Jóse Felipe Tomé Velázquez
Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jóse Felipe Tomé Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria,...
- Principal
En Acapulco, Guerrero, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas en proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por el licenciado Antonio Espinosa Rangel, Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 406/2020-I, promovido por José Felipe Tomé Velázquez, por propio derecho. Acto seguido, EL SECRETARIO: Se hace relación de las constancias que obran en el citado expediente: oficio número 14191/2020, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente, Grande, mediante el cual remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada del juicio de amparo 225/2020-I-A, promovido por José Felipe Tomé Velázquez, por conducto de su apoderado legal Ricardo Navarro Plazola; en el que se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad; asimismo, remitió el incidente de suspensión respectivo, con motivo de la separación de autos, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 21/2016-I-9o, reclamada a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad y al Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, auto de diez de agosto de dos mil veinte, en el que se recibió el citado oficio, y este Juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto, por lo que se ordenó continuar con el trámite del mismo; proveído de veinte de agosto de dos mil veinte en el que se reconoció el carácter de tercero interesada a la persona moral Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple; diligencia de emplazamiento del citado tercero interesado, realizada el diez de agosto último, por el Actuario Judicial del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México (registrado 5283); acta de defunción de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, folio BDB 0019688, con número de certificado de defunción SSA 200330098, Entidad de Registro Nayarit, Municipio Bahía de Banderas, oficialía 0007, Libro 4, Acta 515, a nombre del quejoso José Felipe Tomé Velázquez, expedida por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (registrado 7735); informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables: ... EL JUEZ, ACUERDA. Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. A CONTINUACIÓN, SE ABRE EL PERÍODO PROBATORIO. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, remitió copias certificadas relativas a la causa penal 21/2016-I-9º de su índice, instruida al citado quejoso, por el delito de despojo en agravio de la persona moral Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas que se mencionan, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver este asunto. Al no haber pruebas que desahogar, se da por concluida la presente etapa probatoria. ACTO CONTINUO, SE ABRE LA ETAPA DE ALEGATOS. EL SECRETARIO: Se hace constar el autorizado de la parte quejosa, realizó manifestaciones en vía de alegatos, en su escrito recibido en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte (registrado 7735). EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de la parte quejosa, mismos que serán tomados en consideración al momento de emitirse la sentencia correspondiente; al no existir diversos alegatos ni diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 406/2020-I, promovido por José Felipe Tomé Velázquez, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO.- José Felipe Tomé Velázquez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal mediante demanda de garantías presentada el treinta de enero de dos mil veinte, en la oficialía de partes del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, y por razón de turno conoció el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el citado Estado, con residencia en Puente, Grande, bajo el número de amparo 225/2020-I-A, seguido que fue el trámite, el doce de marzo de dos mil veinte, el mencionado Juzgado, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, únicamente respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 21/2016-I-9o, instruida al citado quejoso, por el delito de despojo en agravio de la persona moral Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, y por las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta localidad y Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, tuvo por recibido el oficio número 14191/2020, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente, Grande, mediante el cual remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada del juicio de amparo 225/2020-I-A, promovido por José Felipe Tomé Velázquez, por conducto de su apoderado legal Ricardo Navarro Plazola, en el que se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad; asimismo, remitió el incidente de suspensión respectivo, con motivo de la separación de autos, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 21/2016-I-9o, reclamada a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad y al Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, demanda de amparo, y se registró con el número de amparo 406/2020-I. SEGUNDO. El quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: 1.- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. 2.- Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. "ACTOS RECLAMADOS.- A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: De la totalidad y resto de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras, reclamo la orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, arresto, localización o presentación, sin que exista causa fundada y motivada que justifique la medida, pues no se ha seguido formalidad alguna conforme a la ley penal que autorice dicha actuación, por ello se argumenta que carece de fundamentación la orden así omitida. Precisando que esta parte quejosa únicamente cuenta con indicios de que se pretende ejecutar una medida cautelar con fines de privar de la libertad al hoy quejoso, la cual fue ordenada por alguna de las autoridades que fueron señaladas como responsables dentro del escrito de demanda inicial. En ese tenor, resulta necesario precisar que al día de hoy el aquí quejoso no tengo el conocimiento de la naturaleza de la orden o mandato que se reclama, puesto que únicamente se cuenta con los indicios de que se trata de un acto tendiente a privar de su libertad al quejoso sin que, precisamente de los informes previos y justificados que en su caso rindan dichas responsables, es que se tendrá el conocimiento pleno de la génesis del acto reclamado a dichas autoridades. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: De las autoridades responsables ejecutoras reclamo la ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, sin que exista causa legal que justifique la medida, pues no se han seguido las formalidades esenciales del procedimiento." Sin embargo, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, únicamente se avocó al conocimiento del presente asunto, respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 21/2016-I-9o, reclamada a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad y al Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Con lo que estimó violadas, en su perjuicio, las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio número 14191/2020, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente, Grande, mediante el cual remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada del juicio de amparo 225/2020-I-A, promovido por José Felipe Tomé Velázquez, por conducto de su apoderado legal Ricardo Navarro Plazola; asimismo, remitió el incidente de suspensión respectivo, con motivo de la separación de autos, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 21/2016-I-9o, reclamada a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad y Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, demanda de amparo; auto de diez de agosto de dos mil veinte, en el que se recibió el citado oficio, y este Juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto, por lo que se ordenó continuar con el trámite del mismo; sin que se solicitaran los informes justificados, por ya obrar en autos; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reconoció el carácter de tercero interesada a la persona moral Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyos rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Al efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del juicio de garantías reclama: ? La orden de reaprehensión y su ejecución. TERCERO. Las autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en este Juzgado al rendir su respectivo informe justificado reconoció el acto reclamado, consistente en la orden de reaprehensión librada contra el aquí quejoso José Felipe Tomé Velázquez, motivo por el cual éste se tiene por cierto. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 278, consultable en la página 231, Tomo VI, del Apéndice 2000, registro 917812 que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, de be tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales que aportó el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de la causa penal 21/2016-I-9o, instruida al citado quejoso, por el delito de despojo en agravio de la persona moral Banco Monex, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por un funcionario judicial en ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Materia Común, número registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en representación del Fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de que de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, se desprende la existencia del acto reclamado. CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar si no existe una causa de sobreseimiento que impida realizar el estudio de los conceptos de violación en la presente determinación constitucional. Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización". Ahora bien, en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; ." Ahora bien, dicho numeral es claro en señalar que procede el sobreseimiento cuando el quejoso muera durante el juicio; y, si bien contiene como exigencia que el acto reclamado sólo afecte a su persona, lo cierto es que la naturaleza de lo aquí combatido hace que dicho requisito se colme a cabalidad, pues si se parte de la premisa de que en este sumario de amparo, como ya se precisó, la parte quejosa reclamó la orden de reaprehensión, así como su ejecución, resulta evidente que dichos actos tal y como lo dispone la fracción en comento, afectaron sólo a su persona, lo que no podrá ser extensivo a su sucesión. Consecuentemente, tomando en consideración la copia certificada del acta de defunción de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, folio BDB 0019688, con número de certificado de defunción SSA 200330098, con Entidad de Registro Nayarit, Municipio Bahía de Banderas, oficialía 0007, Libro 4, Acta 515, a nombre del quejoso José Felipe Tomé Velázquez, expedida por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, que presentó vía electrónica ante este Juzgado su autorizado el licenciado Ricardo Navarro Plazola, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que el citado quejoso, el veinticuatro de noviembre del citado año falleció. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, pues como se señaló, durante la tramitación de éste, sobrevino el fallecimiento del directo quejoso José Felipe Tomé Velázquez,. Ilustra al respecto, la tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1793, tomo XXI, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo". En consecuencia, ante la causa de sobreseimiento que se actualiza en el presente asunto, este órgano de tutela constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para abordar el estudio de los conceptos de violación y, por ende, el fondo del asunto sometido a esta potestad. Se invoca en apoyo de lo anterior, el criterio de jurisprudencia 1028, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 708, registro 394984, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73 a 75, 217, 218, 219 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Felipe Tomé Velázquez, en contra de los actos y autoridades, que quedaron aclarados en el resultando segundo de esta sentencia; por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Intégrese a los autos el escrito presentado por Ricardo Navarro Plazola, apoderado legal de la parte quejosa y anexo que acompaña, con evidencia criptográfica, mediante el cual informa el deceso de su poderdante, el día veinticuatro de noviembre del año actual, remitiendo copia certificada del acta respectiva; en atención a su contenido, tómese en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el quejoso en el presente asunto es José Felipe Tomé Velázquez, del cual se tiene conocimiento extraoficial que en el mes de noviembre del año en curso, fue secuestrado en Puerto Vallarta, Jalisco, y posteriormente se le encontró sin vida en el Estado de Nayarit. En consecuencia, a fin de tener la certeza de dicho acontecimiento, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, requiérase al licenciado Ricardo Navarro Plazola, apoderado legal del citado quejoso, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, remita copia certificada del acta de defunción respectiva a fin de advertir si se actualiza alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio de amparo; o en su caso manifieste ante qué oficialía de registro civil se encuentra la misma. Apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá, multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
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