JOSÉ FERNANDEZ COBARRUBIAS y Otros.

Expediente 179/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
179/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2019

Partes del expediente

  • JOSÉ FERNANDEZ COBARRUBIAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número ******************** Por otro lado, en virtud de que mediante proveído de cinco de marzo último, se reservó remitir el oficio suscrito por el Director General en representación del Titular del Área de Servicios Médicos y Titular del Área Técnica, todos del Centro Federal número dos "Occidente" con residencia en Puente Grande, Jalisco, hasta en tanto el juez conocedor del presente juicio de amparo, aceptara la competencia declinada a su favor, circunstancia que ya aconteció; en tales condiciones, vía estafeta, remítase el oficio de que se trata, al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para los efectos legales procedentes. En virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que este Juzgado determinó carecer de competencia para conocer del presente asunto; sin embargo, en autos se concedió la suspensión de plano, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ...... fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 179/2019. Previamente, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y toda vez que uno de los actos reclamado puede incidir en la vida de la parte quejosa, se concede a los quejosos la suspensión de oficio y de plano del acto que reclaman consistente en la inadecuada atención médica, para el efecto de que el Director del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "OCCIDENTE", inmediatamente ordene a la Encargada del Departamento de Servicios Médicos o a quien corresponda, emita una valoración médica respecto del actual estado de salud de los quejosos, y en caso de así necesitarlo, les otorguen la atención y tratamiento médico de urgencia. Con motivo de lo anterior, requiérase al Director del citado Centro Federal, para dentro del plazo de 3 días haga del conocimiento la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión decretada, debiendo remitir vía postal o fax, de ser el caso: La nota médica de referencia. La hoja de atención médica. Constancia de tratamiento de paciente con medicamentos. Apercibido que de no hacerlo, su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Por otro lado, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, los peticionarios del amparo, esencialmente, reclaman a través de este juicio de amparo las inadecuadas atención medica y alimenticia, actos que atribuye al Director General, Titular del Área de Servicios Médicos y Titular del Área Técnica todos del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "OCCIDENTE", con residencia en Puente Grande, Jalisco. En ese tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que los actos reclamados a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "OCCIDENTE", con residencia en Puente Grande Jalisco, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional ya que se traducen en actos que se realizan de manera ineficiente -según los quejosos-; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, lugar toda vez que es el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tienen ejecución los actos reclamados, esto es, en el Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno respecto del acto reclamado referente a la inadecuada atención alimenticia, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es del tenor: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. [Décima Época, Registro: 2012019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P.16 K (10a.), página: 2093]. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.

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