José Félix Rangel Vega
Expediente 1218/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- José Félix Rangel Vega
Actuaciones
- Principal
...Vista la cuenta, glósese a los autos para el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvansele los documentos que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, autorizando para recibir los mismos a la persona que refiere en su escrito. Sin que pase desapercibido, que en su escrito de cuenta la promovente refiera que adjunta copia de la escritura pública respectiva, sin embargo, tal circunstancia no aconteció, lo que se corrobora con lo asentado por la Oficial de Partes de este Juzgado de Distrito...
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...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/ 2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que se remitieron a fin de resolver el presente asunto, previo desglose que se haga de las carátulas de los tomos de prueba formados con las mismas...
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...CUMPLE PREVENCIÓN. Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, por medio del cual da cumplimiento a al requerimiento que se le formuló en autos. Asimismo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdo Provisional del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Presiden y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo en el Estado de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos y al efecto remite diversas constancias, que debido a su voluminosidad se ordenan formar dos tomos por separado, los cuales quedan en la Secretaria de este Juzgado, a disposición de las partes, para su consulta. En consecuencia, este Juzgado provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, o bien, que el Juzgador se allegue de ellos para esclarecer los actos que se le reclaman; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por ser una cuestión de orden pública y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuestos en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del numeral 61, que sobrevino respecto del acto que reclama la quejosa, dicho artículo dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas..." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. ACTO RECLAMADO Ahora, de una lectura integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en: El acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Amealco, Querétaro, dentro del expediente ****. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los hechos o abstenciones que refiere la solicitante del amparo en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo. Que en fecha ocho de marzo del dos mil dieciocho, se resolvió la tercería excluyente de Dominio registrada bajo el número *** del índice del Juzgado Mixto de Amealco de Querétaro, la cual se declaró improcedente, dicha resolución fue confirmada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro mediante sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca civil ***. Inconforme con la determinación de la Sala, se interpuso una demanda de Amparo Directo, en la que se solicitó la suspensión de los actos reclamados. Así las cosas, mediante proveído de cinco de julio del presente año, la Sala responsable proveyó respecto de la suspensión de los actos reclamados, consistente en que no se tire la escritura de adjudicación del inmueble rematado, fijándose como garantía la cantidad de $****** 00/100 M.N. ), lo cual aconteció. Posterior a ello y con motivo de la solicitud de la tercera interesada LUCILA OLVERA OLVERA, la Sala señalada como responsable mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, fijó una contragarantía de $*** 00/100 M.N. ), para ejecutar la resolución del Juez Mixto de Amealco de Querétaro. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la tercero exhibiendo la contragarnatía en mención, por lo que dejó de surtir efectos la suspensión decreta y ordenó al Juez de origen dicha circunstancia. Así las cosas, el veintiocho de septiembre del año en curso, la autoridad señalada como responsable, ordenó la escrituración del predio en favor *** y se ordenó girar oficio al Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a efecto de inscribir la adjudicación del inmueble ubicado en calle **** Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo. De lo expuesto, resulta que tratándose de los actos emitidos por la autoridad responsable, la cual que forma parte de un procedimiento de amparo directo, no podrían ser catalogados como propios, pues dicha autoridad funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, otorgamiento de la suspensión del acto reclamados, o como en el caso, otorgar una contragarantía respecto de dicha suspensión, sin que se estime que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales, pues ello resultaría contrario a los estándares y finalidades que busca un Tribunal Constitucional al emitir sus determinaciones. El artículo 170, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo directo se inicia con la presentación de la demanda, y es la autoridad responsable la que únicamente actúa con el carácter de auxiliar en la recepción de la demanda, emplazamiento de tercero, remisión de la demanda de amparo ante el Tribunal competente para su conocimiento, por ende, los actos que emite la responsable, en torno a la citada presentación de demanda, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, en tanto que el órgano competente para su conocimiento lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que emite el Juez Mixto de Amealco, Querétaro, lo determina en relación al incidente de suspensión, solicitado dentro del amparo directo interpuesto ante la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en su carácter de autoridad responsable y por ende auxiliar del Tribunal Colegiado, en contra de la resolución al recurso de apelación dictada en el toca ****, con ello se evidencia que la responsable formuló dicha determinación, no por un hecho o acto propio, sino como auxiliar de la Justicia Federal. Con todo lo anterior, esta Juzgadora determina que no es factible la impugnación de tales actos en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por *****, en términos del diverso 113 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 107/2015 (10ª ), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre 2015, Tomo I, página 453, Décima Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (* ), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Así como, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."...II
- Principal
...RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ***, quien se ostenta como apoderada legal de ... promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Amealco, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1218/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracción III de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio y anexos, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Acredite su personalidad, esto es, para que demuestre que "**** y ***** son la misma persona, lo cual deberá acreditar con documento idóneo, en original o copia certificada, del que se advierta la representación legal que la promovente ostenta respecto del quejoso, o bien, se presente ante esta autoridad jurisdiccional a ratificar la demanda de amparo, manifiestando en ese acto bajo protesta decir verdad, con el apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional, conforme lo señalado en el artículo 261 fracción I, de la Ley de la Amparo, si los nombres *** se asentaron de manera errónea, para lo cual deberá indicar el nombre correcto con el que promueve la demanda, identificándose con documento oficial en original y/o copia certificada del que se advierta su nombre correcto, pues es de estudio preferente y oficioso. Lo anterior, ya que, a fin de acreditar la personalidad con que se ostenta, presentó copia certificada del instrumento notarial 109,793 (ciento nueve mil setecientos noventa y tres ), expedido por el Notario Público adscrito a la Notaría 4 de la Ciudad de Querétaro, del que se advierte que ****, también conocido como ***, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a favor de ****, no a **** o ****, que son los nombres que aparecen en la demanda de amparo, el primero en el proemio (página uno) y el segundo de quien signa la demanda (página doce), fungiendo como apoderada del quejoso, lo cual redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." SEGUNDO. Precise la etapa procesal en que se encuentra el Amparo Directo que refiere interpuso ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en contra de la resolución al recurso de apelación dictada en el toca ... TERCERO. Amplíe de forma cronológica y detallada los antecedentes, en relación con la suspensión derivada del amparo directo interpuesto ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en contra de la resolución al recurso de apelación dictada en el toca ... y, en su caso, exhiba copia certificada o simple de la misma. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla, bajo protesta de decir verdad, el promovente y no los autorizados. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a la prevención contenida en el presente auto, en el plazo señalado para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto ilustra la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a página 3250, Tomo XXVI, Octubre de 2007, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL PROMOVENTE MANIFIESTA TENERLA POR RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE PREVENIRLO PARA QUE EN EL TÉRMINO LEGAL ACREDITE DICHA PERSONALIDAD, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO LA TENDRÁ POR NO INTERPUESTA. El criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 43/96, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, debe seguirse respecto a la hipótesis contenida en el artículo 13 de la Ley de Amparo, que prevé el supuesto de cuando la parte quejosa en el juicio de garantías manifiesta tener reconocida la personalidad con que se ostenta ante la autoridad responsable, en el sentido de que el Juez debe prevenirla en términos del artículo 146 de la citada ley, para que en el término legal acredite dicha personalidad, con el apercibimiento que de no hacerlo tendrá por no interpuesta la demanda. Dado que la única excepción que prevé la ley de la materia para admitir la demanda de amparo sin que el promovente haya demostrado su personalidad en ese momento procesal, es cuando el acto reclamado emana de un procedimiento penal, según lo dispone el artículo 16 de la propia ley." REQUERIMIENTO A AUTORIDAD. Por otro lado, con fundamento en los artículos 78, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, que establecen que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitación que las pruebas reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos; en el caso y toda vez que se previno a la parte quejosa para que subsane su demanda y en atención a la garantía de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, concomitante con la conveniencia de la presentación de documento por parte de las autoridades o de un tercero, requiérase a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de lo que proveyó respecto del amparo directo promovido en contra de la determinación pronunciada en el toca 622/2018, específicamente respecto de la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 27/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XIX, marzo de dos mil catorce, visible en la página 354, que a la letra reza: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.18 K, sustentada por Décimo tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 1858, misma que se transcribe: REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo a lo previsto en los artículos 79 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el Juez de amparo puede allegarse de información sobre la existencia y autenticidad de los documentos con los que la parte quejosa pretende demostrar su interés público subjetivo en el interés jurídico, siempre que lo haga dentro del mismo término que se le otorga a la parte quejosa, cuando el ocurso de demanda haya sido objeto de aclaración o requerimiento porque no satisface los requisitos a que alude el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, en el mismo auto de admisión de la demanda, sin que con ello deba retardar el proveer sobre la suspensión provisional dentro del término legal previsto para ello, y sin que deba reservar de acordar cuando no haya causa legal para ello. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** y ****, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y en términos del artículo 24 de la citada Ley, a la diversa persona que señala, por no contar con cédula registrada en el aludido sistema; sin perjuicio que durante la tramitación del juicio acredite tal hecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...II
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