José Fernández Galán Palau

Expediente 843/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 72 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2019
Año
2019
Actuaciones
72
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • José Fernández Galán Palau
  • José Fernández Galán Palau y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Principal

    Se ordena glosar documentos. Archivo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación Encargada de la Cédula III EIL de la Unidad de Investigación y Litigación B, en el Estado de San Luis Potosí; en atención a su contenido se provee: En acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, se remitió copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 8****************************************/2019-VII y su acumulado ********************/2019-VIII al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en atención a su oficio ********************/2022. Asimismo que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, informó que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio ********************/2022 entregó las copias certificadas de mérito al agente del Ministerio Público de la Federación Encargada de la Cédula B-II-1, en el Estado de San Luis Potosí. Remite copias. Por tanto, como lo solicita el promovente y mediante atento oficio que al efecto se le gire, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítasele copia debidamente certificada de las constancias posteriores al proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, que integran el presente juicio de amparo 8****************************************/2019-VII y su acumulado ********************/2019-VIII, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente asunto, hasta que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que le corresponda conocer de la recusación interpuesta por Norma Angélica Ramírez Medellín en el juicio de amparo 968/2021-VII resuelva en definitiva al respecto. Hecho notorio. Asimismo, en el cuaderno de antecedentes relativo al mencionado juicio de amparo 968/2021-VII del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós se glosó un oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que trascribió la determinación de veintisiete de mayo de la presente anualidad, pronunciada en el impedimento 4/2022 de su índice, de la que se advierte que se declaró infundada la recusación planteada por Norma Angélica Ramírez Medellín; lo que se trata de un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; lo que se apoya además en la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Sin que exista necesidad de certificar o agregar tales constancias a este asunto, de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en los presentes autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer en este asunto, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el siguiente efecto: "[.] que el Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, deberá efectuar las consideraciones siguientes: I. Dejar insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en causa penal 28/2019. II. Dicte otra en la que tomando en consideración lo expuesto en esta ejecutoria de amparo, emita otro donde funde y motive, acorde a la descripción típica normativa del ilícito de fraude especifico por simulación, la bilateralidad en la simulación materia de la acusación, por parte de la quejosa y el diverso implicado, que materializa la intención concreta en la acción delictiva de la justiciable, consiste en un ánimo o propósito concreto en la simulación, que trajo la producción del perjuicio o la obtención del beneficio indebido. También, conforme a los argumentados en esta determinación exponga las razones particulares y causas inmediatas, por las qué afirmó que la justiciable al contar con la carrera de derecho y haber laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo utilizó para auxiliar al activo José Fernández Galán Palau, e impedir la entrega de los bienes a su anterior esposa, ofendida en la causa penal de origen. Del mismo modo, funde y motive por qué la simulación de lo convenido se hace patente, con motivo de que la quejosa contrajo matrimonio con el diverso activo, el tres de febrero de dos mil once, donde a su criterio sobresale la diferencia de edades de los contrayentes, esto es, de ochenta y tres años y cuarenta y tres años respectivamente. Además, establezca con toda precisión la hipótesis en que se ubica la probable responsabilidad de Norma Angélica Ramírez Medellín, en la consumación del ilícito atribuido, es decir, en qué consistió su grado de intervención. III. Precisado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita nueva determinación conforme lo dispuesto por los preceptos 19 constitucional, 107 y 189 del Código de Procedimientos Penales del Estado, resuelva la situación jurídica de la quejosa. [.]" Recuso de revisión. Inconforme con dicha determinación, Eduardo Flores Silos, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quedando registrado como Amparo en Revisión 104/2021 de su índice. Mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el mencionado Tribunal Colegiado declaró firme el sobreseimiento decretado y confirmó la sentencia recurrida, en la parte que concedió el amparo y protección solicitados por la parte quejosa. Requerimiento. En el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo amparatorio a la autoridad responsable Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad. Cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, presentó el oficio 51/2022, al que adjuntó copia certificada de la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el proceso penal 28/2019 de su índice, en la que dejó sin efecto la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, relativa al auto de formal prisión emitido en contra de Norma Angélica Ramírez Medellín por el delito de fraude específico, y en su lugar dictó auto de libertad a favor de la citada persona por su probable participación en el delito de que se trata. Vista. En el auto de trece de enero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, con el oficio y su adjunto mencionados en el párrafo que antecede. Del oficio y el anexo que remitió la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, se advierte que dictó la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 28/2019 de su índice, en la que se determinó lo siguiente: La autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el referido proceso penal. En su lugar, dictó la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, en la que analizó la descripción típica normativa del ilícito de fraude específico por simulación, y estableció que con las pruebas que obraban en la causa penal de origen, no se demostró que haya existido bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la inculpada Norma Angélica Ramírez Medellín. Asimismo, en la resolución de que se trata se estableció que el hecho de que la citada inculpada haya cursado la carrera de derecho y haber trabajado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es indicativo de que dicha circunstancia la haya utilizado para auxiliar a su esposo, como tampoco se puede aseverar que exista simulación por el hecho de que la encausada contrajo matrimonio con el diverso inculpado con una diferencia de edades de cuarenta años, pues ello equivaldría a realizar especulaciones subjetivas que no se encuentran demostradas en autos. Por lo anterior, la autoridad responsable procedió a decretar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto por el artículo 205, fracción X, de Código Penal, lo que constituye el acto reclamado en este asunto. Manifestaciones de la parte tercero interesada. En su escrito recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de marzo de dos mil veintidós, Eduardo Flores Silos, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, expuso diversas circunstancias respecto al proceso penal de origen 28/2019, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Penal en el Estado. Asimismo, manifestó que el cumplimiento en el presente juicio de amparo consistía en que la autoridad responsable fundara y motivara correctamente el auto de formal prisión dictado, pero que los efectos no fueron para que la citada responsable revocara su propia determinación y procediera a dictar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por el delito de fraude específico. El promovente considera que para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, la autoridad responsable debió fundar y motivar la responsabilidad de Norma Angélica Ramírez Medellín en la consumación del ilícito atribuido y establecer en qué consistió su grado de intervención, además de analizar las constancias y pruebas que obran en autos a fin de exponer por qué resulta en la quejosa un actuar ilícito, lo que dice que no ocurrió, ya que el auto de libertad dictado carece de fundamentación y motivación, ocasionando con ello un menoscabo económico a la parte que representa. Al respecto, dígase a la parte tercero interesada que uno de los efectos para los que se concedió la protección constitucional en este asunto, fue para que el Juez responsable dejara insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 28/2019, lo cual sí aconteció. Igualmente, se ordenó que la mencionada responsable dictara otra resolución tomando en consideración lo expuesto en la ejecutoria de que se trata, fundando y motivando la descripción típica normativa del ilícito de fraude específico por simulación dentro de la causa penal de origen, lo que también se aprecia del cumplimiento dado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, en su resolución de doce de enero de dos mil veintidós. Sin embargo, se otorgó a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción a fin de que resuelva la situación jurídica de la quejosa, es decir, no se estableció que la nueva resolución dictada deba ser en el mismo sentido que la anterior. En su escrito de que se trata, Eduardo Flores Silos hace manifestaciones sobre diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y expone que Norma Angélica Ramírez Medellín guarda estrecha amistad con la actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y para acreditar su dicho acompaña tres impresiones fotográficas. Finalmente, argumenta que se encuentran debidamente acreditados los elementos del delito de fraude específico por los motivos que expone, para lo cual hace manifestaciones sobre los hechos debatidos en la causa penal de origen. Por lo que respecta a las manifestaciones antes vertidas, son inatendibles, debido a que dichas circunstancias no fueron materia de la protección constitucional otorgada en este juicio de amparo. Máxime que en el fallo amparatorio los vicios formales se hicieron consistir en lo siguiente: a) El Juez responsable debía motivaron la determinación reclamada, pues no indicó el por qué la acción falaz atribuible a la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín, se exteriorizó con conocimiento de la prohibición del resultado vulnerador de la norma jurídica, de tal manera que se creara certeza de que la justiciable simuló un acto jurídico con voluntad de la realización de una conducta que es contraria a derecho. b) Era necesario que la responsable expresara cómo se materializó la bilateralidad en la simulación materia de la acusación, por parte de la quejosa y el diverso implicado, puesto que precisamente, esto constituía, el actuar criminoso de los copartícipes en la comisión del delito; es decir, que coincidieron y sus intereses eran comunes. c) El Juez del conocimiento, debía exponer las razones inmediatas del por qué afirmó que la justiciable al contar con la carrera de derecho y haber laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo utilizó para auxiliar al activo José Fernández Galán Palau, e impedir la entrega de los bienes a su anterior esposa, ofendida en la causa penal de origen. Del mismo modo, expresara el fundamento o las razones, circunstancias particulares o causas inmediatas por las que consideró que la simulación de lo convenido se hacía patente, porque la quejosa contrajo matrimonio con el diverso activo, el tres de febrero de dos mil once, donde a su criterio sobresale la diferencia de edades de los contrayentes, esto es, de ochenta y tres años y cuarenta y tres años respectivamente. Aspectos que destacó la autoridad responsable en su determinación de doce de enero de dos mil veintidós, por la cual da cumplimiento al fallo amparatorio, esto es, que atendiendo al examen de los autos de la causa penal de origen, con libertad de jurisdicción, estimó que no se encontraba acreditado el primero de los elementos que integran el cuerpo del delito, relativo a la existencia de actos jurídicos simulados por parte del activo. En ese sentido, destacó que no se demostró la existencia de la bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín, con el diverso implicado José Fernández Galán Palau, con motivo del convenio de finiquito de relación laboral que celebraron el nueve de febrero de dos mil doce, pues aún en la hipótesis de que las prestaciones convenidas, sean tildadas como falsas, esa circunstancia corresponde al Ministerio Público el avocarse a su investigación. Además señaló, que si bien, el convenio laboral era un acto para procesal realizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje donde la aquí quejosa contaba con la carrera universitaria de derecho y que ante esa autoridad, en su oportunidad, prestó sus servicios en diversas áreas hasta llegar a ocupar la presidencia de esa Junta, ello no demostraba que haya utilizado esas circunstancias para auxiliar a José Fernández Galán Palau a impedir la entrega de los bienes inmuebles a la parte ofendida. Finalmente, estableció que el hecho de que la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín contrajera matrimonio con José Fernández Galán Palau el tres de febrero de dos mil once, cuando la primera contaba con cuarenta y tres años de edad y su contrayente ochenta y tres años de edad, esto en nada acreditaba una simulación de lo convenido, dado que, estimar lo contario, atendería a suposiciones o conjeturas, para arribar a la simulación destacada. En ese sentido, contrario a lo señalado por el albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, la autoridad responsable en la determinación por la cual dio cumplimiento al fallo amparatorio, se constriñó a los aspectos formales que lo motivaron. Por cumplida. Por lo antes expuesto, se aprecia que se cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que el Juzgado Quinto del Ramo Penal en esta ciudad dejó insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en causa penal 28/2019, en su lugar dictó otra en la que estableció que no se demuestra que haya existido bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la quejosa, aclaró que el hecho de que la inculpada haya cursado la carrera de derecho y haber trabajado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es indicativo de que dicha circunstancia la haya utilizado para auxiliar a su esposo, y que tampoco se puede aseverar que exista simulación por el hecho de que la encausada contrajo matrimonio con el diverso inculpado con una diferencia de edades de cuarenta años, para finalmente decretar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que por una parte se sobreseyó en el presente asunto, y por otra se concedió la protección constitucional, además de que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Devolución de documentos. Con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los anexos que presentó en este asunto y que obran por separado. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. Sin diversos documentos para devolver. De autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES EL PROVEIDO DE 7 DE JUNIO DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente asunto, hasta que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que le corresponda conocer de la recusación interpuesta por Norma Angélica Ramírez Medellín en el juicio de amparo 968/2021-VII resuelva en definitiva al respecto. Hecho notorio. Asimismo, en el cuaderno de antecedentes relativo al mencionado juicio de amparo 968/2021-VII del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós se glosó un oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que trascribió la determinación de veintisiete de mayo de la presente anualidad, pronunciada en el impedimento 4/2022 de su índice, de la que se advierte que se declaró infundada la recusación planteada por Norma Angélica Ramírez Medellín; lo que se trata de un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; lo que se apoya además en la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Sin que exista necesidad de certificar o agregar tales constancias a este asunto, de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en los presentes autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer en este asunto, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el siguiente efecto: "[.] que el Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, deberá efectuar las consideraciones siguientes: I. Dejar insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en causa penal 28/2019. II. Dicte otra en la que tomando en consideración lo expuesto en esta ejecutoria de amparo, emita otro donde funde y motive, acorde a la descripción típica normativa del ilícito de fraude especifico por simulación, la bilateralidad en la simulación materia de la acusación, por parte de la quejosa y el diverso implicado, que materializa la intención concreta en la acción delictiva de la justiciable, consiste en un ánimo o propósito concreto en la simulación, que trajo la producción del perjuicio o la obtención del beneficio indebido. También, conforme a los argumentados en esta determinación exponga las razones particulares y causas inmediatas, por las qué afirmó que la justiciable al contar con la carrera de derecho y haber laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo utilizó para auxiliar al activo José Fernández Galán Palau, e impedir la entrega de los bienes a su anterior esposa, ofendida en la causa penal de origen. Del mismo modo, funde y motive por qué la simulación de lo convenido se hace patente, con motivo de que la quejosa contrajo matrimonio con el diverso activo, el tres de febrero de dos mil once, donde a su criterio sobresale la diferencia de edades de los contrayentes, esto es, de ochenta y tres años y cuarenta y tres años respectivamente. Además, establezca con toda precisión la hipótesis en que se ubica la probable responsabilidad de Norma Angélica Ramírez Medellín, en la consumación del ilícito atribuido, es decir, en qué consistió su grado de intervención. III. Precisado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita nueva determinación conforme lo dispuesto por los preceptos 19 constitucional, 107 y 189 del Código de Procedimientos Penales del Estado, resuelva la situación jurídica de la quejosa. [.]" Recuso de revisión. Inconforme con dicha determinación, Eduardo Flores Silos, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quedando registrado como Amparo en Revisión 104/2021 de su índice. Mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el mencionado Tribunal Colegiado declaró firme el sobreseimiento decretado y confirmó la sentencia recurrida, en la parte que concedió el amparo y protección solicitados por la parte quejosa. Requerimiento. En el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo amparatorio a la autoridad responsable Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad. Cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, presentó el oficio 51/2022, al que adjuntó copia certificada de la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el proceso penal 28/2019 de su índice, en la que dejó sin efecto la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, relativa al auto de formal prisión emitido en contra de Norma Angélica Ramírez Medellín por el delito de fraude específico, y en su lugar dictó auto de libertad a favor de la citada persona por su probable participación en el delito de que se trata. Vista. En el auto de trece de enero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, con el oficio y su adjunto mencionados en el párrafo que antecede. Del oficio y el anexo que remitió la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, se advierte que dictó la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 28/2019 de su índice, en la que se determinó lo siguiente: La autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el referido proceso penal. En su lugar, dictó la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, en la que analizó la descripción típica normativa del ilícito de fraude específico por simulación, y estableció que con las pruebas que obraban en la causa penal de origen, no se demostró que haya existido bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la inculpada Norma Angélica Ramírez Medellín. Asimismo, en la resolución de que se trata se estableció que el hecho de que la citada inculpada haya cursado la carrera de derecho y haber trabajado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es indicativo de que dicha circunstancia la haya utilizado para auxiliar a su esposo, como tampoco se puede aseverar que exista simulación por el hecho de que la encausada contrajo matrimonio con el diverso inculpado con una diferencia de edades de cuarenta años, pues ello equivaldría a realizar especulaciones subjetivas que no se encuentran demostradas en autos. Por lo anterior, la autoridad responsable procedió a decretar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto por el artículo 205, fracción X, de Código Penal, lo que constituye el acto reclamado en este asunto. Manifestaciones de la parte tercero interesada. En su escrito recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de marzo de dos mil veintidós, Eduardo Flores Silos, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, expuso diversas circunstancias respecto al proceso penal de origen 28/2019, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Penal en el Estado. Asimismo, manifestó que el cumplimiento en el presente juicio de amparo consistía en que la autoridad responsable fundara y motivara correctamente el auto de formal prisión dictado, pero que los efectos no fueron para que la citada responsable revocara su propia determinación y procediera a dictar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por el delito de fraude específico. El promovente considera que para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, la autoridad responsable debió fundar y motivar la responsabilidad de Norma Angélica Ramírez Medellín en la consumación del ilícito atribuido y establecer en qué consistió su grado de intervención, además de analizar las constancias y pruebas que obran en autos a fin de exponer por qué resulta en la quejosa un actuar ilícito, lo que dice que no ocurrió, ya que el auto de libertad dictado carece de fundamentación y motivación, ocasionando con ello un menoscabo económico a la parte que representa. Al respecto, dígase a la parte tercero interesada que uno de los efectos para los que se concedió la protección constitucional en este asunto, fue para que el Juez responsable dejara insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 28/2019, lo cual sí aconteció. Igualmente, se ordenó que la mencionada responsable dictara otra resolución tomando en consideración lo expuesto en la ejecutoria de que se trata, fundando y motivando la descripción típica normativa del ilícito de fraude específico por simulación dentro de la causa penal de origen, lo que también se aprecia del cumplimiento dado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal, encargada del despacho por ministerio de ley, en su resolución de doce de enero de dos mil veintidós. Sin embargo, se otorgó a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción a fin de que resuelva la situación jurídica de la quejosa, es decir, no se estableció que la nueva resolución dictada deba ser en el mismo sentido que la anterior. En su escrito de que se trata, Eduardo Flores Silos hace manifestaciones sobre diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y expone que Norma Angélica Ramírez Medellín guarda estrecha amistad con la actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y para acreditar su dicho acompaña tres impresiones fotográficas. Finalmente, argumenta que se encuentran debidamente acreditados los elementos del delito de fraude específico por los motivos que expone, para lo cual hace manifestaciones sobre los hechos debatidos en la causa penal de origen. Por lo que respecta a las manifestaciones antes vertidas, son inatendibles, debido a que dichas circunstancias no fueron materia de la protección constitucional otorgada en este juicio de amparo. Máxime que en el fallo amparatorio los vicios formales se hicieron consistir en lo siguiente: a) El Juez responsable debía motivaron la determinación reclamada, pues no indicó el por qué la acción falaz atribuible a la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín, se exteriorizó con conocimiento de la prohibición del resultado vulnerador de la norma jurídica, de tal manera que se creara certeza de que la justiciable simuló un acto jurídico con voluntad de la realización de una conducta que es contraria a derecho. b) Era necesario que la responsable expresara cómo se materializó la bilateralidad en la simulación materia de la acusación, por parte de la quejosa y el diverso implicado, puesto que precisamente, esto constituía, el actuar criminoso de los copartícipes en la comisión del delito; es decir, que coincidieron y sus intereses eran comunes. c) El Juez del conocimiento, debía exponer las razones inmediatas del por qué afirmó que la justiciable al contar con la carrera de derecho y haber laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo utilizó para auxiliar al activo José Fernández Galán Palau, e impedir la entrega de los bienes a su anterior esposa, ofendida en la causa penal de origen. Del mismo modo, expresara el fundamento o las razones, circunstancias particulares o causas inmediatas por las que consideró que la simulación de lo convenido se hacía patente, porque la quejosa contrajo matrimonio con el diverso activo, el tres de febrero de dos mil once, donde a su criterio sobresale la diferencia de edades de los contrayentes, esto es, de ochenta y tres años y cuarenta y tres años respectivamente. Aspectos que destacó la autoridad responsable en su determinación de doce de enero de dos mil veintidós, por la cual da cumplimiento al fallo amparatorio, esto es, que atendiendo al examen de los autos de la causa penal de origen, con libertad de jurisdicción, estimó que no se encontraba acreditado el primero de los elementos que integran el cuerpo del delito, relativo a la existencia de actos jurídicos simulados por parte del activo. En ese sentido, destacó que no se demostró la existencia de la bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín, con el diverso implicado José Fernández Galán Palau, con motivo del convenio de finiquito de relación laboral que celebraron el nueve de febrero de dos mil doce, pues aún en la hipótesis de que las prestaciones convenidas, sean tildadas como falsas, esa circunstancia corresponde al Ministerio Público el avocarse a su investigación. Además señaló, que si bien, el convenio laboral era un acto para procesal realizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje donde la aquí quejosa contaba con la carrera universitaria de derecho y que ante esa autoridad, en su oportunidad, prestó sus servicios en diversas áreas hasta llegar a ocupar la presidencia de esa Junta, ello no demostraba que haya utilizado esas circunstancias para auxiliar a José Fernández Galán Palau a impedir la entrega de los bienes inmuebles a la parte ofendida. Finalmente, estableció que el hecho de que la quejosa Norma Angélica Ramírez Medellín contrajera matrimonio con José Fernández Galán Palau el tres de febrero de dos mil once, cuando la primera contaba con cuarenta y tres años de edad y su contrayente ochenta y tres años de edad, esto en nada acreditaba una simulación de lo convenido, dado que, estimar lo contario, atendería a suposiciones o conjeturas, para arribar a la simulación destacada. En ese sentido, contrario a lo señalado por el albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la tercero interesada Flor de María Navarro Sánchez, la autoridad responsable en la determinación por la cual dio cumplimiento al fallo amparatorio, se constriñó a los aspectos formales que lo motivaron. Por cumplida. Por lo antes expuesto, se aprecia que se cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que el Juzgado Quinto del Ramo Penal en esta ciudad dejó insubsistente la determinación de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en causa penal 28/2019, en su lugar dictó otra en la que estableció que no se demuestra que haya existido bilateralidad en la simulación materia de la acusación por parte de la quejosa, aclaró que el hecho de que la inculpada haya cursado la carrera de derecho y haber trabajado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es indicativo de que dicha circunstancia la haya utilizado para auxiliar a su esposo, y que tampoco se puede aseverar que exista simulación por el hecho de que la encausada contrajo matrimonio con el diverso inculpado con una diferencia de edades de cuarenta años, para finalmente decretar auto de libertad a favor de Norma Angélica Ramírez Medellín por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que por una parte se sobreseyó en el presente asunto, y por otra se concedió la protección constitucional, además de que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Devolución de documentos. Con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los anexos que presentó en este asunto y que obran por separado. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. Sin diversos documentos para devolver. De autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

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