Jose Fernando Cortes Flores

Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
297/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Jose Fernando Cortes Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se haga disponible el expediente relativo al presente juicio de amparo, para consulta de ese juzgado. En consecuencia, se ordena habilitar o hacer disponible el presente expediente electrónico 297/2023 y vincularlo con el diverso juicio de amparo 1345/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Comuníquese a la Juez símil que se habilitará el expediente electrónico para que desde aquel órgano jurisdiccional consulten el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiérase el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 29 del aludido Acuerdo General. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el cuaderno único del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, para el caso de que al (a la) actuario (a) de este juzgado no le sea posible entregar el oficio relativo al presente auto, con motivo de que la autoridad respectiva se encuentre en periodo vacacional, se le comisiona para que quede bajo su resguardo y una vez que reanude labores realice su entrega. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 297/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la parte quejosa y las autoridades responsables. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los hicieron valer. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTADO: Primero. Presentación y admisión. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, José Fernando Cortés Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado, quien en auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 6) ordenó su registro con el número 297/2023 y formuló prevención para que precisara a qué autoridad le atribuía la privación de su libertad, así como para que aclarara la denominación de una de las autoridades que señaló como responsable. El veintiocho de marzo siguiente (foja 14) se tuvo por satisfecha dicha prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En auto de diecinueve de abril del año en curso (foja 25), este juzgado dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Jueza de Control del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia y como acto reclamado la orden de aprehensión girada dentro de la causa penal 353/2017. Sin embargo, en virtud que el quejoso no formuló ampliación de demanda, en auto de veintinueve de mayo del año en curso (foja 33), se ordenó resolver este juicio de amparo, en los términos planteados por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Posteriormente, el ocho de junio de este año (foja 35) se reconoció el carácter de tercera interesada a Nayely Samantha Sánchez Alvarado, en su calidad de actora en el juicio familiar del que deriva el acto reclamado, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, el ocho de junio del año en curso (foja 35) se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consistente en: *El librar el oficio de fecha nueve de enero del año en curso dentro del expediente 904/2014, que sobre pago de alimentos promueve Nayeli Samantha Sánchez Navarro frente al quejoso. El cual atribuyó a las autoridades siguientes: a. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar; y, b. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género. Ambos con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a ambas responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 22 y 23); en el sentido que la Juez responsable lo emitió y la Agente del Ministerio Público lo solicitó. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez responsable, consistente en testimonio autorizado del juicio familiar del que derivan los actos reclamados, así como con las remitidas por la fiscal responsable correspondientes a la carpeta de investigación MOR/053/12824/2016, instruida en contra del quejoso por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, remitidas también en copia certificada; documentales que obran por separado en dos tomos de pruebas. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio oficioso del acto reclamado. En primer término, el suscrito considera que en el caso opera la suplencia de la queja, en atención a que el quejoso comparece a esta instancia de amparo en su calidad de deudor de los alimentos; ello, conforme al criterio jurisprudencial 1a./J. 24/2020 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a través del registro digital: 2022087, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Por ello, al margen que ninguno de los conceptos de violación que el quejoso formuló en su demanda se encamine a combatir el acto reclamado consistente en librar el oficio de fecha nueve de enero del año en curso dentro del expediente 904/2014; el suscrito juzgador emprenderá el estudio oficioso de dicho acto. Pues bien, por principio debe señalarse que el oficio de fecha nueve de enero del año en curso girado dentro del expediente 904/2014, del cual se duele el quejoso, fue expedido en atención a lo ordenado en el auto de nueve de enero del año en curso, en el cual se atendió la solicitud de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, para que de no existir impedimento legal, la juez responsable le remitiera copia certificada íntegra del expediente familiar 904/2014; de la misma forma, le solicitó le informara lo siguiente: *La cantidad adeudada por el quejoso por el concepto de alimentos; y, *Si ha realizado abonos a dicho adeudo. Lo anterior, lo debería realizar en el término de tres días que le concedió y le formuló apercibimiento que de no cumplir con ello, le impondría una multa; de la misma forma, la fiscal responsable expresó que dichas constancias las requería para su integración en la causa penal 357/2017, instruida en contra del quejoso por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria y dentro de la cual se verificaría la audiencia inicial el diez de enero del año en curso. A dicha petición recayó la determinación de nueve de enero del año en curso, en la que la juez responsable, con fundamento en los artículos 745, 747, 781 y 869 del Código Familiar para el Estrado de Michoacán, ordenó que se remitiera a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, la información solicitada y por lo que hace a las copias solicitadas, le informó que como dicho órgano jurisdiccional no contaba con presupuesto; sin embargo, que los autos del juicio familiar de origen quedaban a su disposición para que se obtuvieran las copias simples y una vez allegadas, el personal actuante del juzgado a su cargo, procedería a realizar el cotejo y su certificación: Bajo ese orden de ideas, es legal que la juez responsable haya girado el oficio del que se duele el quejoso, en atención a que el requerimiento que realizó la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, para que se le proporcionara la información y la copia certificada del juicio familiar de origen, lo realizó aduciendo como marco legal aplicable, los artículos 104 y 131, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; (.)" Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; (.)" Como se ve, el parámetro legal invocado por la fiscal responsable para que se le proporcionara la información aludida, era suficiente para que se acordara de conformidad, como se hizo, en atención a que del mismo se aprecia que durante la investigación y persecución de los delitos, el Agente del Ministerio Público no sólo está facultado, sino además obligado a requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares para la obtención de medios de prueba. Por lo mismo, la Juez responsable no estaba en posibilidad de negarse a proporcionar dicha información, porque se insiste, el marco legal invocado correspondiente al Código Nacional de Procedimientos Penales, era suficiente para que se otorgara, considerando que en la solicitud la fiscal señaló que era para la integración de la causa penal 357/2017, en la cual ya se había programado la audiencia inicial; de ahí que, no quede duda que la información solicitada era requerida para la concreta persecución de un delito. De la misma forma, debe señalarse que de acuerdo al Código Familiar aplicable al asunto que nos ocupa, tampoco existía impedimento para que la juez procediera a otorgar dicha información, ya que el artículo 730 señala que para la expedición de copias certificadas de cualquier documento que obre en los expedientes, se requiere, como fue emitido en el asunto que nos ocupa, decreto judicial: "Artículo 730. Para sacar copia certificada de cualquier documento que obre en los expedientes, se requiere decreto judicial que se dictará a petición de parte legítima; y si se trata de copia simple, se expedirá sin requisito alguno por el secretario respectivo." Finalmente, se considera que tampoco existía impedimento para que la juez responsable procediera a la entrega de dicha información, desde la óptica de la protección de datos personales, ya que si bien las actuaciones del juicio familiar de origen constituyen información confidencial, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable; igual lo es que, conforme al artículo 120, fracción III, del propio ordenamiento, dicha información puede ser accesible sin consentimiento del titular de la información, cuando como en el caso, se solicite a través de una orden judicial: "Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. Por ley tenga el carácter de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. En las narradas circunstancias, al estimarse legal el acto reclamado, al no acreditarse que su emisión es violatoria de los derechos humanos previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, ya que dichos actos no se reclaman por vicios propios. Resta señalar que el suscrito se encuentra impedido técnicamente para abordar el estudio de los conceptos de violación que el quejoso esgrimió en su demanda, porque los mismos los dirigió a combatir la orden de aprehensión girada en su contra; sin embargo, como se estableció en el apartado de antecedentes de esta sentencia, a pesar que el suscrito otorgó vista para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable a la Jueza de Control del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia y como acto reclamado la orden de aprehensión girada dentro de la causa penal 353/2017, el peticionario del amparo no incorporó dicho acto a la litis constitucional de este asunto y por lo mismo, el suscrito no puede emprender el estudio de esos conceptos de violación. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Fernando Cortés Flores, en contra del acto y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Isela Estefania Bueno Gallegos, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de veintiocho de marzo del presente año, se reservó proveer en relación con el reconocimiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto se tuvieran las constancias de las que emana el acto reclamado, lo que a la fecha ya aconteció. Ahora, de dichas constancias se aprecia que dentro del expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre divorcio por mutuo consentimiento número 904/2014, del índice de la autoridad responsable, se aprecia que la tercera interesada es Nayely Samantha Sánchez Alvarado; por lo que con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de parte tercera interesada, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado Segundo Andador Guadalupe Victoria, número 92 de la colonia o Infonavit Loma Bonita de esta ciudad. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito, a efecto de que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la tercera interesada en el domicilio respectivo, por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintitrés; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; f) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, g) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que les confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan para su verificativo las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y emplácese a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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