Jose Fernando Zagal de la Cruz
Expediente 1024/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juzgado de Primera Instancia Especializada En Control del Distrito Judicial Unico del Estado de Morelos
- Jose Fernando Zagal de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se negó el amparo y protección en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que en el presente asunto únicamente fue formado el original del incidente de suspensión, glósese el mismo para que obre como corresponda. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en el artículo y 214 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14 fracción II, y 17 fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN, por lo que remítase al archivo de trámite de este juzgado y una vez que transcurra la temporalidad de TRES AÑOS, transfiérase a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos, conforme al numeral 9 del citado acuerdo. Por cuanto al incidente de suspensión el mismo es conservable, al haberse concedido la medida cautelar definitiva, con fundamento en la fracción III, inciso b) del artículo 17 del referido Acuerdo General. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa Isela Nabor Pineda, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 1024/2022 Quejoso: José Fernando Zagal de la Cruz Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1024/2022. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, José Fernando Zagal de la Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra Elvia Terán Peña, Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, por el acto reclamado siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El auto de VINCULACIÓN A PROCESO dictado por la autoridad responsable en fecha 02 de junio del año dos mil veintidós, dictado en contra del C. JOSÉ FERNANDO ZAGAL DE LA CRUZ, por el delito de COHECHO, cometido en agravio de A.A.F." (sic) 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, tuvo con el carácter de terceros interesados a A.A.F. -víctima-, Rocío Arenas Silva -asesora jurídica adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos- y a la Agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, las cuales fueron emplazadas, la última de las citadas, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, la primera, el uno de julio siguiente y la segunda, el cuatro de julio de dos mil veintidós, sin que comparecieran al juicio. En el mismo auto, este juzgado dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, el veinticinco de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional y el veintiocho de septiembre siguiente, la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este juzgado, en el cuaderno auxiliar 339/2022 de su índice, emitió la sentencia respectiva, en la que determinó negar el amparo solicitado. Inconforme con esa determinación, el aquí quejoso interpuso el recurso de revisión 596/2022, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, a efecto de que este juzgado solicitara a la Jueza responsable los registros de audio y video de las audiencias que se hayan llevado a cabo durante la etapa inicial en la causa penal de origen, a fin de constatar la formulación de imputación que le fue realizada al imputado y la solicitud de vinculación a proceso, para resolver en su integridad respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. En cumplimiento a lo determinado por la Superioridad, este juzgado mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, requirió a la juzgadora responsable para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación de ese proveído, remitiera los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo durante la etapa inicial de la causa penal de origen; hecho lo cual, el quince de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal, en todas las materias y con ejecución material dentro de la citada jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Elvia Terán Peña, Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Acto reclamado El auto de vinculación a proceso, que se hizo constar por escrito el dos de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 13/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictado por la Jueza responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal JC/1195/2020, en contra de José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-, por el hecho delictivo de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima A.A.F. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Elvia Terán Peña, Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado. Además, remitió [a] copias certificadas relativas a la causa penal JC/1195/2020 de su índice, y [b] un medio electrónico consistente en el disco versátil digital en el que obra copia certificada de los registros de audio y video de (1) la audiencia pública de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que se realizó formulación de imputación al aquí quejoso, y (2) la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó vincular a proceso al aquí impetrante de amparo, sin que se inadvierta que dicho disco tiene valor de documental pública. En esas condiciones, a las citadas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente pues el aquí quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue notificado de la resolución de vinculación a proceso reclamada el tres de junio de dos mil veintidós, sin que de autos de la causa penal de origen, se advierta una fecha diversa en que se hubiere realizado ésta; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, descontando el once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año citados, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintidós de junio de dos mil veintidós, decimotercer día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, no se hizo valer alguna de ellas, y de oficio no se advierte su actualización, por tanto, se procede al estudio del asunto. Sin que se inadvierta que el presente juicio de amparo resulta procedente dado que se reclama la determinación mediante la cual se vinculó a proceso al aquí quejoso; lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. VI. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se debe negar la protección constitucional solicitada, como se expondrá a continuación. Previo al estudio de los conceptos de violación es necesario precisar que, de las constancias que integran la causa penal JC/1195/2020, así como del medio electrónico consistente en el disco versátil digital que remitió la juzgadora responsable en copias certificadas, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, la Agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, solicitó audiencia inicial para formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y cierre de investigación en contra de José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-; solicitud que se acordó favorable en auto de veintiuno de octubre siguiente. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia en la cual la agente del ministerio público investigadora llevó a cabo la formulación de imputación a José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-, por el hecho delictivo de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima A.A.F. Una vez formulada la imputación, el aquí quejoso se abstuvo de rendir su declaración, pues hizo efectivo su derecho a no declarar, y solicitó la ampliación del término a ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, por lo que se difirió tal audiencia sin que se le impusiera alguna medida cautelar, toda vez que no se justificó dicha solicitud por la fiscalía. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Fernando Zagal de la Cruz, por el hecho delictivo de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima A.A.F. Inconforme con esa determinación el aquí quejoso presentó la demanda de amparo indirecto 683/2021 de la que correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, determinó negar el amparo solicitado, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, ya que la sentencia correspondiente puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso el amparo en revisión 13/2022 del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: "(24) Por tanto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, otorgar la protección constitucional al quejoso, respecto del auto de vinculación a proceso que se reclama, para el efecto de que sea subsanada la deficiencia advertida, de manera que la juez especializada de control responsable, retome la decisión emitida en la continuación de la audiencia inicial de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en que dictó el auto de vinculación a proceso al quejoso, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracciones IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y haga constar por escrito el auto de vinculación a proceso que decretó oralmente al hoy recurrente, dentro de la causa penal JC/1195/2020, en la inteligencia de que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, es decir, no deberá sustituir o complementar lo expresado en la audiencia. (25) Asimismo, al subsanar el mencionado vicio formal, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de la resolución de vinculación a proceso, como el auto escrito, conforman una unidad, sea nuevamente notificado al quejoso, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. (.)" En cumplimiento a lo determinado, el dos de junio de dos mil veintidós, la juzgadora responsable hizo constar por escrito el auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal JC/1195/2020, en contra de José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-, por el hecho delictivo de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima A.A.F. Esta última determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, precisado lo anterior, se destaca que, el aquí quejoso fue asistido de una defensa técnica previo al dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama en esta instancia, pues como se advierte de la copia del audio y video de la audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que se llevó a cabo la formulación de la imputación del aquí quejoso, en esa diligencia compareció Óscar López Macedo, en su carácter de defensor público, quien señaló contar con la cédula profesional número 5296376, expedida por la Dirección General de Profesiones Dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho. Lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al ordinal 2 de esta última, pues fue corroborada en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. De igual forma, en esa audiencia la juzgadora responsable cuestionó al imputado -aquí quejoso-, si le habían hecho saber sus derechos y si los había entendido, el cual manifestó que sí, además le explicó que entre esos derechos se encontraba el de tener una defensa técnica adecuada, y preguntó al imputado si estaba de acuerdo en que el defensor público que lo asistía fuera designado con ese carácter, manifestando que sí deseaba señalar como su defensor al profesionista que lo acompañaba, mismo que en ese momento aceptó y protestó el cargo conferido. Asimismo, la juzgadora preguntó al imputado la forma en que deseaba proporcionar sus datos personales, manifestando éste que de manera reservada; y, llegado el momento en el que se le cuestionó si deseaba declarar, la juzgadora responsable le hizo saber, que podía abstenerse de hacerlo, pues en su caso, todo lo que manifestara podría ser usado en su contra, por lo que el imputado se reservó tal derecho. Una vez precisado lo anterior, para contextualizar el asunto, previo al estudio de los conceptos de violación, se precisa que la formulación de imputación llevada a cabo por la agente del ministerio público el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se sustentó, esencialmente, en los hechos siguientes: Que derivado de la emergencia de salud relacionada a la pandemia por covid 19, dentro del Ayuntamiento municipal de Cuernavaca, Morelos, se dio la creación de un comité municipal de contingencia, generando con ello una directiva municipal con el fin del cierre temporal total de los comercios, con excepción de aquellos que se consideraran actividades esenciales, motivo por el cual la Subsecretaría de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, Morelos, inició con un operativo con recorridos por células en diversas zonas del municipio, esto con el fin de verificar que las negociaciones se encontraran cerradas y, en caso de encontrar en funcionamiento alguna con actividades no esenciales, se iniciaría con un procedimiento de sanción, en términos de lo previsto por el numeral 34 del Reglamento de Protección Civil para el municipio de Cuernavaca, Morelos, el cual consistía en que los inspectores de la Subsecretaría de Protección Civil municipal, acudirían al domicilio en el cual se encontrara el negocio con actividades no esenciales, dando inicialmente una amonestación verbal, con la indicación de que el negocio debía permanecer cerrado, y en caso de hacer caso omiso, dichos inspectores se encontraban facultados para realizar una amonestación por escrito de la que dejarían constancia en el expediente que para tal efecto se generara. Sin embargo, en caso de ignorar dicha amonestación, los inspectores procederían a levantar una minuta con la cual se aplicaría una sanción, calificada por el Subsecretario de Protección Civil, en atención a la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, esto por haber hecho caso omiso a la amonestación escrita realizada; pero en caso de reincidencia, dichos inspectores podrían proceder al cierre del negocio a través de una suspensión temporal, de la cual se levantaría constancia para ser agregada al expediente respectivo; documentos que debían ser firmados por el personal de protección civil y el propietario de la negociación. En el caso, el veintisiete de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas, el ahora imputado, en su carácter de servidor público, como inspector de la Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca y a cargo de la célula tres conformada por él y otras dos personas de dicha Subsecretaría, se encontraba en un operativo, con la finalidad de verificar que los establecimientos comerciales cumplieran con las directivas emitidas por el Comité Municipal de contingencia Covid-19; por lo que llegó a bordo de su unidad oficial, al negocio denominado "Estética Ara", ubicado en la avenida Ahuatlán sin número, Colonia Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca, Morelos, propiedad de la víctima A.A.F., el cual se encontraba con la cortina abierta, ya que tanto la víctima como María Teresa Flores Porcayo y la menor de edad de iniciales M.M.T. se encontraban en el interior realizando limpieza y sacando a la banqueta mobiliario propio de la estética, para facilitar las maniobras de limpieza. Sin embargo al momento en que el imputado en su carácter de servidor público, como inspector de la Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca, ingresó a este negocio, se dirigió directamente con la víctima, a quien le refirió que por tener el negocio abierto ameritaba una multa, que era una persona inconsciente y que ya la habían denunciado, a lo que la víctima le respondió al imputado que únicamente estaba haciendo limpieza en el lugar y no estaba dando servicio al público porque cerraría el lugar, momento en el que el imputado comenzó a reírse y dijo "dame dos mil pesos y no te clausuro, porque esto amerita clausura", lo que le molestó a la víctima porque el imputado le condicionó el pago de una cantidad para evitar clausurarle, y además le mencionó: "usted vea, porque las multas son carísimas", a lo que la víctima le dijo que lo iba a denunciar por haberle pedido dinero. Enseguida, las personas que acompañaban al imputado comenzaron a tomar fotografías del lugar, mientras que la víctima y sus acompañantes metieron el mobiliario y procedieron a cerrar el negocio y retirarse del lugar hacia su domicilio, donde los observaron a través de las cámaras de seguridad con las que cuentan, en las que apreciaron que el imputado y sus acompañantes permanecieron afuera del negocio por cerca de cuarenta minutos realizando el llenado de una minuta, y fue al paso del tiempo que hasta el lugar arribó una unidad de la policía municipal de Cuernavaca, Morelos, con número mil ochocientos setenta y siete, de la que descendieron policías con sellos de suspensión, los que pegaron en la cortina de la negociación junto a la minuta levantada con el incidente, y en la que consta la suspensión del negocio por realizar actividades que ponen en riesgo a la población, acta que se levantó sin atender al procedimiento de suspensión de comercios ya que no existió amonestación verbal, escrita ni sanción por la omisión, por parte del personal de la Subsecretaría de Protección Civil municipal, para que fuera procedente la suspensión del negocio. Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio de los tres primeros conceptos de violación, en los que el quejoso esencialmente aduce que, el auto de vinculación a proceso reclamado, es violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado A, fracciones IX y X, 21, 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues vulnera sus derechos de libertad, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia, por los motivos siguientes: Porque existe una insuficiencia probatoria, ya que refiere el quejoso que la ministerio público no aportó datos de prueba que justificaran que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de cohecho ni de los que se desprenda que el impetrante de amparo haya participado en su comisión; con lo cual, dice que a su vez se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pues se otorgó valor incriminatorio a indicios contradictorios entre sí, que no acreditan su probable participación en el hecho delictivo que se le atribuye, es decir, cómo, cuándo y dónde se cometieron tales hechos. Aduce el quejoso, que en el auto de vinculación a proceso existió una valoración indebida y parcial de los datos de prueba ofertados por la representante social, pues no está acreditado que el imputado haya recibido cantidad de dinero alguna ni tampoco que dejó de realizar su función de acuerdo a lo marcado por la normatividad administrativa, ya que en todo momento actuó apegado a sus funciones y responsabilidades, comprobando que es una persona honorable incapaz de cometer la conducta delictiva, pues la misma víctima reconoció que ya había sido apercibida por mantener en funcionamiento su negociación, incluso en su declaración refiere una clausura que nunca se dio, porque lo que se realizó fue la suspensión temporal de la negociación, por así marcarlo la norma, debido a la contingencia sanitaria. Además, aduce que la defensa oficial estableció que el actuar del quejoso está fundado, motivado y documentado, lo que inobservó la juzgadora responsable, pues únicamente calificó de forma parcial los datos de prueba ofertados por la representación social. Refiere el impetrante de amparo, que no se acreditó el hecho que la ley señala como delito de cohecho, toda vez que para vincularlo a proceso no se demostraron los elementos subjetivos, objetivos y normativos del delito. Son infundados los conceptos de violación de referencia. Es así, tomando en cuenta el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), con registro digital 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para resolver sobre la vinculación a proceso de un imputado, no deben examinarse los elementos del delito, sino que sólo se exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal hecho por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento. Con lo anterior se busca que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación; pues la norma constitucional no exige que en el auto de vinculación a proceso se deban acreditar los elementos objetivos, normativos o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, que es la etapa donde el juzgador decide si el delito quedó o no acreditado. Lo cual es acorde a la naturaleza procesal del auto que resuelve sobre la vinculación a proceso; es así puesto que, para su dictado, solo se requiere que de la imputación que formule la fiscalía se aprecien datos -no pruebas-, que establezcan -no que comprueben-, que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La jurisprudencia de referencia es del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En ese contexto, la juzgadora responsable correctamente se ajustó a tales requisitos al emitir el auto de vinculación a proceso reclamado, ya que consideró que los datos de prueba eran suficientes para tener por acreditado el hecho calificado por la ley como delito de cohecho y la probable participación del imputado en éste; por lo que contrario a lo afirmado por el quejoso en el concepto de violación que se analiza -sintetizado como inciso c)-, para el dictado del auto de vinculación a proceso no resulta necesario que se acreditaran los elementos subjetivos, objetivos y normativos del delito. Así, la jueza responsable determinó en el auto de vinculación a proceso reclamado, que los datos de prueba aportados por la agente del ministerio público, para ese estadio procesal, establecían de manera indiciaria que se ha cometido un hecho calificado por la ley como delito de cohecho y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues esencialmente determinó que se justificó que el imputado, encontrándose en funciones propias como inspector de la Subsecretaría de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, Morelos, solicitó a la víctima $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), para no clausurarle su negocio. Lo anterior, toda vez que consideró la juzgadora responsable que la fiscalía realizó la formulación de imputación por cuanto al delito de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos, que establece que comete ese delito, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para cumplir o dejar de cumplir con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Por lo que para acreditar el hecho establecido como delito de cohecho y la probable participación del imputado, la juzgadora responsable señaló en la resolución de vinculación a proceso los datos de prueba aportados por la fiscalía, en los cuales sustentó su determinación, a saber: La declaración de la víctima A.A.F., de veintisiete de mayo de dos mil veinte, ante la agente del ministerio público, en la que realizó un señalamiento directo en contra del imputado, aquí quejoso, como la persona que le solicitó $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) para no clausurarle su negocio. Declaración de la testigo María Teresa Flores Porcayo de uno de junio de dos mil veinte, que robustece la declaración de la víctima por haber presenciado los hechos imputados. Entrevista de la menor de edad M.M.T. de tres de junio de dos mil veinte, asistida por su madre Agustina Torres Linares y por la psicóloga Yuridia Castrejón Figueroa, que también robustece la declaración de la víctima por haber presenciado los hechos de mérito. Informe de investigación de uno de junio de dos mil veinte, emitido por el Agente de Investigación Criminal Adolfo Colín Pineda, quien informó que se trasladó a la negociación "Estética Ara", ubicada en avenida Ahuatlán sin número, colonia Lomas de Ahuatlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, la cual se encuentra con sello de suspensión, y el veintinueve de mayo de dos mil veinte, entrevistó a Esperanza Ortega Gómez, comerciante que vende comida en el local ubicado en avenida Lomas de Ahuatlán número dos, colonia Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca, Morelos. Entrevista realizada por el referido Agente de Investigación Criminal Adolfo Colín Pineda a Esperanza Ortega Gómez de uno de junio de dos mil veinte, persona que refirió que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, se percató que llegaron a la "Estética Ara", tres personas del sexo masculino y empezaron a cuestionar a su vecina por tenerlo abierto, lo cual no era cierto porque tenía como dos semanas cerrado, y se percató que después clausuraron el negocio, mismo que se encuentra a unos quince metros del negocio de ella. Informe de investigación de dos de junio de dos mil veinte, realizado por el Agente de Investigación Criminal Adolfo Colín Pineda, en donde entrevista a Luis Noé Bretón Pérez, quien se encuentra a cargo de la Supervisión de Protección Civil de Cuernavaca, cuyas funciones son realizar operativos y supervisar actividades con motivo de la contingencia por covid 19, refirió que existen células donde realizan supervisión en diferentes zonas de Cuernavaca, para verificar que no se realicen actividades no esenciales, estableciendo en su caso, primero una amonestación verbal, un apercibimiento escrito y posteriormente ante la omisión del apercibimiento escrito, se establece una sanción por escrito que puede ser clausura; mecanismo que se usa en todas la negociaciones. Informe en materia de informática de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por Dulce María Félix García Brito, quien informó que se constituyó en avenida Ahuatlán sin número, colonia Lomas de Ahuatlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, "Estética Ara", a revisar los videos del veintisiete de mayo de dos mil veinte, entre las catorce y quince horas, y describió lo observado en dichos videos. Oficio de dos de junio de dos mil veinte, suscrito por Gonzalo Alberto Varquím Granados, Subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, en el que informa sobre la inspección de la negociación "Estética Ara" (minuta de trabajo realizada por el imputado el veintisiete de mayo de dos mil veinte). Oficio de nueve de junio de dos mil veinte, suscrito por Gonzalo Alberto Varquím Granados, mediante el cual informa sobre el operativo de seguridad por parte del Comité Municipal de Covid-19. Oficio suscrito por Aldo Escudero Torres de tres de junio de dos mil veinte, como Director de lo Contencioso Administrativo de Morelos, donde informa el alta del servidor público José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-, como trabajador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Oficio de veinte de julio de dos mil veinte, suscrito por Gonzalo Alberto Varquím Granados, donde remite copia de acuerdo de cabildo de información del Comité covid-19 de Cuernavaca, Morelos. Declaración de A.A.F. -víctima-, en la que dice que es diabética y que al ir a ver el monto de la multa la trataron mal y no la dejaron hacer el pago. Declaración de Luis Noé Bretón Pérez, de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la que manifiesta que es supervisor de la Subsecretaría de Cuernavaca, Morelos. Con los referidos datos de prueba, la juzgadora responsable estimó que se justificaba hasta ese momento procesal analizado, que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de cohecho y de éstos se desprende que el imputado -aquí quejoso-, lo cometió o participó en su comisión. Ello, pues explicó que justifican lo siguiente: La calidad específica que se requiere del imputado como servidor público, lo cual tuvo por indiciariamente demostrado con el oficio signado por Aldo Escudero Torres, de tres de junio de dos mil veinte, como Director de lo Contencioso Administrativo de Morelos, donde informó el alta del servidor público José Fernando Zagal de la Cruz -aquí quejoso-, como trabajador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que con los datos de prueba analizados, se justifica que una persona que es servidor público, el veintisiete de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas, se constituyó en la negociación ubicada en avenida Ahuatlán sin número, colonia Lomas de Ahuatlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, con razón social "Estética Ara", propiedad de la víctima A.A.F. y le solicitó $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), para no clausurar la negociación, pues tanto la víctima como las testigos María Teresa Flores Porcayo y la menor M.M.T., realizan un señalamiento directo en contra del aquí quejoso a quien identifican como esa persona que solicitó dicha cantidad de dinero. Que si bien el imputado levantó una minuta paso a paso de lo que se llevó a cabo el veintisiete de mayo de dos mil veinte, la cual incluso enumeró específicamente su defensor; sin embargo, en esa minuta se tuvo que haber realizado primero una amonestación verbal, como así lo informaron tanto el inspector como el director del ayuntamiento, de la cual debió levantarse acta circunstanciada, en términos de la fracción V del artículo 34 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, pues es claro en establecer que de toda visita se levantará acta circunstanciada, ya que las amonestaciones y apercibimientos deben realizarse por escrito, por lo que aun si existió un apercibimiento verbal, se debió levantar un acta circunstanciada, lo cual no aconteció. En consecuencia, no asiste razón al impetrante de amparo al afirmar que existe insuficiencia probatoria, ya que el ministerio público no aportó datos de prueba que justificaran que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de cohecho ni de los que se desprenda que el impetrante de amparo haya participado en su comisión -concepto de violación sintetizado como inciso a)-; pues contrario a ello, como ya se evidenció sí fueron señalados los datos de prueba con los cuales indiciariamente se tuvo por acreditada esa circunstancia. De igual forma, si bien el quejoso señaló en el concepto de violación sintetizado como inciso a), que la juzgadora responsable vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pues otorgó valor incriminatorio a indicios contradictorios entre sí, que no acreditan su probable participación en el hecho delictivo que se le atribuye, no destacó a qué indicios o datos de prueba se refiere, ni evidenció las contradicciones de éstas, sin que se puedan advertir de la vinculación a proceso reclamada, pues la juzgadora sí fue específica en señalar los datos de prueba que consideró para sustentar lo determinado y las razones y motivos por las que estimó que creaban convicción para tener por demostrado el hecho y la probable participación del imputado. Además, de los datos de prueba señalados por la juzgadora responsable sí se advierten el lugar, tiempo y modo de comisión del hecho que la ley señala como delito, pues precisó que el imputado, en su calidad de servidor público, el veintisiete de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas, se constituyó en la negociación ubicada en avenida Ahuatlán sin número, colonia Lomas de Ahuatlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, con razón social "Estética Ara", propiedad de la víctima A.A.F. y le solicitó $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), para no clausurar la negociación, y tanto la víctima como las testigos María Teresa Flores Porcayo y la menor M.M.T., realizan un señalamiento directo en contra del aquí quejoso a quien identifican como esa persona que solicitó dicha cantidad. Ahora bien, por cuanto a lo señalado en el concepto de violación sintetizado como inciso b), en donde el quejoso aduce que en el auto de vinculación a proceso reclamado existió una valoración indebida y parcial de los datos de prueba ofertados por la representante social, pues no está acreditado que el imputado haya recibido cantidad de dinero alguna ni tampoco que dejó de realizar su función de acuerdo a lo marcado por la normatividad administrativa, ya que en todo momento actuó apegado a sus funciones y responsabilidades, comprobando que es una persona honorable incapaz de cometer la conducta delictiva, pues la misma víctima reconoció que ya había sido apercibida por mantener en funcionamiento su negociación, incluso en su declaración refiere una clausura que nunca se dio, porque lo que se realizó fue la suspensión temporal de la negociación, por así marcarlo la norma debido a la contingencia sanitaria. Es infundado dicho argumento, pues el delito de cohecho se comete tan solo con haber solicitado el dinero, en los términos que ese delito menciona -según el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Morelos-, aunque no se reciba éste. Sirve de aplicación por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 99/2001, con registro digital 188281, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COHECHO ACTIVO, ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 222, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 174, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN. De la descripción típica de cohecho activo, que hacen los mencionados preceptos legales, en el sentido de que comete tal ilícito el que dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un funcionario o servidor público, para que haga u omita hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, se obtienen los siguientes elementos: el dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un servidor público y que el propósito de tal entrega u ofrecimiento debe consistir en que el funcionario público haga o deje de hacer un acto, justo o injusto, relacionado con sus funciones. Al respecto es conveniente precisar que el tipo penal no requiere de la aceptación del servidor o funcionario público; además, para la configuración del delito, por lo que hace al primer elemento, basta con demostrar que se entregó u ofreció dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria al servidor público y para tener por acreditado el elemento consistente en el propósito de tal entrega u ofrecimiento al servidor público, es indispensable que se demuestre que la acción u omisión que se le pidió realizar tiene conexión con las funciones con que está investido por el cargo público que le fue conferido, pues sólo en este caso se pone en peligro el debido funcionamiento de la administración pública, bien jurídico que tutela el delito de cohecho." Lo anterior, porque si bien se refiere al supuesto en el que al servidor público es a quien se le da u ofrece dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria, para que haga u omita hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, y no al caso en el que es éste quien lo solicita, lo trascendente es que se señala que para configurar el ilícito no se requiere la aceptación, basta con demostrar que se ofreció el dinero, dádiva o ventaja pecuniaria. Además, en concatenación con lo anterior, sirve de sustento la tesis con registro digital 248593, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COHECHO, DELITO DE. SE INTEGRA CON LA SOLICITUD DE UNA DADIVA, CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS SUJETOS PASIVOS HUBIERAN O NO ENTREGADO EN EFECTIVO LO SOLICITADO. Es evidente que el cohecho se integra con la solicitud de una dádiva, con independencia de que los sujetos pasivos hubieren o no entregado en efectivo lo solicitado, ya que para la configuración en cuestión, basta la solicitud de una dádiva, por constituir aquella una forma de comisión del injusto, como también lo es recibir dinero o dádivas; de lo cual resulta que el ilícito a estudio prevé tres hipótesis, con cada una de las cuales el delito de cohecho se configura: la solicitud de una dádiva, la recepción de cualquier bien y la aceptación de una promesa; de lo que se concluye que si un servidor público solicita una dádiva, es obvio que lo hace porque está dispuesto a recibirla, o en su caso, a aceptar una promesa de entrega de la dádiva; en tal supuesto, el delito se habrá integrado sólo con la solicitud, sin que pueda decirse que si el servidor público recibió lo pedido o aceptó una promesa, incurra nuevamente en el delito comentado, pues tales actos serán consecuencia de aquél, con el que se agotó el tipo, y no delitos autónomos; de ahí que no pueda decirse que en el caso en que se solicite una dádiva, se reciba parte de ella y se acepte una garantía por el resto, se esté ante tres hechos diferentes." Ahora bien, no es obstáculo que el quejoso refiera que su actuar fue apegado a la normatividad administrativa que regula su función, al mencionar que la misma víctima reconoce que ya había sido apercibida por mantener en funcionamiento su negociación, aunado a que la víctima refiere una clausura que nunca se materializó, sino que únicamente se realizó la suspensión temporal de la negociación. Esto es así porque tales manifestaciones, aun de considerarse veraces, no cambian ni desvirtúan el hecho que ha quedado indiciariamente demostrado, para el estado procesal que se analiza, con los datos de prueba en mención, que el imputado, aquí quejoso, al desempeñar un servicio público, solicitó a la víctima la cantidad de dinero señalada, para que no fuera clausurada su negociación, que fue lo que también destacó la juzgadora responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado. De igual forma, es infundado que la juzgadora responsable inobservara que la defensa oficial estableció que el actuar del quejoso está fundado, motivado y documentado, así como que hubiera realizado una calificación parcial de los datos de prueba de la fiscalía, toda vez que la jueza responsable señaló en la determinación de vinculación a proceso reclamada, que si bien el imputado levantó una minuta paso a paso de lo que llevó a cabo el veintisiete de mayo de dos mil veinte, incluso tal minuta la enumeró específicamente el defensor, previo a los actos que llevaron a la suspensión provisional de la negociación, debió haber existido una amonestación verbal, como así lo informaron tanto el inspector como el director del ayuntamiento y como lo establece la fracción V del artículo 34 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, lo cual no se realizó. Sin embargo, con independencia de ese análisis, lo relevante es que la juzgadora responsable sí determinó que con los datos de prueba aportados por la fiscalía se acreditaba la calidad de servidor público del imputado -con el oficio de alta remitido por el Director de lo Contencioso Administrativo de Morelos-, como trabajador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y que en su calidad de inspector de la Subsecretaría de Protección Civil del citado ayuntamiento, ingresó a la negociación de la víctima y le refirió que por tener abierto su negocio ameritaba una multa y le solicitó "dame dos mil pesos y no te clausuro, porque esto amerita clausura", mencionando incluso a la víctima que las multas eran carísimas. De ahí que la juzgadora responsable concluyó que, de manera indiciaria sí se acredita el hecho atribuido al imputado, porque éste encontrándose en funciones propias como inspector de la Subsecretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicitó a la víctima dos mil pesos para dejar de cumplir con las funciones propias de su encargo y ante la negativa de ésta, procedió a la suspensión temporal de la negociación. Ahora bien, el quejoso refirió que la juzgadora calificó de forma parcial los datos de prueba ofertados por la representación social, pero en su caso, es una afirmación genérica y dogmática, pues no precisó qué datos de prueba dejó de analizar ni la forma en que éstos le favorecían, a efecto de evidenciar el perjuicio resentido con dicho análisis parcial. Por otro lado, en el cuarto concepto de violación, el quejoso aduce que la jueza responsable actuó con parcialidad, habida cuenta que subsanó las omisiones y deficiencias en las que incurrió la agente del ministerio público para sustentar su solicitud de vinculación a proceso, comprometiendo con ello la imparcialidad con que debía resolver. Asimismo, aduce el impetrante de amparo en el quinto concepto de violación, que la determinación reclamada vulnera el principio de concentración, continuidad e inmediación por cuanto hace a la audiencia inicial, desde la formulación de imputación y hasta la continuación de la audiencia de vinculación a proceso, dado que la jueza responsable subsanó las deficiencias del órgano acusador. Lo anterior es infundado, pues el quejoso no menciona en qué consisten las omisiones y deficiencias en las que considera incurrió la fiscalía ni tampoco las razones por las cuales la jueza responsable subsanó esas omisiones y deficiencias, lo cual no se advierte del análisis realizado, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, al desestimar los conceptos de violación aducidos, quedó establecido que la determinación reclamada se encuentra apegada a derecho y, por ende, no se advierten las omisiones que en forma dogmática refiere, sin concretizar en qué consisten éstas. Así, al ser infundados los conceptos de violación en estudio, sin que se advierta deficiencia que suplir a favor del quejoso, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a José Fernando Zagal de la Cruz, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada, por las razones analizadas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1024/2022. ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a José Fernando Zagal de la Cruz, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada, por las razones analizadas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1024/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y las remitidas por las autoridades señaladas como responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa; así como las documentales remitidas por las autoridades responsables, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, con lo anterior se cierra este período. Por lo que hace a los discos ópticos en formato "DVD", enviados por la autoridad responsable, considerados como adelanto de la ciencia, de acuerdo con los artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 2º, se ordena su reproducción al momento de emitir la resolución correspondiente. Al no existir pruebas pendientes por desahogar; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución.- Doy fe. LA JUEZA (Firmado electrónicamente) LA SECRETARIA (Firmado electrónicamente).
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