Jose Felipe Tome Velazquez
Expediente 677/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Felipe Tome Velazquez
Actuaciones
- Principal
...Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato capital, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 105/2020, en cuyo único punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Se declara infundada la queja" En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, considerando lo resuelto por el tribunal revisor, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: No se exhibieron documentos en el presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), y párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) ...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria Auxiliar del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, con el que notifica el auto de doce de noviembre del año en curso, por el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de veintiuno de octubre del presente año, por el cual se desechó su demanda de amparo. Asimismo, este juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió y quedó registrado con el número de recurso de queja 105/2020.
- Principal
...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, al rendir su informe con justificación en relación a los actos reclamados en la demanda y la actuaria adscrita a la Central de Actuarios de Silao, Guanajuato, al rendir su informe con justificación en relación a la ampliación de la demanda, aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron, lo que resulta suficiente para tenerlo por cierto. Encuentra fundamento lo anterior en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Actos que se corroboran de las copias certificadas del referido juicio ordinario civil *** que el juez responsable remitió adjunto al informe en comento, documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al segundo numeral de la misma, al haberse certificado por funcionario público al ejercer sus facultades, y en razón de que estas no se encuentran desvirtuadas, de las que se advierten que la quejosa no es parte demandada. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba ser analizada de oficio, por lo que se procederá al estudio de la cuestión de fondo. QUINTO. Antecedentes el acto reclamado. De las copias certificadas del juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, en lo que interesa, se advierten los siguientes antecedentes: ... SEXTO. Estudio de fondo. Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo y su ampliación, manifestó sustancialmente que la autoridad responsable violó en su perjuicio sus las garantías de libertad seguridad jurídica y debido proceso contenidas en el artículo 14 constitucional, las cuales se vieron transgredidas por las actuaciones de la Actuaria Adscrita al Jugado responsable, ello pues la falta de notificación o su verificación de forma contraria a las disposiciones aplicables resultan en una violación procesal que imposibilita al gobernado ejercer su derecho humano de audiencia y debido proceso. Que las diligencias de dos y cinco de agosto de dos mil diecinueve, no cumplen con las formalidades de la ley de la materia, toda vez que la forma en que se cercioró del domicilio mediante la aparente consulta que hizo con dos personas omite señalar si las requirió para que se identificaran, luego al estar aparentemente constituida en el domicilio y haberse entrevistado con *** omitió asentar si la requirió para que se identificara y si esta no quiso o no pudo firmar. Asimismo, señala que la fedataria fue omisa en señalar si al constituirse en el domicilio, requirió a la persona que le atendió, la presencia del quejoso, razón por la que no justificó su actuación para practicar la diligencia por medio de interpósita persona, pues no tuvo el cercioramiento de que el buscado se encontrara o no en el domicilio, además de haber sido omisa en requerir que la persona que le atendió se identificara y en señalar razón de que si la persona que lo atendió no quiso o no pudo firmar la actuación, además de haber omitido certificar la entrega de las copias de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original. Motivos de disenso que se estiman fundados, aunque para llegar a esa determinación deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XII, diciembre de dos mil, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Se estima pertinente señalar que el emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, de tal forma que la garantía de audiencia, consagrada en dicho precepto, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como es el emplazamiento a la parte demandada; por lo que, de no cumplirse con ello, se infringe la referida garantía, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, resultan violatorios de la garantía de audiencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II diciembre de mil novecientos noventa y cinco de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J.7/98 consultable en el tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."7 Ahora, el quejoso en esta instancia constitucional reclama el emplazamiento que se le realizó al juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, mismo que fue llevado a cabo por la Actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, de la forma siguiente: ... De la transcripción anterior, se advierte que la fedataria, refiere haberse apersonado en la calle Morelos sin número del poblado de Menores de esa ciudad, y cerciorada que era el domicilio de la demandada, entendió la diligencia del citatorio con *** en tanto que el emplazamiento, lo llevó a cabo por conducto de *** Sin embargo, el emplazamiento practicado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, por la actuaria de la central de actuarios del partido judicial de Irapuato, Guanajuato, dentro de los autos del Juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, viola el derecho fundamental de audiencia del quejoso, pues no se realizó con las formalidades previstas para los emplazamientos en el Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Guanajuato8, con lo cual se generó una violación formal, como se verá a continuación. De los artículos 314, 318, 319 y 320 del Código Adjetivo Civil del Estado, se desprenden los requisitos mínimos que deben contener las diligencias de emplazamiento, los cuales son: 1. El emplazamiento se hará personalmente al interesado; 2. El notificador debe constituirse en el lugar señalado en autos, para realizar la diligencia de emplazamiento, y cerciorarse por cualquier medio de que la persona buscada ahí tiene su domicilio; es decir, si vive en la casa designada. La exigencia contenida en el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece que el actuario debe satisfacer dos extremos: a. Asentar los medios con base en los cuales se cercioró de haberse constituido específicamente en el lugar señalado para emplazar al demandado; y b. Cerciorarse de que en el domicilio donde actúa "vive" la persona buscada y así expresarlo en su acta; 3. Si es hallado el demandado o su representante, se entenderá la diligencia con éste, previo cercioramiento de su identidad, haciéndole entrega del instructivo y corriéndole traslado con el escrito de demanda, sus anexos y copia del auto que ordenó el emplazamiento; 4. En caso de no encontrar a la persona buscada, el notificador dejará citatorio, designado hora fija del día hábil siguiente; 5. En caso de que el demandado no espere al notificador, dicho servidor público entenderá la diligencia con el vecino más inmediato. A continuación, emplazará al demandado, entregándole instructivo que contenga el acuerdo a notificar, corriéndole traslado con la copia de la demanda y los anexos, para que dentro del término de ley comparezca a juicio a ejercer sus derechos; 7. El funcionario debe levantar un acta en la que asiente razón pormenorizada de todo lo que de hecho y derecho ocurra en la diligencia; la cual debe estar suscrita por el servidor público que la practicó y la persona con quien se entendió, si ésta no puede o quisiere firmar, el notificador debe hacer constar esa circunstancia. Precisado lo anterior, y después de examinar la diligencia de citatorio y emplazamiento que constituye el acto reclamado en el presente juicio, se considera que no se observaron las formalidades del procedimiento, pues se evidencia que no se llevaron a cabo con las formalidades previstas para el emplazamiento, pues el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, es puntual en establecer que para realizar el emplazamiento debe existir cercioramiento por parte del fedatario, primero de que se constituya en el lugar que se señaló en autos y después de que la persona busca tiene su domicilio en ese lugar, lo que en la especie no aconteció. En efecto, de las diligencias del citatorio de dos de agosto de dos mil diecinueve y emplazamiento de cinco del mismo mes y año, se aprecia que la fedataria indicó que se cercioró de encontrarse en el lugar correcto por los medios legales de ser este su domicilio toda vez que en la calle y localidad coincide con la denominación, sin que asentara de forma clara y precisa las razones particulares o medios de convicción en los que se basó, es decir, debió hacer constar los medios objetivos (aquellos que apreciara directamente) con los que constató que se encontraba en el domicilio correcto, sin especificar en qué calle se encontraba constituida y los medios con los cuales se cercioró de encontrarse en *** sin que ello permita advertir si se trata de una colonia o una comunidad que pertenezca a ese municipio. Luego, asentó haberse entrevistado con las personas que refieren sin que tal circunstancia otorgue certeza de ser el domicilio correcto, pues omitió señalar el nombre tienda de abarrotes en la que se constituyó, calle y número en el que se encuentra; sin que la manifestación realizada por la persona que le atendió resulte suficiente, pues solo indicó "el buscado vive en la casa salmón con rayas blancas que hace esquina con Juárez" y de la diversa persona con quien se entrevistó tampoco otorga elementos de convicción, pues únicamente señaló el buscado vive a lado en la casa que hace esquina con Juárez, pero en ninguno de los casos las personas con las que se entrevistó le indicó que la calle, colonia comunidad eran correctas por lo que, los datos de cercioramiento asentados por la actuaria se consideran insuficientes para generar plena certeza de que el domicilio en el que se constituyó la actuaria, efectivamente, era el que fue señalado en autos como el que pertenece a la parte demandada. Así, la omisión de la fedataria de precisar esas circunstancias, ocasiona que no se tenga la certeza de que la parte demandada haya conocido el contenido de la información que se le dejó; en la inteligencia de que dicha formalidad debió acatarse en su literalidad, y al no haberse observado se concluye que la diligencia de emplazamiento reclamado carece de una formalidad esencial para su validez. Por otro lado, de las diligencias reclamadas no se obtiene que la fedataria al constituirse en el domicilio, haya preguntado por *** pues del citatorio únicamente se obtiene que la persona que lo atendió le dijo "sí vive aquí, pero está trabajando" sin que se obtenga que haya cuestionado previamente si ese era el domicilio donde habitaba *** y solicitar su presencia; además, en el emplazamiento asentó haber llamado a la puerta y ser atendido por diversa persona de quien asentó características físicas, agregó que se trataba de la esposa del buscado, pero no se advierte que previo a entender la diligencia con ella, haya preguntado si en ese lugar se encontraba la persona buscada (aquí quejoso) Finalmente, de la constancia de emplazamiento de cinco de agosto que obra en el expediente se obtiene que emplazó a la parte demandada (sin señalar el nombre) corriéndole traslado con copias simples de demanda y documentos anexos, para que dentro del término de nueve días ocurriera a contestar la demanda entablada en su contra y oponer las excepciones correspondientes, al que se encontraba obligado no así del instructivo, por el que se encontraba obligado a realizar el llamamiento a juicio, como lo indica el numeral 320 del Código Adjetivo Civil del Estado. Es por las razones que han sido expuestas que se concluye que las diligencias de emplazamiento materia de controversia, no reúnen los requisitos que establecen los artículos 319, segundo párrafo y 320, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por lo que existe una violación al derecho fundamental de debido proceso, por el cual se garantiza a los gobernados a no ser privados de algún derecho, sin que tengan acceso a un procedimiento judicial, donde tengan verificativo la oportunidad para defender sus derechos y aportar pruebas, alegar y recibir sentencia; por tanto, la actuación impugnada es violatoria del artículo 14 de la Constitución Federal, por haberse omitido llamar en forma legal al juicio de origen al promovente del amparo. Razón por la que se debe conceder el amparo solicitado. SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia de amparo (vicios de fondo). Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a *** es para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Ordene reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil *** de su índice; b) Deje insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de dos y cinco de agosto de dos mil diecinueve, así como todas las demás actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, y todos los actos tendentes a su ejecución; y; c) Ordene se lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, cumpliendo las formalidades que para tal efecto prevén los artículos 314, 318, 319, 320 y 321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a efecto de que se puedan llevar a cabo las etapas del procedimiento hasta el dictado de la sentencia, haciéndose la precisión que esto último no será materia de cumplimiento del presente fallo. OCTAVO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *** contra el acto que reclama de las autoridades responsables, por las consideraciones señaladas en el considerando sexto de la presente resolución, y para los efectos precisados en el considerando séptimo.
- Principal
21/10/2020 ...Notifíquese vía electrónica a la parte promovente...
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