José Felix Brito Ortiz
Expediente 2071/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2071/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Felix Brito Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2071/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2071/2017-IV-B, promovido por José Félix Brito Ortiz, por derecho propio, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, José Félix Brito Ortiz, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue prevenida por acuerdo de veintiséis de diciembre pasado, para que el quejoso manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que fue advertida de su escrito inicial de demanda (fojas cinco a siete). En dos ocasiones la parte quejosa intentó desahogar la prevención. A esos intentos recayeron los acuerdos de cuatro y once de enero, ambos del año en curso, en los que se dijo a la parte promovente que no había lugar a tener por subsanada la prevención (fojas 10 a 13 y 16 a 19). Luego, en actuación de dieciocho de enero actual, el secretario certificó que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 21 a 26). En vista de la certificación, en auto de la misma fecha, la demanda fue admitida únicamente contra las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de dieciséis de febrero actual, se fijaron las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional (foja 62). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda, cuyos actos reclamados carecen de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así las cosas, estos son los actos reclamados: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de enviar el expediente 01/701/16, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con motivo de la competencia declinada en favor de ésta. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de la competencia declinada en su favor para conocer del conflicto 01/701/16. TERCERO. Inexistencias de los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y sobreseimiento. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado con el argumento de no tener a su cargo el conocimiento del conflicto de trabajo 01/701/16 (foja 52). Enrique Martínez Caballero, por ausencia del Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, negó el acto reclamado con el argumento de que dicha Junta no había recibido, por cuestión de competencia, el conflicto de trabajo 01/701/16 (foja 55). Los actos reclamados de ambas autoridades responsables, son inexistentes. Primero se darán las razones de la inexistencia del acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. El quejoso reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la omisión de enviar el expediente 01/701/16, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con motivo de la competencia declinada en favor de ésta. La autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. En ese tenor, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no algo que no existe (hecho negativo sustancial), lo que la autoridad responsable negó no fue el "no hacer" que le imputó la parte quejosa, sino que lo que negó fue la existencia de la obligación, derivada de no tener a su cargo el conocimiento del conflicto laboral 01/701/16. En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso, esto es, debe existir previamente la obligación correlativa determinada por la ley. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa por disposición de ley, sin que tenga como presupuesto una condición. En otras palabras, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad y, por tanto, que efectivamente omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas con efectos en la esfera jurídica del quejoso, debe existir previamente a la instauración del amparo, la obligación de llevar a cabo, sea de forma oficiosa (por disposición de ley) o como consecuencia de un acto jurídico previo (acto desplegado por el particular, determinado por la propia autoridad o por diversa cuyas decisiones esté sujeta a obedecer, por citar algunos ejemplos), el acto cuya falta de realización se le demande y califique de violatorio de derechos. La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado con el argumento de que la Junta que preside, no tiene a su cargo el conocimiento del conflicto de trabajo 01/701/16. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, pues el conflicto laboral data de dos mil dieciséis. Ahora, se cita el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley." Conforme al precepto transcrito, cuando una Junta se declaré incompetente para conocer de un conflicto, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que corresponda. Luego, la obligación de la Junta de enviar un conflicto a otra Junta o Tribunal cuando se declare incompetente para conocer del mismo, está supeditada a que haya declarado su incompetencia. Así las cosas, en virtud de que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, como se dijo, no se determina sólo en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad, para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, al no tener a su cargo el trámite del expediente 01/701/16, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no está obligada a enviar ese expediente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que la omisión de actuar para ello, que le imputó la parte quejosa, es inexistente. Ante la inexistencia del acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a dicho acto se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, se darán las razones de la inexistencia del acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Enrique Martínez Caballero, por ausencia del Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, negó el acto reclamado con el argumento de que dicha Junta no había recibido, por cuestión de competencia, el conflicto de trabajo 01/701/16. Al igual que hizo la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Enrique Martínez Caballero, en representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, negó la existencia de la obligación de ésta, de resolver sobre la aceptación o no de la competencia para conocer del expediente 01/701/16, fundada en que éste no le fue enviado para tal efecto. Conforme al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo -cuyo texto fue transcrito con antelación-, cuando una Junta se declaré incompetente para conocer de un conflicto, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que corresponda. Y la Junta o tribunal en cuyo favor se decline la competencia para conocer de un conflicto de trabajo, al recibirlo habrá de pronunciarse sobre si acepta o no la competencia, y si la rechaza, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que deba decidir la competencia. Luego, la obligación de resolver sobre dicha aceptación o rechazo, está supeditada a que la Junta o tribunal en cuyo favor sea declinada la competencia, reciba materialmente los autos del conflicto. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, negó el acto reclamado con el argumento de no haber recibido el expediente 01/701/16, para decidir si aceptaba o no la competencia para conocer del mismo. La existencia del acto reclamado se analiza, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Esta consideración se apoya en los siguientes criterios jurisprudenciales: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Por tanto, ya que la certeza o existencia de un acto reclamado omisivo, no se determina sólo en función de la falta del hecho positivo, sino que debe atenderse a las normas legales que rigen la actividad de la autoridad para comprobar si a la data en que se ejerció la acción de amparo, existía o no la obligación de aquélla de actuar en el sentido que exige la parte quejosa para la salvaguarda de su derecho, al veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en que la parte quejosa ejerció la acción de amparo, la omisión que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de resolver sobre la aceptación o rechazo de la competencia declinada en su favor por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del conflicto 01/701/16, es inexistente, porque dicha obligación, de hecho, no ha surgido, en virtud de la falta de recepción material del expediente; habida cuenta de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó conocer del conflicto 01/701/16. No pasa inadvertido que el representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, aceptó haber recibido de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tres exhortos para emplazar a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, al conflicto laboral 01/701/16; empero, negó haber recibido éste con motivo de que dicha Junta especial, hubiera declinado la competencia en su favor para conocerlo; máxime que la parte quejosa no aportó pruebas para desvirtuar el informe justificado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y, además, como se expuso en esta sentencia, pese a haber sido prevenida para señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no lo hizo. Así las cosas, ante la inexistencia del acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a dicho acto se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado respecto de los dos actos reclamados, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno aquéllos, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se apoyan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. CUARTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Félix Brito Ortiz, contra los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos aducidos en el considerando tercero. SEGUNDO. Cúmplase el Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy trece de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio por el que rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Así, a fin de dar tiempo a que transcurra la vista concedida en el párrafo anterior y en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio por el que rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9o de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas propuestas para tal efecto. Notifíquese y cúmplase.
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