Jose Fernando Kumul Chulin

Expediente 2663/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2663/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Fernando Kumul Chulin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo con el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que tuvo por no presentada la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y no obra documento original, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Igualmente, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión en los presentes autos. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, informa que abrió el acta de investigación número VFEDTTCID/GV/198/2022, ante la Vicefscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de poder determinar la existencia de un delito y así continuar con la investigación del mismo y remite las constancias respectivas para acreditarlo. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación VFEDTTCID/GV/198/2022, ante la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de veinte de los corrientes, acusa recibo de la vista dada en este juicio, con motivo de los posibles actos de violencia referidos por el quejoso; e informa que remitió las constancias que integran el presente juicio de amparo al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 52/2022, de veinticuatro de noviembre último, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan lo presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Oscar Herbé Sauri Bazán, en favor de José Fernando Kumul Chulim, no ratificó la misma. Asimismo, mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con las manifestaciones hechas por el directo quejoso según la razón actuarial de dieciséis de noviembre del año en curso, levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y competencias inicie la investigación de la probable trasgresión de los derechos humanos del directo quejoso; sin que hasta la fecha haya informado lo conducente en relación con la vista concedida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, de la propia Ley de la materia, y tal como está ordenado en el proveído de referencia, requiérase a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, con sede en esta ciudad de Mérida, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las gestiones realizadas en torno a la vista concedida. Lo anterior, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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