José Flavio González Portillo

Expediente 1023/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1023/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • José Flavio González Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de dos de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y el Secretario adscrito a dicha junta, mediante el cual, remitió copia certificada de la actuación de cinco de julio de la anualidad en curso, dictada en el expediente laboral **** de la que se advierte que el trabajador actor aquí quejoso se desistió del referido juicio, en razón de que le fueron cubiertas las prestaciones reclamadas, ordenándose el archivo del expediente como asunto totalmente concluido; constancias con las que, a su parecer, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ya le transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para manifestarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, este juzgado procede a pronunciarse respecto a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida: II. Relación de constancias. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó por una parte y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *****, para los siguientes efectos: "[.] ( De inmediato, gire nuevo exhorto, en el juicio laboral de origen ******, de su índice, realizando todos los actos tendientes a su alcance, a fin de lograr el emplazamiento de quién resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo denominada ************. ( Asimismo, hecho lo anterior lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en caso de que no haya sido posible su celebración por causas ajenas a la responsable, deberá fijar una nueva fecha que se ajuste al plazo de quince días que establece el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, hasta su celebración. [.]" Por lo que en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. Mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y el Secretario adscrito a dicha junta, mediante el cual, remitió copia certificada de la actuación de cinco de julio de la anualidad en curso, dictada en el expediente laboral ****** de la que se advierte que el trabajador actor aquí quejoso se desistió del referido juicio, en razón de que le fueron cubiertas las prestaciones reclamadas, ordenándose el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. III. Se declara sin materia. En tal orden de ideas, si, como se indicó, la protección de la Justicia Federal tenía por efecto que se le otorgara a la parte quejosa el derecho de que la autoridad responsable girará nuevo exhorto, en el juicio laboral de origen ********, de su índice, realizando todos los actos tendientes a su alcance, a fin de lograr el emplazamiento de quién resultará ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo denominada ******* Asimismo, una vez hecho lo anterior se llevaría a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, en consecuencia, con el objeto de poder dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó todos y cada uno de los trámites necesarios para estar en aptitud de celebrar la referida audiencia, no pudo llevarse a cabo, en razón de que la parte quejosa, se desistió del referido juicio, al habérsele cubierto las prestaciones reclamadas, ordenándose el archivo del expediente de origen, como asunto totalmente concluido, lo cual redunda en la imposibilidad material y jurídica de la autoridad responsable para cumplir cabalmente con la sentencia de amparo, pues ésta, a pesar de haber realizado las actuaciones a su alcance tendientes a cumplir con el fallo protector, no fue posible por las expresadas razones. Es decir, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza dado que la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con la separación y consignación de la autoridad, tampoco podría hacerlo la autoridad sustituta. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto". Entonces, si bien del artículo 80 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por el derecho de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En consecuencia, los impedimentos analizados en párrafos precedentes para cumplir la ejecutoria de amparo encuadran dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituyen un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, y su planteamiento no constituye de ninguna manera sólo un subterfugio de la autoridad para eludir el cumplimiento, o bien, para ser exonerada de las sanciones respectivas, pues así se desprende de las constancias de autos. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 134, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación". Por tanto, este Juzgado considera que lo procedente en el caso es declarar SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR dado que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva o contumaz sino que por el contrario, ha demostrado la imposibilidad jurídica y material que existe para el acatamiento a los deberes impuestos, como quedó determinado, de tal manera que la naturaleza del acto no lo permite tal y como se desprende de lo relatado en este proveído. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2026767, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Archivo Ahora bien, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, sin que se promueva dicho medio de defensa, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, este expediente es CONSERVABLE, por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dicha transferencia deberá realizarse exclusivamente con las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, en términos del artículo 9º del acuerdo general en cita. Con fundamento en el artículo 25 del acuerdo general en mención, se designa a las personas Secretaria de Juzgado y Actuario Judicial encargados del presente expediente, conforme a su mesa y/o terminación, para que certifiquen, respectivamente, que todas las promociones, documentos, autos y resoluciones emitidas en el presente juicio se encuentran incorporadas en el expediente electrónico y que todas las constancias de notificación se encuentran igualmente incorporadas al mismo. Con apoyo en el numeral 34 del propio ordenamiento, se instruye al Oficial Judicial C encargado del presente expediente para que hagan constar mediante sello en la carátula del expediente la leyenda correspondiente a la valoración documental. Sin que en el caso que en el presente expediente obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio que remite la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual remite el original del Acuerdo de devolución XXX, en el cual se ordenó desincorporar de la espera jurídica de la parte quejosa la normativa tildada de inconstitucional, respecto los recibos oficiales XXX, así como el Trámite Manual de Pago de folio XXX que ampara la cantidad de XXX cantidad que resultó en favor del quejoso; lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Requerimiento. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto, realice lo siguiente: Acredite que entregó a la parte quejosa la cantidad de XXX cantidad que resultó en su favor. Ello en atención a los efectos de la ejecutoria de amparo: "Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada -artículo 45, fracción I, antepenúltimo y penúltimo párrafos, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno-, en la parte relativa que contempla el cobro de una sobre tasa del 100%, en tratándose de predios no edificados; sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto de impuesto predial. El Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, devuelva a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, respecto de lo que consta en los recibos oficiales XXXX, únicamente por lo que respecta a la sobretasa del 100% cien por ciento que se declaró inconstitucional, es decir, el excedente de un predio edificado." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del presente año; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere. En razón de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acuda a las instalaciones que ocupa la Unidad de Enlace Administrativo Jurídico de Tesorería, ubicada en planta baja, del nuevo Municipal CISZ, ubicado en avenida Prolongación Laureles número 300 colonia Tepeyac en Zapopan, Jalisco, a recibir la cantidad que resultó a su favor antes referida; bajo el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, y una vez agotado el procedimiento correspondiente, se procederá a lo conducente respecto a la ejecutoria dicta. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se requiere a la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, ordene a la citada Secretaría o a quien corresponda, a que dé cumplimento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Certificación. Vista la certificación que antecede, se advierte que en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la Líder de Proyecto en la Administración Regional en Zapopan, Jalisco, informando que se tienen programadas las publicaciones de los edictos a fin de emplazar al tercero interesado ********************, tanto para el Diario Oficial de la Federación, como para el Periódico Excélsior, los días doce, diecinueve y veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Se solicita. Por tanto, se solicita al Líder de Proyecto en la Administración Regional en Zapopan, Jalisco, que de no tener inconveniente, informe el trato dado a dichos edictos. Diferimiento. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y se señalan las once horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

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