José Fernando Velázquez Domínguez

Expediente 1364/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1364/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Legislatura del Estado de Querétaro
  • José Fernando Velázquez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda los presentes autos se declara que ha quedado firme la resolución de cumplimiento, se ordena archivar los presentes autos, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Atento al contenido del oficio de cuenta, se tiene a la autoridad promovente dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiocho de enero del año en curso (fojas 164 y 165), y al efecto remite las copias solicitadas. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La resolución emitida el veinticuatro de septiembre del año en curso por el Director de Ingresos del Municipio de Querétaro, que alude al pago de lo indebido por pago del Impuesto de Traslado de Dominio, previsto en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro y 59 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y La inconstitucionalidad de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro (Derechos Registrales) y su acto de aplicación. Por lo anterior, mediante proveído dictado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 42 a 44), se previno al promovente a efecto de que precisara el acto que reclama en el presente juicio de amparo. En ese tenor, mediante los escritos aclaratorios, visibles en las fojas 46-47 y 51-52, los cuales se deben de analizar como una unidad, la parte quejosa señaló como acto reclamado únicamente la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio número DI/20185932, signado por la licenciada Karina Sánchez Torres, Directora de Ingresos del Municipio de Querétaro. Expuesto lo anterior y del análisis integral de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, a las cuales se les concede pleno valor probatorio conforme con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º, último párrafo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo indirecto no es procedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. El principio de definitividad que rige al juicio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Considerar que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades. Asimismo, según interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracciones XIV, XVII, XVIII y XX de la Ley de Amparo, deben agregarse los siguientes requisitos por constituir excepciones al principio de definitividad: Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). Contra actos administrativos, respecto de los cuales, ataques a la libertad fuera de procedimiento, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). Los que importen una violación a las garantías individuales consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo vigente). Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional [artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo vigente]; y, Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente); cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ilustra al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En ese contexto, examinadas la totalidad de las constancias que integran el juicio se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio número DI/20185932, signado por la licenciada Karina Sánchez Torres, Directora de Ingresos del Municipio de Querétaro, en la que se determinó improcedente la solicitud de devolución del pago realizado por concepto de Traslado de Dominio, generado en la escritura pública número noventa y un mil doscientos ochenta y tres, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público número siete, de esta ciudad de Querétaro. De lo anterior, se evidencia que en el presente expediente se actualizan los supuestos para que el juicio de amparo resulte improcedente, a saber: Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que a la autoridad responsable a la que se le atribuye el acto reclamado es: Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro. Por tanto, es evidente que la autoridad señalada como responsable no tiene el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado a la autoridad responsable, puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del Juicio Contencioso Administrativo previsto por la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro; aunado que con la interposición del contencioso administrativo es procedente suspender el acto que por esta vía se impugnan sin que se exijan mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para tal efecto. En efecto, los artículos 1° y 4° de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, señalan: "Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público. Tiene por objeto regular la impartición de la justicia fiscal y administrativa en el Estado de Querétaro a través del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, así como juzgar la legalidad de los actos fiscales y administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Querétaro y de sus municipios". "Artículo 4. El juicio contencioso administrativo estatal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Querétaro y de sus municipios, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la Ley". De los numerales en comento, se advierte que contra los actos administrativos de los organismos de la administración pública municipal, procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, que es el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). En efecto, la autoridad señalada como responsable, es de aquellos entes a los que hace referencia los citados artículos 1 y 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, los Juzgados Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, son competentes para conocer y resolver en relación con el acto que por esta vía se combaten, en razón de que se trata de actos administrativos dictados por una autoridad municipal en agravio de un particular. Por otra parte, los ordinales 1º, 3º, 11, 12 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, que disponen: "ARTÍCULO 1. Esta Ley es de orden público; tiene por objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública estatal y municipal, así como de sus órganos descentralizados, fideicomisos y organismos constitucionales autónomos. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de juicio político, fiscal, agraria, laboral, electoral, actos de la Universidad Autónoma de Querétaro, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales." "ARTÍCULO 3. La presente Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, cuando éstas no señalen procedimientos particulares. En lo conducente, se aplicarán supletoriamente a esta Ley, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro." "ARTÍCULO 11. La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, oficiosidad, legalidad, publicidad, igualdad, conveniencia y buena fe, debiendo la autoridad simplificar sus trámites en beneficio del gobernado." "ARTÍCULO 12. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada o de sus representantes legítimos." "ARTÍCULO 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa". Luego, contra el acto que aquí se reclama también procede como medio de defensa, el recurso de revisión previsto en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, el cual es optativo, antes de acudir directamente al juicio de nulidad ante los Juzgados Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Por tanto, si el interesado optare por interponer el recurso de revisión, una vez resuelto, si aún el fallo fuere desfavorable, debe controvertirlo a través del juicio contencioso administrativo, antes de ocurrir al juicio de amparo. En ese sentido, pese a que el ordinal 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, otorga al gobernado la potestad de elegir la interposición o no del recurso de revisión, no dejó a su arbitrio la promoción del juicio contencioso administrativo, por tanto, sí tiene la obligación de agotar este último medio de defensa si tiene la intención de que se declare la nulidad del acto que dice le afecta. Así las cosas, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo en términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro; lo anterior, sin que se desatienda el hecho de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece como excepción al principio de definitividad, aquellos casos en que las leyes del acto admitan la suspensión del mismo, exigiendo mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo; al respecto debe precisarse que los artículos 27 a 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto que aquí se reclama, y no se exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Al efecto se transcribe el contenido de los artículos invocados: "Artículo 27. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio podrán decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 32 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada sede dicho Tribunal cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda". "Artículo 28. Las medidas cautelares se tramitarán de conformidad con el incidente respectivo, el cual se iniciará de conformidad con lo siguiente: I.- La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos: a).- El nombre del demandante y su domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual deberá encontrarse ubicado dentro de la jurisdicción territorial de la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio, así como su dirección de correo electrónico. b).- Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma. c).- Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar. d).- Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar. II.- El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir con lo siguiente: a).- Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar. b).- Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin de correrles traslado. En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente. En los demás casos, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas cautelares son indispensables y el Magistrado o el Juez Administrativo podrán otorgarlas, motivando las razones de su procedencia. La solicitud de las medidas cautelares, se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva". "Artículo 29. El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de setenta y dos horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal, resolverán sobre las medidas cautelares previas que se hayan solicitado. Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Tribunal dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto. Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado o el Juez que hubiere conocido del incidente, podrán modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique". "Artículo 30. El Magistrado Instructor o el Juez podrán decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo". "Artículo 31. En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo que conozca del juicio, las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, los daños y perjuicios que con ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio, garantía que deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedará a disposición del Tribunal. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se requerirá a las partes afectadas para que proporcionen todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía. Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Tribunal deberá condenar a pagar la indemnización administrativa que corresponda". "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I.- Se concederá siempre que: a).- No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. b).- Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a).- Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1.- Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2.- Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b).- En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c).- En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d).- El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; III.- El procedimiento será: a).- La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b).- Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c).- La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d).- La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; IV.- Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V.- Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." "Artículo 33.- Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además, la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: I.- Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II.- Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; III.- Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o IV.- Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda". Luego, es de reiterarse que del análisis comparativo de los artículos 27 a 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, y de los numerales 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 132 de la Ley de Amparo, se deduce que el ordenamiento local de mérito, no exige más requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues ambos deben ser solicitados por el agraviado; además, en el caso del procedimiento contencioso administrativo, se puede solicitar la suspensión en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el juicio de nulidad, así como en el juicio de amparo existe la misma posibilidad antes de que se dicte sentencia ejecutoria en lo principal; en ambos casos la suspensión del acto no debe causar perjuicio al interés social ni contravenir las disposiciones de orden público. De lo que resulta, que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, aunque con diferencias mínimas derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Al respecto, resulta oportuno invocar, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo III, página 1477, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, se actualiza cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, pues a partir de que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local y, además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos". Asimismo, es dable precisar que el quejoso no se ubica en alguna de las excepciones para no agotar tal medio de defensa, contenidas en la hipótesis de improcedencia en estudio. Esto es así, a virtud que el acto reclamado, no carece de fundamentación y motivación, es decir, la propia fracción (XX del artículo 61 de la Ley de amparo), en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos y motivos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, sí existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia, es decir el fondo del asunto. De ahí que se considere que el presente no se ubica en dicho supuesto de excepción porque la resolución administrativa que se reclama se encuentra fundada y motivada. Lo anterior, toda vez que del análisis de la resolución combatida, se desprende que la autoridad responsable fue clara y precisa en informarle al quejoso los fundamentos legales que establecen la recaudación del impuesto generado por las operaciones traslativas de dominio derivadas de la escritura pública número noventa y un mil doscientos ochenta y tres, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público número siete, de esta ciudad de Querétaro, asimismo, le indicó lo siguiente: De lo anterior se desprende que la autoridad fiscal respondió de manera fundada y motivada la petición formulada por el aquí quejoso, al negarle la devolución del numerario, razón por la cual, se insiste, no se actualiza la excepción prevista en la última parte de la fracción XX, del artículo 61. Ahora, es importante decir que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Cobra aplicación, por su contenido y alcance, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Lo anterior se precisa así toda vez que el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, relativo a que se argumenten exclusivamente violaciones directas a la Constitución, no se actualiza por el simple hecho de que en la demanda de amparo se afirme que con el acto reclamado se transgreden en perjuicio del quejoso determinados artículos de la Carta Magna, sino que es necesario que el juzgador identifique en los conceptos de violación la fuente del derecho que se defiende y, dependiendo de cuál sea, verifique si la totalidad de los argumentos planteados se encuentran o no dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado con motivo de la vulneración a prerrogativas expresamente establecidas en algún artículo de la Constitución. Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, ignorando las instancias competentes ante quien debe dilucidarse lo planteado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis por la autoridad competente. En ese aspecto, cabe señalar que la jurisprudencia antes transcrita se ha sostenido que no será exigible acatar el principio de definitividad en los casos en que se hagan valer violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, dichos criterios han sido claros también en que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad, tal como acontece en este caso, al señalar que existe una argumentación errónea contraviniendo los artículos 146 del Código Fiscal de la Federación y 46 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Tal rigidez en los criterios de mérito responde a que el juicio de amparo es, en principio, el único medio para reparar violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que ningún caso tendría promover un juicio ordinario si en él resultaría imposible repararlas dada la propia naturaleza de control de legalidad que tendría tal medio de defensa; sin embargo, si a la par de violaciones directas a la Constitución Federal se alegan cuestiones relacionadas con vulneración a un precepto de una ley local o reglamentaria, entonces sí será necesario agotar el procedimiento ordinario, ya que en éste sí podría estudiarse la conformidad del acto reclamado con la legislación que lo rige, lo cual podría dar lugar incluso a su anulación. Máxime que no se advierte que la parte promovente de amparo sea tercera extraña frente al acto reclamado; que se duela de la inconstitucionalidad de alguna ley; que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, toda vez que fue la propia parte quejosa que solicitó la devolución del dinero erogado en relación al Impuesto Municipal de Traslado de Dominio; además que en el presente sumario no existe algún elemento probatorio que evidencie de manera fehaciente que se está ante algún acto de los prohibidos por la norma constitucional invocada, pues con independencia de que el quejoso no reprocha alguna de las conductas citadas, de autos tampoco se advierte su existencia. Tampoco se está frente a actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, ya que los que son materia de análisis en el presente asunto, son de naturaleza administrativa, no penal, por lo que es evidente que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, ni mucho menos reclama el quejoso alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 de la Carta Magna. Finalmente, esta autoridad federal no advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. No escapa a la consideración, que dada la naturaleza de irreparabilidad que pudiera revestir el acto reclamado, se pudiera considerar, que conforme a lo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procediera el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, el quejoso está obligado a cumplir con el principio de definitividad, ya que la irreparabilidad de que se habla, por sí misma no constituye una excepción a dicho principio, toda vez que constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la Ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, a virtud que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. La anterior afirmación encuentra sustento, en lo que interesa, en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Se agrega que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo no se opone en forma alguna a la normatividad que en materia de derechos humanos existe en México, ya que en los propios artículos 1° y 103 Constitucionales se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a los derechos humanos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios. De manera que, el principio de definitividad continúa siendo uno de los principios rectores del juicio de amparo, principio que se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; de ahí que previamente a su promoción, el quejoso deba acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto que se reclama, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, las disposiciones en Derechos Humanos, no resultan incompatibles con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad señalada por la parte quejosa. Ahora bien, es necesario señalar que el sobreseimiento fuera de audiencia, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar el fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de los requisitos de credibilidad de la acción o ante la actualización de una causal de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha, señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado César Ricardo Luna Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, rindiendo su informe justificado, con vista a las partes. Asimismo, se le tiene designando domicilio procesal y señalando delegados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de la Materia, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, las que se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de que sean relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en consideración al momento de dictar la resolución respectiva. Se requiere a la autoridad responsable Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita las siguientes constancias: Escrito que dio origen al oficio número DI/2018/5932, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, signado por la licenciada Karina Sánchez Torres, Directora de Ingresos del Municipio de Querétaro, y Actuaciones posteriores a la resolución de mérito.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de la autoridad responsable que suscribe el oficio de cuenta, con su contenido, dese vista a las partes. Asimismo con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable, haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere. De igual manera, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas, dada su propia naturaleza las pruebas que refiere, sin perjuicio de la relación que de las mismas se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomadas en cuenta al momento de emitirse el fallo. Se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día, y, en su lugar, se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.

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