubiese dictado la sentencia respectiva. Cuando en el Circuito correspondiente existan dos o más Tribunales Colegiados se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno. Cuando los asuntos sean numerosos se distribuirán equitativamente; II. Los conflictos de competencia y los de reconocimiento de inocencia se remitirán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno en el conocimiento del juicio, aplicando en lo conducente el párrafo segundo de la fracción anterior; III. Los asuntos que, actualizándose la hipótesis contenida en el inciso D) de la fracción I del punto Quinto de este acuerdo, se encuentren con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán remitirse por dicha Secretaría, dando aviso a la Subsecretaría General de Acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de este punto. En este caso, en virtud de que la existencia del proyecto no será obstáculo para que el Tribunal Colegiado resuelva, se le enviará con el expediente una copia certificada de la tesis jurisprudencial respectiva y el disquete de dicho proyecto. Los Tribunales Colegiados de Circuito no podrán objetar su competencia e informarán a la Subsecretaría General de Acuerdos cuando resuelvan los asuntos que les hayan correspondido, en términos del punto Décimo Noveno de este acuerdo." En tal virtud, lo que procede es con fundamento en el artículo 201, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como del Acuerdo General número 5/2001 de veintiuno de junio del dos mil uno del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, es remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito Judicial, con sede en esta ciudad, para la substanciación del citado recurso de inconformidad. Por otra parte, visto el segundo de los escritos de cuenta signado por el quejoso Jaime Alejandro Tiscareño de Anda, mediante el cual manifiesta interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito dicho escrito a fin de que determine lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González Doy Fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Zacatecas, Zacatecas, el ocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito de demanda registrada con folio 17878.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por José Florencio Leija Quezada, contra el acto del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas (denominación correcta de la autoridad que señala como "Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la capital"); regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1697/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, el suscrito Juzgador considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, el impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Los dispositivos legales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En efecto, el juicio de amparo biinstancial por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida por tal a aquella que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano; sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, establece como exigencia sine quo non (sin la cual no) el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique per se (por sí) afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. También, existe excepción cuando el acto reclamado sea impugnado en la presente vía, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. Entonces, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducido, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad. Luego, en el caso sometido a examen, la parte quejosa, reclama ante esta instancia de control constitucional la resolución emitido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la audiencia pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil quince, donde le fue negada su petición, propuesta por su defensa, de reapertura de la investigación dentro de la causa penal 401/2015, que se le instruye por el delito de fraude, en perjuicio de Fermín Herrera Hernández. Sin embargo, tal acto reclamado debió ser impugnado de forma previa mediante la interposición del recurso de revocación, de acuerdo a lo estatuido por el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas de quince de septiembre de dos mil siete, en sus numerales 440, 447 y 448, al tratarse de una resolución de trámite emitida durante la etapa de investigación del proceso penal 401/2015 instaurado en su contra. "Artículo 440.- Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de revocación, el que será resuelto de inmediato, sin suspenderlas." "La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación o en nulidad, si el vicio no es saneado y la resolución provoca un agravio al recurrente." "Artículo 447.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 448.- La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo." (.) Lo anterior es así, pues se trata de un recurso ordinario con efectos suficientes para revocar o modificar los producidos por el acuerdo reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. "Artículo 25.- Protección Judicial" "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (.) Por otra parte, no se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se adelantó, se trata de una resolución de trámite dictada en la etapa de investigación de la causa penal 401/2015 instaurado en contra de la impetrante de amparo, con motivo de su solicitud de reapertura del periodo de investigación, que no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, tampoco se trata de una persona ajena al procedimiento, por ser ella, la propia quejosa, quien actúa como parte material en dicho proceso penal , al detentar el carácter de imputada. En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar el acuerdo reclamado, los cuales no se califican, era menester que la quejosa lo recurriera con la interposición del recurso ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no es óbice a lo determinado, el hecho de que el acto reclamado, sea catalogado como de imposible reparación; pues como se expuso, ello no implica por sí misma una excepción al principio de definitividad, ya que éste refiere únicamente al alcance de los recursos establecidos en la legislación ordinaria, no así a la naturaleza del acto reclamado. Cobra aplicación al presente caso, la tesis 1a./J.113/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida José Florencio Leija Quezada, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. En otro aspecto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el localizado en Calle Veinte de Noviembre, número 315-A, Colonia Sierra de Álica de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.".
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