José Fernando Vazquez Guerrero
Expediente 564/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Fernando Vazquez Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió al quejoso José Fernando Vázquez Guerrero, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida conforme lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para el análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias por medio de la cual la autoridad responsable da a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si se ajustan a los lineamientos de la concesión de amparo y la lógica jurídica. Para llevar a cabo lo anterior, se habrá de dejar asentado el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que se haya otorgado la protección para ciertos efectos, o bien, liso y llano; posteriormente confrontar esos efectos con el informe y constancias que lo apoyen, que corresponden a las que rinde la responsable al dar a conocer el cumplimiento que afirman dar a la ejecutoria de amparo; y la conclusión a que se llegue de ese análisis. En tales condiciones, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: ". . . En las relatadas condiciones, se concede el amparo, para los efectos de que las autoridades responsables: 1.- Dejen insubsistentes los pagos realizados por el quejoso ante la autoridad exactora, identificados en los recibos con referencia 755983449 y 755983431, de veintidós de junio de dos mil quince, por sustentarse en un ordenamiento inconstitucional; 2.- No le apliquen la porción normativa declarada inconstitucional en lo futuro, hasta en tanto no sea reformada; 3.- Calculen el derecho por registro de los documentos, tomando en cuenta el costo del servicio prestado, que en términos del artículo 79, fracción II, punto 6, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es de $1,475.00 (mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional) por documento inscribible cuando el valor es indeterminado, omitiendo tomar en cuenta el valor de la operación, y del mismo modo, deberán calcular en forma proporcional la aplicación del impuesto adicional y el de fomento a la educación de la citada Ley, en razón del pago de los servicios prestados por el Registro Público; y 4.- Una vez hecho lo anterior, deberán devolver el excedente tanto del derecho, como de los referidos conceptos de fomento a la educación e impuesto adicional, con sus respectivas actualizaciones, que según los recibos anexados a la demanda de amparo, fueron pagados por el quejoso en base de los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la inscripción de documentos, los cuales fueron aplicados como consecuencia directa e inmediata del acto de aplicación". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes que se desprenden de autos sobre el cumplimiento al fallo protector: Mediante oficio de catorce de enero de dos mil dieciséis, el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que enteró por conceptos de Derecho Registral, Fomento a la Educación y Seguridad Pública, que resultó ser de $9,893.00 (nueve mil ochocientos noventa y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), quedando a disposición del quejoso un cheque expedido por tal monto; asimismo, informó que por oficio AGJ/5449/2015, de siete de octubre de dos mil quince, se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso José Fernando Vazquez Guerrero, las disposiciones legales contenidas en el artículo 79, fracción II y 82 fracciones VI, numerales 1 y 2 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad (fojas 143, 144, y 160 a 166). Posteriormente, mediante oficio sin número, signado por el Administrador Local de Recaudación, en suplencia del Administrador Fiscal General, de esta ciudad, informó que el cheque expedido a favor del quejoso, ya le fue entregado, anexando las constancias que lo acreditan (fojas 147 a 150). De lo anterior, mediante proveídos de quince y veintiuno de enero, así como el veintidós de febrero, todos del año en curso, se dio vista al quejoso José Fernando Vázquez Guerrero, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera (fojas 146, 151 y 167); sin que se hubiese manifestado al respecto, no obstante haber quedado notificado personalmente por conducto de su autorizado, como se desprende de las constancias de notificación respectivas (fojas 152, 168 y 169). Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, están cumplidos, ya que la autoridad responsable, a través de los oficios relacionados con antelación, comprobó haber dado cumplimiento al fallo, pues desincorporó de la esfera jurídica del impetrante, los numerales declarados inconstitucionales y devolvió las cantidades enteradas por el quejoso en base a ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así, se estima cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de la materia; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por último, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, en suplencia del Administrador Fiscal General, de esta ciudad, informó a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; sin embargo, de su contenido se desprende que dicha autoridad resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que enteró por conceptos de derecho registral, fomento a la educación y seguridad pública, a través del oficio AGJ/5449/2015, de diecisiete de noviembre del año pasado, manifestando que ya le fue entregado al quejoso el cheque expedido por la institución BANORTE (fojas 143, 144, y 147 a 150). Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo para los siguientes efectos: ". . . En las relatadas condiciones, se concede el amparo, para los efectos de que las autoridades responsables: 1.- Dejen insubsistentes los pagos realizados por el quejoso ante la autoridad exactora, identificados en los recibos con referencia 755983449 y 755983431, de veintidós de junio de dos mil quince, por sustentarse en un ordenamiento inconstitucional; 2.- No le apliquen la porción normativa declarada inconstitucional en lo futuro, hasta en tanto no sea reformada; 3.- Calculen el derecho por registro de los documentos, tomando en cuenta el costo del servicio prestado, que en términos del artículo 79, fracción II, punto 6, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es de $1,475.00 (mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional) por documento inscribible cuando el valor es indeterminado, omitiendo tomar en cuenta el valor de la operación, y del mismo modo, deberán calcular en forma proporcional la aplicación del impuesto adicional y el de fomento a la educación de la citada Ley, en razón del pago de los servicios prestados por el Registro Público; y 4.- Una vez hecho lo anterior, deberán devolver el excedente tanto del derecho, como de los referidos conceptos de fomento a la educación e impuesto adicional, con sus respectivas actualizaciones, que según los recibos anexados a la demanda de amparo, fueron pagados por el quejoso en base de los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la inscripción de documentos, los cuales fueron aplicados como consecuencia directa e inmediata del acto de aplicación". Luego, confrontando las constancias allegadas por la responsable, con los efectos del fallo protector, se estima que la responsable cumplió de manera deficiente la ejecutoria de amparo, pues no atendió los puntos "1, 2 y 3"; en tanto que no se advierte que haya dejado insubsistentes los pagos realizados por el quejoso ante la autoridad exactora, identificados en los recibos con referencia 755983449 y 755983431, de veintidós de junio de dos mil quince; asimismo, no se realizó pronunciamiento alguno acerca de la no aplicación en lo futuro de la porción normativa declarada inconstitucional, hasta en tanto no sea reformada; y, tampoco se desprende el cálculo del derecho por registro de los documentos, tomando en cuenta el costo del servicio prestado, que en términos del artículo 79, fracción II, punto 6, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es de $1,475.00 (mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional) por documento inscribible cuando el valor es indeterminado, sin tomar en cuenta el valor de la operación, así como el cálculo en forma proporcional de la aplicación del impuesto adicional y el de fomento a la educación de la citada Ley, en razón del pago de los servicios prestados por el Registro Público. En tales condiciones, no se puede considerar que la ejecutoria de amparo ha sido cumplida, pues como quedó evidenciado, se hizo de manera deficiente, por tanto, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Administrador Fiscal General, de esta ciudad, para que dentro del término veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al fallo protector concedido al quejoso José Fernando Vázquez Guerrero, en los términos precisados.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual informa que mediante oficio CGAJ/2534/2015, requirió al Administrador General del Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando copia simple del documento correspondiente.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, de esta ciudad, en suplencia del Administrador Fiscal General, y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este juicio. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada; en la inteligencia que de no efectuar manifestación alguna al respecto, se resolverá en torno a su cumplimiento, con las constancias y elementos con que se cuente para ello; lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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