José Félix Rosas Morales

Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
63/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • José Félix Rosas Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que el promovente no interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de enero de la presente anualidad -fojas 86 a 90-, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve José Félix Rosas Morales, de propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su director general, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 63/2018-D. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En primer término, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, la omisión de emitir la determinación del crédito fiscal, es decir, la falta de fundamentación y motivación en lo relativo al cobro de diversos conceptos, generados por la prestación del servicio de suministro de agua potable. En ese orden, este juzgado estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de las personas, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstas. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. En el asunto que se atiende, la parte quejosa se duele, como ya se precisó, entre otras cosas, de la ausencia de fundamentación y motivación en el cobro de diversos conceptos relacionados con la prestación del servicio de suministro de agua potable en el inmueble que aduce de su propiedad o posesión. Ahora, el artículo 1° de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Baja California, establece que éstas, son organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, respectivamente. Por su parte, el artículo 2° de tal ordenamiento, establece como funciones de dichas comisiones las siguientes: "Artículo 2. Es función de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos: I.- Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras de cada uno de los Municipios a que correspondan; II.- La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas; III.- La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata; IV.- La prestación a los usuarios de los servicios mencionados; V.- La recaudación de los derechos que conforme a la Ley y a los Convenios que celebren, les correspondan; VI.- La implementación de programas de apoyo a los usuarios para el financiamiento en la adquisición de tecnologías así como aditamentos y dispositivos ahorradores de agua, y VII.- El desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados." Luego, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, es un organismo que, por lo que hace a los conceptos que se reclaman, no cuenta con atribuciones que le den el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese tenor, los actos atribuidos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no constituyen actos de autoridad, pues carecen de las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; sobre todo, tomando en consideración que los actos reclamados derivan de la prestación de un servicio público que parte de la celebración de un contrato para tal efecto entre las partes. Es decir, en la especie los actos reclamados carecen del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que estos no surgen de una relación de supra a subordinación entre el organismo público de que se trata con quien demanda el amparo, sino que se trata de una relación de coordinación entre quienes actúan como particulares para la prestación del servicio de suministro de agua, cuyo origen, como ya se precisó, es un contrato celebrado entre las partes. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 475 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice 1917, tomo II, primera parte, página 516, novena época, de rubro y contenido: "AUTORIDAD. NO LO ES, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. Si bien la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco se erige en autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, como lo estableció este Alto Tribunal en la tesis P. XLVIII/91, publicada en la página 6 del Tomo VIII, del mes de octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD, LO ES PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, AL PODER HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COERCITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.", dado que a través de la Dirección General de Hacienda puede lograr el cobro de los derechos por consumo de agua, por la vía económico-coactiva, de ello no se sigue que el director general de la citada comisión tenga facultades de decisión e imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que en tal hipótesis resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, ya que no se encuentra investido de los atributos que, conforme a la interpretación de esta Suprema Corte, caracterizan a una autoridad para efectos del juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 24 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice (actualización 2001), tomo I, página 24, novena época, de rubro y texto: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Sin que sea óbice para la anterior determinación el hecho de que en el caso no se advierta la existencia de un contrato de adhesión celebrado entre el quejoso y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pues del escrito inicial de demanda se advierte que quien promueve, exhibió un comprobante de cobro a su nombre, expedido por el citado organismo, relativo a la cuenta 2447878, con fecha de vencimiento el catorce de enero de dos mil dieciocho, en relación a la prestación del servicio de suministro de agua potable en el bien inmueble que el agraviado manifiesta, bajo protesta de decir verdad, es de su propiedad, de ahí que es dable establecer que efectivamente existe un contrato relativo al suministro de ese servicio. De lo expuesto, es de concluirse que los actos que, en su caso, realice la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, relativos al cobro y suministro de servicio público de agua potable, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no actúa con imperio y de manera unilateral, característica de los actos de autoridad. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales intentada, con sustento en el precepto 113 del mismo ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación sea contraria al orden constitucional mexicano que reconoce el derecho al mínimo vital de agua potable, pues como ya se apuntó, de las propias constancias que se anexan a la demanda de amparo, no se advierte un corte del servicio del líquido vital. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los mencionados en su escrito de demanda, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Marco Antonio Ponce Anaya, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. Asimismo, ténganse como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a quienes señala para tal efecto el promovente en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de uso de medios digitales En otro contexto, respecto a la solicitud del quejoso consistente en que se permita el uso de diversos medios digitales, para obtener imágenes de las actuaciones realizadas en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que precisa, en las actuaciones del presente expediente. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente...se notifica a la parte quejosa, el auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitido en autos del expediente que al rubro se anota, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley, a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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