José Fernando Albino Meneses Águila
Expediente 651/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Fernando Albino Meneses Águila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y un minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 651/2022, promovido por José Fernando Albino Meneses Águila, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por José Fernando Albino Meneses Águila, a través de su representante José Francisco Hernández Tlapa, auto admisorio de treinta de mayo de dos mil veintidós; oficio 537/2022 del Presidente y Representante de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual rinde informe justificado y remite constancias; audiencia constitucional de ocho de julio de dos mil veintidós; sentencia con engrose de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; escrito con registro 17647, del quejoso por el cual interpone recurso de revisión; oficio 9202/2022 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 291/2022, en la cual ordenó reponer el procedimiento en el presente asunto; acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada y la sentencia definitiva, ambas dictadas en el presente juicio de amparo, por lo que se procedió a señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de mérito. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la tercera interesada Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala mediante oficio 537/2022, remitió copia certificada de diversas constancias del expediente laboral C.D.T. 176/2012-1. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 651/2022-I, promovido por José Fernando Albino Meneses Águila, a través de su representante José Francisco Hernández Tlapa, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado y recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado en Tlaxcala, con sede en esta ciudad, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y remitido a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al día siguiente, José Fernando Albino Meneses Águila, a través de su apoderado José Francisco Hernández Tlapa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala ACTO RECLAMADO: El acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral C.D.T. 176/2012-1 mediante el cual se da por terminada la relación laboral. La negativa de acordar el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. El proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el que se negó la apertura del incidente de liquidación de laudo y la negativa de calcular los incrementos salariales al momento de cuantificar los conceptos de indemnización constitucional, pago de prima de antigüedad y veinte días por cada año laborado. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El treinta de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda con el número 651/2022, y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se emplazó a juicio a la parte tercero interesada, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Materia del Juicio. A fin de establecer de manera clara y precisa el acto reclamado, acorde al criterio reiterado del Pleno del Máximo Tribunal en las tesis P./J. 40/20001 y P. VI/20042, en el sentido de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, se advierte que de la lectura integral de la demanda, la parte quejosa, reclama: El acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral C.D.T. 176/2012-1 mediante el cual se da por terminada la relación laboral. La negativa de acordar el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. El proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el que se negó la apertura del incidente de liquidación de laudo y la negativa de calcular los incrementos salariales al momento de cuantificar los conceptos de indemnización constitucional, pago de prima de antigüedad y veinte días por cada año laborado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de acordar el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, negativa que es eficaz, pues no fue desvirtuada por la parte quejosa y por el contrario, se corrobora con las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., de las que se aprecia: Mediante escrito presentado ante la responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, José Francisco Hernández Tlapa, apoderado legal del quejoso, a fin de determinar las cantidades que se deben cubrir al actor en el juicio de origen, por concepto de indemnización constitucional, antigüedad, veinte días por año de servicio y salarios caídos, promovió incidente de liquidación de laudo y solicitó iniciar el procedimiento de ejecución, así como la admisión de las pruebas aportadas. Por proveído de veintidós de febrero del presente año, la autoridad responsable acordó el escrito de la parte quejosa y determinó que las cantidades por concepto de indemnización constitucional, prima de antigüedad y veinte días por año, fueron cuantificadas mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, señaló que no había lugar a determinar los incrementos al salario del actor mediante incidente de liquidación, porque en el laudo de dieciocho de agosto de dos mil quince, no se condenó a la demandada a reinstalar al actor con los incrementos al salario y que el salario que sirvió como base para fijar las cantidades a las que fue condenada la parte demandada, fueron fijadas en el laudo. De igual forma, dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Colegio de Educación Profesional del Estado de Tlaxcala. Por tanto, se infiere que no existe el acto reclamado por la parte quejosa, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI. 1o. 102 K, del Semanario Judicial de la Federación, con los datos siguientes: Época: Octava Época Registro: 210529 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Septiembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: XXI. 1o. 102 K Página: 349 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral C.D.T. 176/2012-1, certeza que se corrobora con las copias certificadas que obran en autos remitidos por la junta responsable, deducidas del expediente laboral antes señalado, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . QUINTO. Se examina causal de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, resulta necesario examinar las causales de improcedencia del juicio de amparo, pues su estudio es preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el presente asunto, de oficio, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se dio por terminada la relación laboral y se establecieron los montos por indemnización constitucional, pago de veinte días de salario por cada uno de los años de servicio prestados y prima de antigüedad que debe de pagar el demandado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..:) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)". En efecto, de conformidad con el referido precepto, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado; sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización por ya no tener asidero, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consideraciones que fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En la especie, no obstante la certeza del acto reclamado precisado al inicio de este considerando, deviene innecesario su estudio, así como el de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, dado que de los informes y constancias del juicio de origen se advierte la concurrencia de la causa de improcedencia en comento, ya que aun cuando subsiste el proveído reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en atención a que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se determinó que no ha lugar a determinar los incrementos salariales mediante incidente de liquidación, porque en el laudo de dieciocho de agosto de dos mil quince, no se condenó a la demandada a reinstalar al actor con los incrementos al salario y que el salario del actor que sirvió de base para determinar las cantidades condenadas a la demandada fue fijado en el citado laudo. En ese contexto, el dictado de la referida determinación de veintidós de febrero de dos mil veintidós, actualizó una nueva situación jurídica, que dejó sin objeto el acto cuestionado (proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se no contemplan los incrementos salariales) pues el análisis que pudiera hacerse de su constitucionalidad sería ineficaz, porque existiría una imposibilidad de darle cauce, cuando ya se determinó que no ha lugar a determinar los incrementos salariales. Luego, tales circunstancias son evidencia clara de que su objeto dejó de existir. Por otra parte, existiría una imposibilidad jurídica de que se produjeran efectos restitutorios con motivo de una sentencia que concediera el amparo -en el caso de que llegara a pronunciarse así-, pues el nuevo estatus jurídico que actualmente impera, impiden -en esta hipótesis, al menos por ahora- restituir al agraviado en el derecho fundamental impetrado, de manera que pudieran reestablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: Registro digital: 197245 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Se examina diversa causal de improcedencia. Asimismo, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló que las cantidades a pagar por el demandado fueron cuantificadas en el acuerdo de veintiocho de septiembre y que no había lugar a determinar los incrementos al salario del actor mediante incidente de liquidación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". En efecto, esta autoridad federal considera que en el presente juicio de amparo sobreviene la causa de improcedencia invocada. Lo anterior es así, porque como se puntualizó en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio por terminada la relación laboral, y se establecieron los montos que por concepto de indemnización constitucional, pago de veinte días de salario por cada uno de los años de servicio prestados y prima de antigüedad, debe de pagar el demandado (foja 110). Y en el diverso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se señaló que las cantidades por concepto de indemnización constitucional, prima de antigüedad y veinte días por año, fueron cuantificados en el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y que no había lugar a determinar los incrementos al salario del actor mediante incidente de liquidación, toda vez que el laudo de dieciocho de agosto de dos mil quince, no se condenó a la parte demandada a reinstalar al actor con los incrementos al salario y que el que sirvió de base para determinar las cantidades por las que se condenó a la parte demandada, fue fijado en el laudo (foja 111). Ahora bien, en contra del proveído antes señalado (22 de febrero de 2022), el hoy quejoso interpuso recurso de revisión contra actos de Presidente, medio de impugnación que fue admitido el seis de junio de dos mil veintidós (foja 128). En ese orden de ideas, es evidente que en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se interpuso un medio de defensa legal que puede modificar, revocar o nulificar lo determinado en éste, por lo que esta autoridad federal estima que se actualiza la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el ahora quejoso promovió de manera simultánea un juicio de amparo y un medio de defensa legal en contra del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós medio de defensa que de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal de lo previsto en éste, siendo éste el mismo efecto que produciría una eventual concesión de amparo. Así las cosas, es innegable que se actualiza la causal de improcedencia de mérito, porque la finalidad que se persigue con la promoción de aquélla trae como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el acto reclamado. De esta guisa, no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y el recurso de revisión de actos de Presidente que se encuentra en trámite, en virtud de que éste constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. Es aplicable la Tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "Registro digital: 219749 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992, página 522 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 73, FRACCION XIV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de garantías es improcedente: "cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la transcripción anterior se advierte, que los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) El recurso o medio de defensa, debe ser interpuesto por el propio quejoso, y d) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Apoya la anterior determinación la Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que estatuye: "Registro digital: 2000365 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1167 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías. Así las cosas, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación con la fracción V del diverso 63, de la ley de la materia. En esa tesitura, resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 63, 65 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Fernando Albino Meneses Águila contra los actos que reclamó de la autoridad responsable, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que devuelve los autos del juicio de amparo ******************** y remite testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso en revisión 291/2022, de su índice, en la que se resolvió: "(.) PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por ********************, por conducto de su representante ********************, en los términos indicados en la parte final del considerando quinto de la presente resolución. (.)" Acúsese el recibo correspondiente; y glósese el cuaderno de antecedente formado con motivo de su envío. En tales condiciones, como lo ordena la Superioridad se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto siguiente: "(.) I. Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el ocho de julio de dos mil veintidós, así como la sentencia emitida el dieciséis de agosto del año en cita (sic), y en su lugar, señale nuevo día y hora para el desahogo de la audiencia de ley, y una vez hecho lo anterior, pronuncie un nuevo fallo, precisándose que dichas actuaciones deberán firmarse en el mismo día de su emisión por los funcionarios que intervengan. (.)" Por tanto, se procede a dejar sin efecto la audiencia constitucional de ocho de julio de dos mil veintidós y la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que el veintisiete de septiembre del año en curso, admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso José Fernando Albino Meneses, por conducto de su representante José Francisco Hernández Tlapa, en contra de la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dando origen al recurso de revisión número 291/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De la misma manera, infórmesele a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, toda vez que de conformidad a lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020, la remisión de los autos que integran el presente juicio será físicamente tal como se advierte en la siguiente imagen: Notifíquese.
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