José Fidencio Sánchez Hernández
Expediente 918/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Fidencio Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 94/2020-IV, formado con motivo del diverso 519/2020, derivado del juicio en que se actúa, sin que se realice pronunciamiento alguno, toda vez que por auto de veinticinco de febrero del año en curso, se tuvo por recibido la misma información acordándose lo conducente, por lo que agréguese únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese...MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 94/2020-IV formado con motivo del diverso 519/2020 número de orden 551/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional, relativo al juicio en que se actúa, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo correspondiente. Notifíquese...MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Recepción de oficio. Por recibido el oficio 17052/2020, emitido por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en relación con el expediente 542/2020, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por José Fidencio Sánchez Hernández, por declararse incompetente, al que anexa el original del sumario y original de constancias de la causa 405/2014 en un cuadernillo por cuerda separada. Acúsese recibo. Registro de la demanda. En ese sentido, este Juzgado Federal acepta la incompetencia planteada y procede a avocarse al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 918/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince, la demanda de amparo promovida por José Fidencio Sánchez Hernández, contra actos del Tribunal Superior Militar y otras autoridades. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional;b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Análisis del escrito. Ahora, en el escrito de demanda José Fidencio Sánchez Hernández, reclama: IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclamada de la autoridad responsable, señalada como ordenadora TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR, la resolución de Segunda Instancia de fecha 11 de octubre de 2019, cuyos puntos resolutivos dicen: ".PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Mexicano (sic), 57, 720 y 741 del Código de Justicia Militar, SE DECLARA LA INCOMPETENCIA OCNSTITUCIONAL de los TRIBUNALES MILITARES, para seguir conociendo de la CAUSA PENAL NÚMERO 405/2014, instruida por el Juez primero Militar adscrito ala (sic) I R.M., en contra del CABO JARDINERO José FIDENCIO SÁNCHES HERNÁNDEZ, por el délito de Portación de Arma de Fuego sin Licencia, previsto en el artículo 9 fracción I, en relación con el diverso 24 y sancionado por el numeral 81, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos. [.]. De lo anterior, se desprende que lo que pretende reclamar en esta vía el quejoso es la determinación del Tribunal Superior Militar que en la que se declaró incompetente para conocer del asunto de origen; de tal modo, respecto de dicha actuación se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El precepto en comento dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; El precepto legal reproducido establece el tipo de interés que debe tener la parte afecta en el juicio de amparo, para que éste prospere, el cual se da, en dos supuestos de procedencia: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". No está por demás señalar que el Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la parte quejosa debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esas hipótesis aplique la connotación del "interés legítimo". En cambio, en el segundo supuesto el administrado aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos (materia ambiental, protección al consumidor, etcétera). De esa manera, uno de los principales objetivos pretendidos con la aludida reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, fue precisamente permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante significar que al acudir al juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que el promovente aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el Órgano de Control Constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que aduzca el quejoso producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Con base en tal concepción, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando los actos de autoridad que se combaten en el juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del demandante. En el caso, el acto reclamado consiste en la determinación judicial de segundo grado, en la que se declaró la incompetencia de los tribunales militares para seguir conocimiento de la causa 405/2014, instruida por el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, por el delito de portación de arma de fuero sin licencia, dejando insubsistente todo lo actuado hasta antes del dictado del auto de plazo constitucional, y previa suspensión del procedimiento remitir los autos junto con los objetos al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, en turno. Ahora, del sumario se desprende la existencia del oficio 18712 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (página 255 del archivo PDF), del que se desprende que dicho órgano informó que la causa penal 3/2019-II-A de su índice se encuentra en etapa de instrucción y desahogo de pruebas. De lo que se tiene que el Juzgado en cita aceptó la incompetencia planteada, pues incluso se encuentra tramitando su integración. Por tanto, se considera que la determinación por la cual se declaró la incompetencia de los tribunales militares para conocer de la causa de origen no crea, modifica o extingue derecho alguno; tampoco le impone alguna obligación, ni modifican alguna situación jurídica creada con anterioridad y, por tanto, la información contenida en el acta reclamada, no puede considerarse como invasiva de su esfera jurídica. En efecto, de la determinación en comento no se impone obligación alguna al quejoso ni se modifica su situación jurídica porque constituye únicamente una declaración de incompetencia que pudo haber sido negada, sin que se modifique o extinga algún derecho del promovente. Ello, pues en todo caso la decisión de haber aceptado el conocimiento propuesto por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez es el momento en el que se originó una afectación al quejoso. Esto debido a que por sí misma una determinación de incompetencia es una propuesta, misma que depende una aceptación por parte del órgano exhortado para que conozca del asunto, y es hasta en ese momento (en que se acepta) que se genera un cambio en la esfera jurídica de las partes inmersas. En tal sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia; consecuentemente, en términos del diverso 113 del propio ordenamiento legal se desecha la demanda. Lo anterior, porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, máxime que se recibe ya integrado, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con los términos de su demanda; lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso promueva oportunamente los medios para defender sus derechos. Domicilio del quejoso. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Sin embargo, por única ocasión, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en calle Iztaccíhuatl, número 104, Colonia Ajusto, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México y notifique la presente determinación a la parte quejosa. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdicción a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese por medio de exhorto...mesa 8
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- José Eusebio Gama Álvarez811/2020
- José Facundo Cruz López1144/2022
- José Federico Barrerqa Ocadiz1310/2018
- Jose Felipe Arellanos Moreno88/2018
- José Fernando Gómez Mora277/2022
- José Fernando Lozada Martín515/2021
- José Francisco Barajas Pérez602/2023
- Jose Francisco Flores Cayetano102/2023
- José Francisco Flores Guzmán832/2020
- José Francisco Gómez Saldaña1504/2017
- Jose Francisco Gómez Saldaña1083/2019
- José Francisco Hernández Peña y Otros.1480/2023