José Fernando Arroyo Salgado
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- José Fernando Arroyo Salgado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se desechó de plano la demanda de amparo en que se actúa, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación. Declaración de firmeza. En consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Destino del expediente. Por otra parte, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; consecuentemente, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta determinación, procédase a destruir este cuaderno auxiliar; para tal efecto, deberá hacerse entrega del archivo de este Juzgado de Distrito, a fin de que lo resguarde en un área específicamente destinada para ese tipo de expediente y en el evento más próximo sea destruido, previo control y acta que al efecto se elabore y archive para debida consulta. Finalmente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en auto de veintidós de enero del año en curso, la parte quejosa solicitó la devolución de las constancias que anexó a su escrito de demanda; en ese sentido con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió previa identificación y razón de recibo que obre en autos, dejando copia certificada de los mismos en el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso *****, por propio derecho, a través del cual solicita la devolución de los documentos originales que se anexaron al escrito de demanda. Al respecto, hágase del conocimiento al promovente que una que vez que cause estado el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, se proveerá lo que en derecho proceda, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con independencia del sentido que guarda esta determinación, hágase del conocimiento del interesado que resulta de trascendental importancia no devolverse los documentos anexos a la demanda de amparo, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente; pero podrán expedirse, a costa del quejoso, en cualquier momento que lo solicite, copias cotejadas y autorizadas. Finalmente, debe puntualizarse que dicha parte procesal, se encontró en aptitud legal de que al presentar los documentos de que se trata, acompañara copias de ellos, solicitando su devolución, previo cotejo y autorización para que quedara constancia legal en actuaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, se provee: Planteamiento jurídico del problema. De a literalidad del escrito motivo de este proveído se obtiene que ***, reclama el aseguramiento, congelamiento o detención de los recursos financieros depositados en la cuenta bancaria 6455318525, de la institución de crédito denominada BBVA "Bancomer" sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a resolver sobre su admisión, prevención o desechamiento. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; por tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, 112 y 113 de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [.]" El precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El dispositivo 6° de la ley que rige el procedimiento de amparo, precisa: "[.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El precepto constitucional citado en primer término, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que al no existir firma en el escrito de demanda, no se evidencia la voluntad del que aparece como promovente, esto es, no hay instancia de parte, según se advierte en la Tesis 230 emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Séptima Época, página 247, cuyo texto y rubro son: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En ese sentido, si el libelo constitucional carece de la firma autógrafa del quejoso ****, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. Resultan aplicables los criterios que se invocan a continuación: Tesis publicada en la página 241, tomo I, Segunda Parte-1, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Tesis consultable en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". De igual forma, tampoco pasa inadvertido que la oficial de partes de este órgano de control constitucional al recibir el libelo constitucional asentó una leyenda que dice: "Recibí escrito sin firma [.]" En consecuencia, dicha circunstancia genera la certeza de que la oficial responsable de dicha área recibió una demanda de amparo carente de firma; circunstancia que imposibilita a este órgano de control constitucional a proveer de manera procedente lo ahí solicitado, y sin que exista una mínima posibilidad de generar presunción de que se presentó la asignatura, en virtud que ni el original o alguna de las nueve copias anexadas para correr traslado, cuenta con la firma del promovente. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012 Tomo 4, página 3632, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Conclusión Bajo tales consideraciones, a criterio de este órgano de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia a que se refieren los dispositivos legales en comento. Máxime, que el acto reclamado consistente en la cancelación de la cuenta bancaria 6455318525, de la institución de crédito denominada BBVA "Bancomer" sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, no se ubica dentro de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta indispensable la firma autógrafa por parte del gobernado; y al no haberse satisfecho dicha exigencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo; sin que esta decisión implique una violación al derecho de acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, pues el ejercicio de tales derechos no liberan al gobernado del cumplimiento de los requisitos de procedencia correspondientes. Encuentra apoyo lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Autorizado. De conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento del quejoso, la imposibilidad que tiene este órgano de control constitucional para proveer favorable su petición, en torno a la designación de ******, como su autorizado en términos amplios de lo establecido en el numeral 12 de la ley que rige el procedimiento de amparo; y sin que lo anterior haga nugatorio su acceso a la justicia, en virtud que una vez que dicho profesionista efectúe un nuevo registro se acordará lo conducente. Domicilio. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena notificarle el presente proveído y las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto se subsane dicha omisión. Número de teléfono móvil y correo electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se tiene como número de teléfono móvil a saber ****** y la cuenta de correo electrónico ****, y miguelo.-origel28@hotmail.com para que se establezca el contacto respectivo con la parte quejosa en los casos en que se estime necesario. Autorización de la consulta del expediente electrónico. En otro contexto, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario ****; para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Recomendación a las partes. En atención a la contingencia sanitaria, provocada por la epidemia denominada virus SARS-COV2 (COVID-19) y de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que de ser posible y al tomar en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea", en uso de la firma electrónica conocida como "FIREL", (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o "e.firma" (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. Se exhorta al actuario judicial adscrito que al momento de realizar la notificación, deberá proceder en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, a fin de resguardar su integridad y salud, y de las personas justiciables. De igual forma, se le solicita acate el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), en términos de lo indicado en el artículo 2, fracción XIV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, se destaca que conforme al punto 12, de la Circular SECNO/7/2020, de siete de mayo de dos mil veinte, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el Portal de Servicios en Línea existe un apartado que contiene el listado de autoridades con las que se tienen celebrados convenios de interconexión para las notificaciones que deban efectuarse por medio de oficio. Por otra parte, dispone del concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para efectos de que sean confirmados para la práctica de notificaciones que pueden realizarse en términos de lo dispuesto de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias mediante. Se hace del conocimiento a los litigantes que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Así, pues el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. En otro contexto, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Finalmente, se encomienda al oficial encargado al que le corresponde el expediente que queda a su cargo la digitalización diaria de los acuerdos y cualquier otro documento en el que auxilie en su elaboración y que se incorpore al expediente físico; al funcionario encargado de la oficialía de partes, que digitalice los documentos que reciba; los actuarios deberán digitalizar diariamente, todas las actas, razones, constancias de notificación o diligencias 3 en las que hayan intervenido; dichos funcionarios deberán ingresar esos documentos digitalizados al SISE en su apartado respectivo; en tanto que al secretario le corresponderá el cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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