José Florencio Herrera Chávez

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • José Florencio Herrera Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó su demanda de amparo, transcurrió del doce al dieciséis de abril del año en curso, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina de susceptible el presente asunto es que DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida ., contra actos de los Jueces de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; De donde se desprende que, para que se actualice la citada causal de improcedencia, se requiere que el nuevo juicio de amparo se promueva: 1) Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. 2) Promovido por el propio quejoso; 3) Contra las mismas autoridades responsables; y 4) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se desprende que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, así como del Fiscal General del Estado, Fiscal Regional de Morelia, Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Director Regional de Morelia de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Morelia, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar y de Género, Fiscalía Especializada de Homicidios, Fiscalía Especializada de la Unidad de Robo de Vehículos, Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Sexuales, Fiscalía Especializada en Atención de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, Director Regional de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, todos de la de la Fiscalía General en el Estado, Secretario de Seguridad en el Estado de Michoacán, Subsecretario de Seguridad Publica en el Estado de Michoacán, Encargado de la Subdirección de la Comandancia de la Unidad Básica de Policía, Comandante de la Unidad Básica de Policía y Coordinador Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo, todos con sede en esta ciudad y como actos reclamados: ".De las autoridades mencionadas como ordenadoras y ejecutoras a la vez, se reclama: En cuanto actos propios, se reclaman los consistentes en los ataques a mi libertad personal fuera de procedimiento judicial, sean estos órdenes de búsqueda, localización y comparecencia, presentación o aprehensión, toda vez que sin observar las disposiciones legales aplicables, al parecer, se pretende privarme de mi libertad personal en forma ilegal e indebida; así como las molestias que tales, actos me ocasionan tanto a mi persona como a mi familia, lesionando mis Derechos Humanos y las Garantías Individuales protegidas por la Constitución General de la República, así como por los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos celebrados por el Estado Mexicano. De las autoridades señaladas como estrictamente ejecutoras, se reclaman el cumplimiento material de las posibles órdenes de búsqueda y localización para mi presentación, comparecencia y/o de aprehensión fuera de procedimiento judicial por las autoridades señaladas como ejecutoras y ordenadoras a la vez. La mención de autoridades responsables y de sus correspondientes actos reclamados, se expresan en la forma que lo hago en los párrafos anteriores, toda vez que los elementos de la Policía Ministerial Investigadora o Unidad de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de los Agentes del Ministerio Publico que los dirigen, pretenden ilegalmente privarme de mi libertad personal, en ningún momento mostraron orden de búsqueda, localización y/o aprehensión para mi detención, presentación y/o comparecencia, pretendiendo proceder inmediatamente a la privación de la libertad personal del suscrito." Por otra parte, del libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, se advierte una diversa demanda de garantías presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por José Florencio Herrera Chávez, ante este órgano jurisdiccional, registrada con el número 257/2021; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, visible en la página 1199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, Novena Época del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". De tales constancias se advierte que José Florencio Herrera Chávez, promovió el diverso juicio de amparo indirecto número 257/2021, en contra de las mismas autoridades y actos reclamados, como se desprende de la certificación de cuenta. De lo anterior se obtiene que en efecto, José Florencio Herrera Chávez, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, ya había promovido diverso juicio de amparo contra de las mismas autoridades y actos señalados en el presente juicio, cuya demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta localidad y recepcionada por este órgano jurisdiccional y en esta misma fecha se admitió a trámite. Por tanto, en el caso a estudio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es así, porque no es posible estudiar en este juicio de amparo los mismos actos reclamados, pues la litis constitucional es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de tales actos solo puede ser analizada una vez. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada III.2º.P. 41K, localizable en la página 2791, aplicada por identidad de razón, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión". Así como la tesis aislada XIX.2o.12 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 312, aplicada por identidad de razón, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Juan José de Lejarza, número 137, Interior 3, Planta Alta, zona Centro, en esta ciudad, autorizando para tal efecto e imponerse de los autos a Carlos Abraham Pérez Rojas, Tomas Toscano Peña, Rafael Flores Sepúlveda y Oscar Daniel Patiño Toscano, toda vez que no fueron autorizados en términos del artículo 12 de la ley de Amparo. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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