José Fernando Ceballos Chim

Expediente 982/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
982/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • José Fernando Ceballos Chim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de nueve de abril de dos mil veintidós se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el acuerdo que concedió la suspensión provisional. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de julio de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 982/2022, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido de la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El secretario encargado del despacho por vacaciones del titular declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Seguidamente la secretaria da cuenta con las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda, auto de nueve de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso para que ratificara la demanda instaurada en su favor, constancia de notificación en la cual el quejoso ratificó el ocurso inicial, acuerdo de once de abril de dos mil veintidós en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, le hago saber que en el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el directo quejoso no hizo manifestación respecto al requerimiento realizado en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, a efecto que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesta el nueve de abril de dos mil veintidós, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de ser así, si ampliaba la demanda respecto de esa autoridad. Acto seguido, el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, por lo informado en la cuenta que antecede, en virtud de que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, a efecto que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesta el nueve de abril de dos mil veintidós, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de ser así si ampliaba la demanda por esa autoridad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo, por lo que este asunto se resolverá por los actos reclamados y autoridades responsables señalados de manera primigenia en la demanda de amparo. Abierto el período de pruebas la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha corporación. El secretario encargado del despacho por vacaciones del titular acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaria da cuenta con el alegato ministerial 404/2022 de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, el cual ya obra agregado a estos autos; a lo que el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular acuerda que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tengan por formuladas las alegaciones vertidas para ser tomadas en consideración, con lo que se cierra ese periodo. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 982/2022-II, promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de José Fernando Ceballos Chim, en contra de los actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintidós, Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de José Fernando Ceballos Chim solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de nueve de abril de dos mil veintidós, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la detención, incomunicación y actos de tortura que se adujo sufría el directo quejoso, ordenándose su localización con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso, éste manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención reclamada derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas impuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se le requirió al quejoso para que dentro del término legal establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado dicho arresto y de ser así, si ampliaba la demanda por la referida autoridad, sin que éste lo hubiera hecho. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General Número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclamó es la detención, incomunicación y actos de tortura que se adujo sufría el directo quejoso Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. El Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha corporación, al rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura del directo quejoso. De igual manera el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama consistente en la detención del directo quejoso, sin prueba en contrario. Por lo que al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa, se deben tener por inexistentes los actos reclamados antes citados de las nombradas responsables, y procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Acto existente. Por lo que se refiere a la detención que se adujo sufrió el directo quejoso José Fernando Ceballos Chim, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha corporación, al rendir el informe justificado, refirió que es cierto el acto reclamado, por lo que se tiene por existente el mismo, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Sirve de apoyo, el contenido de la jurisprudencia 305, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página doscientos seis, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, en razón que si bien es cierto que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha corporación, manifestó que el directo quejoso se encontraba detenido en los separos de dicha corporación, también es cierto que de las constancias que adjuntó a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que el diez de abril de dos mil veintidós, se ordenó su inmediata libertad. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable ha dejado de intervenir en la detención que se le imputa desde el momento en que el directo quejoso fue puesto en libertad; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sin que obste lo anterior que la puesta en libertad del directo quejoso obedeció a la suspensión de plano concedida, ya que la continuidad de la sanción corporal interpuesta deriva de un arresto administrativo, el cual no fue señalado como acto reclamado. Lo anterior es así, ya que la detención del directo quejoso derivó en el arresto que como sanción le fue impuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; sin embargo, no es posible analizar dicho acto a través del presente juicio de amparo, debido a que se dio vista de ello al quejoso a fin de que manifestara si deseaba reclamar ese arresto en este juicio, sin que ampliara la demanda de amparo por ese acto dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se reitera, no es posible considerar que el quejoso señaló como acto reclamado el arresto que le fue impuesto y por ende, que debe ser materia de análisis en este procedimiento constitucional. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de José Fernando Ceballos Chim, en contra de los actos del Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, asistido de la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, ahora, toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veintidós, en la que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que en fecha doce de abril de dos mil veintidós de abril de dos mil veintidós, se reservaron los oficios mediante los cuales las autoridades responsables la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción, rindieron sus respectivos informes con los que dan cumplimiento a la sentencia dictada en autos, por tanto, no se requiere el cumplimiento a la ejecutoria de mérito a las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes los oficios y constancias anexas, agregadas en auto de doce de abril de dos mil veintidós, por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, resuélvase lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe

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