José Fernando Castelán González y Otros.
Expediente 905/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Fernando Castelán González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 16850/2018 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de trece de noviembre pasado y se le enviaron dos tomos de pruebas que contenía las constancias del expediente C-274/2015, de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de dos tomos de pruebas formados con las constancias del juicio sumario hipotecario 274/2015 que remitió el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, al rendir su informe justificado, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** y ********** ambos de apellidos **********, contra actos de la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad, remite: demanda de amparo original y sus anexos, cuadernillo de amparo, los autos del juicio sumario hipotecario 274/2015 en dos tomos, oficio 2566/2018 por medio del cual el juez responsable rinde su informe justificado, constancias de emplazamiento al tercero interesado, y el oficio 2685/2018; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 905/2018-IV. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. c) Se ordena formar dos tomos de pruebas con las constancias recibidas, para el mejor manejo del expediente. d) Ahora, a efecto de proveer sobre los actos reclamados, es importante precisar que los quejosos ********** y ********** acuden a esta instancia constitucional señalando como actos reclamados: Todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 274/2015 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, incluyendo la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil quince, así como su ejecución consistente en el desalojo de un inmueble ubicado en el **********, de este municipio de Celaya, Guanajuato. En ese sentido, el suscrito estima que en el caso se actualizan diversas causales de improcedencia según se verá: Por lo que respecta al quejoso **********, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta necesario poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista los autos del juicio de amparo 03/2017-V del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, ********** promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y los acto siguientes: -AUTORIDADES RESPONSABLES- Juez Primero de Primera Instancia Civil Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, ambos residentes en esta ciudad. -ACTOS RECLAMADOS- Todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia dictada en el juicio sumario hipotecario 274/2015, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de esta ciudad, así como el desposeimiento del bien inmueble consistente en una fracción del predio rústico denominado ********** O ********** ubicado en el ********** de esta ciudad. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de tres de enero de dos mil diecisiete, se registró bajo el expediente 03/2017-IV. En proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete se decretó desechar por improcedente su demanda de amparo, decretándose su firmeza en auto de catorce de febrero de la misma anualidad. Bajo esas premisas, los requisitos anteriormente precisados para que se actualice la causal de improcedencia de cosa juzgada se encuentran cubiertos, dado que: La demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio, fueron promovidas por el mismo quejoso **********. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamó todo lo actuado dentro del juicio sumario hipotecario 274/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, de esta ciudad incluyendo la sentencia y su ejecución, consistente en la desposesión del bien inmueble ubicado en una fracción del predio rústico denominado ********** O ********** ubicado en el ********** de esta ciudad. El acto que se reclama en el presente contradictorio ya fue materia del diverso juicio de amparo 03/2017-V del índice de este juzgado. Luego, si el solicitante del amparo **********, acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 274/2015 incluyendo la sentencia y su ejecución, así como la desposesión del bien inmueble ubicado en una fracción del predio rústico denominado ********** O ********** ubicado en el ********** de esta ciudad, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 03/2017-V del índice de este juzgado, en el se determinó desechar de plano la demanda por extemoránea declarándose su firmeza el catorce de febrero de dos mil diecisiete; es incuestionable que ese pronunciamiento no puede ser desconocido en esta ocasión en que el impetrante pretende una vez más cuestionarlo en esta vía; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza. B) En lo atinente al diverso quejoso **********, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Como cuestión previa, es necesario definir que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 274/2015 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, incluyendo la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil quince, así como su ejecución consistente en el desalojo de un inmueble ubicado en el **********, de este municipio de Celaya, Guanajuato. Ahora bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 02/2017-IV del índice de este órgano jurisdiccional y agregar al presente juicio copia certificada de la demanda. Al respecto, debe decirse que del escrito inicial de demanda que dio origen al referido juicio de amparo, promovido por el aquí quejoso contra los mismos actos reclamados, se advierte, al menos, desde el dos de enero de dos mil diecisiete, fecha en que fue presentada su demanda de amparo, tuvo conocimiento que se estaba tramitando el juicio sumario hipotecario 274/2015 de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de esta ciudad, no así la fecha que aduce en el escrito que se acuerda. Manifestaciones formuladas en dicho juicio, a las cuales el suscrito les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo anterior, se sostiene que, al menos, desde que el impetrante presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo 02/2017-IV (dos de enero de dos mil diecisiete), tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia, y no en la data que menciona en la demanda que nos ocupa. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del tres al veintitres de enero de dos mil diecisiete, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que presentó la demanda de amparo 02/2017-IV, a saber, el tres de enero de dos mil diecisiete, por lo que desde esa fecha ya tenía conocimiento de los actos que reclama en esta instancia. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el quince de junio del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por las fracciones XI y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, por lo que respecta a los actos precisados con antelación, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les tiene designando como representante común a **********. Por otra parte, téngase a los promoventes señalando para recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a los solicitantes de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que la gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Tribunal con domicilio en la ciudad de Guanajuato, capital, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. Téngaseles autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfredo Jauregui Santuario toda vez que cuenta con cédula registrada número 1887732 en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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