José Félix González Nuñez
Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/05/2018
Partes del expediente
- José Félix González Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo Vigente, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1583/2016, promovido por Miguel Arellano Moreno, acorde a lo dispuesto en los arábigos 125 y 128 del citado ordenamiento legal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la materia en vigor, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, deben concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto remítaseles copia simple de la demanda. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo Vigente. Por otra parte, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, fracción II y 131 del ordenamiento legal en cita SE NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional del acto reclamado, a efecto de que se le permita seguir trabajando o explotando el "Permiso de Ruta de Pasajeros", el cual manifiesta es de su propiedad; toda vez que no acreditó con documento alguno, el interés legítimo que le asiste para que le sea concedida la medida cautelar que solicita, como lo establece el artículo 131 de la Ley de la Materia en Vigor, en virtud de que conforme al arábigo antes indicado, para ejercer o desplegar actos válidamente dentro del juicio de garantías, se requiere que la parte accionante acredite dos situaciones: 1).- El daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la medida cautelar; y, 2).- El interés social que justifique su otorgamiento. De ahí que, si el ahora quejoso expone que las autoridades responsables pretenden revocarle el permiso de autobús "Permiso de Ruta de Pasajeros", tal y como lo precisa la parte promovente en el apartado de acto reclamado, es menester que demuestre el daño inminente e irreparable a su pretensión, asimismo, que justifique el interés social para su otorgamiento, requisitos que, no acreditó pues en parte alguna de su escrito de demanda hizo alusión a dichos imperativos legales; por ende, procede negar la medida cautelar solicitada. Lo anterior, no obstante que el accionante del amparo haya anexado a su escrito inicial de demanda, copia certificada del permiso de ruta de pasajeros con número de folio 0062 (foja 7 vuelta), expedido por la Dirección de Tránsito y Transportes del Estado de Nayarit, a fin de acreditar su interés jurídico, toda vez que este fue emitido el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, además de que aparece la leyenda "El presente permiso fenece el 31 de diciembre y deberá refrendarse anualmente", por lo que únicamente acredita que fue permisionario de dicha ruta de pasajeros hasta ese año y no al día de la presentación de la demanda de garantías. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 114/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página quinientos cincuenta y siete, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad". Debe precisarse, que en el caso concreto es innecesario efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, previsto por el arábigo 138 del citado ordenamiento legal, pues para ello es requisito indispensable que se acredite el interés legítimo en la forma prevista por el dispositivo 131 de la Ley de Amparo en Vigor. De igual manera, en obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley en comento.
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R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Félix González Núñez, respecto del acto reclamado a la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución.
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Tepic, Nayarit, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el oficio STCCNO/250/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión celebrada en dicha fecha, entre otras cuestiones, cesaron los efectos del punto de acuerdo C. CAR 11/2018-111 y, en consecuencia, se determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio y apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, pronuncie las sentencias definitivas dentro de los juicios de amparo de la estadística de este órgano jurisdiccional, los cuales le serán remitidos de manera mensual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y de conformidad con el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente asunto fue seleccionado para ser remitido al órgano jurisdiccional auxiliar referido, cuyo titular es el licenciado José Dekar de Jesús Arreola; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, remítase a dicho juzgado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, el expediente en que se actúa, así como su anexos (en caso de que obren por separado), para que proceda a dictar la sentencia correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios 873/2018 y DGJ/DJC/SAF/1664/2018, suscritos por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, ambas con sede en esta ciudad (fojas 87 y 98), comunicaron la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Justo González Delgado. Luego, mediante proveído de seis de abril de la presente anualidad (foja 107), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con los referidos oficios y anexos que se adjuntaron, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó de manera personal a la parte quejosa el nueve de abril del presente año (foja 109); en tanto que a la parte tercera interesada por medio de oficio enviado por correo con acuse de recibo, el doce de abril siguiente (foja 113); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dichas partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, siendo que únicamente Carlos Humberto Ornelas González, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, realizó manifestaciones al respecto (fojas 110 a 111). Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 33 a 39), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad ahí precisada, para los efectos siguientes: ". el Tribunal Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda con prontitud a establecer la procedencia de las multas impuestas a la parte demandada, así como la forma en la que las hará efectivas, para lo cual en su caso, habrá de girar los oficios a las autoridades ejecutoras que correspondan. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes al efecto, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Establecer la procedencia de las multas impuestas a la parte demandada aquí tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, así como la forma en la que las hará efectivas. B) Girar los oficios que correspondan, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cumplimiento. Resolución que por proveído de ocho de diciembre del año próximo pasado (fojas 45 a 46), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, primeramente, a través del oficio 523/18, de diecinueve de febrero del año actual, la Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (foja 68), remitió copia certificada del acuerdo emitido el dieciséis de febrero del año actual (fojas 69 a 72), dentro del expediente 238/2011, dentro de la cual, se hicieron efectos los apercibimientos de multa de que fue objeto la tercera interesa Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, en proveídos de trece de abril de dos mil dieciséis, seis de septiembre de dos mil diecisiete y diez de enero del presente año; asimismo, acompañó copia del oficio dirigido al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, enviado con la finalidad de que hiciera efectivas las multas de que se trata. Seguidamente, por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector (fojas 94 y 95), motivo por el cual, en esa misma determinación, se le requirió con la finalidad de que remitiera las constancias de las que se advierta el cobro de las multas impuestas al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, en proveídos de trece de abril de dos mil dieciséis, seis de septiembre de dos mil diecisiete y diez de enero de la presente anualidad, todos emitidos dentro del juicio 238/2011. Posteriormente, por oficio DGJ/DJC/SAF/1664/2018, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (foja 98), en cumplimiento al fallo protector, acompañó copia del oficio DNEF/376/2018, en el cual se desprende el requerimiento de pago de fecha trece de marzo del año actual, realizado por el Jefe de Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal al H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlán del Rio, Nayarit, sin que hubiera cubierto la multa que le fue impuesta, motivo por el cual procedió a realizar mandamiento de ejecución, a fin de que dentro del plazo de quince días hábiles, efectuara el pago de la misma, con el apercibimiento de que en caso de omisión, procedería en términos del ordinal 152 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. En esa tesitura, de lo hasta aquí destacado, se desprende que la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, ya dio cumplimiento al fallo protector, pues de su parte, ya estableció la procedencia de las multas impuestas a la parte demandada aquí tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, dentro del expediente 238/2011; además de que giró oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con la finalidad de que hiciera efectivas las aludidas multas. Sin embargo, la autoridad vinculada al cumplimiento, si bien informó que el Jefe del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal ya procedió al requerimiento de pago de las multas en mención y que en virtud de que no se cubrieron las mismas, se procedió a realizar mandamiento de ejecución; no obstante, no se advierte que las dichas medidas de apremio hayan sido cubiertas. Por tal motivo, como lo indicó el autorizado legal de la parte quejosa (fojas 110 a 111), con sustento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, lo procedente es requerir al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el propósito de que dentro del plazo de tres días siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, remita a este juzgado y al tribunal laboral de que se trata, las constancias de las que se advierta el cobro de las multas impuestas al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, en proveídos de trece de abril de dos mil dieciséis, seis de septiembre de dos mil diecisiete y diez de enero de la presente anualidad, todos emitidos dentro del juicio 238/2011. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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