José Felipe Hernández González
Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Felipe Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SDR/DJ/3647/2023 signado por el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En la inteligencia de que el aludido oficio recibido vía correo electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número remitido vía correo electrónico por la apoderada jurídica de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos por oficio 22711/2023, remitiendo constancias que así lo acredita y al respecto indica, en lo más relevante, lo siguiente: ".nos informan que la última comparecencia a consulta del C... fue el día 08 de septiembre del año en curso, día que se entregó el medicamento." Por tanto, con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, mediante notificación personal, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio vía electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo 1040/2023, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Alejandro Ramos Saldaña, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta al Juez con el escrito inicial de demanda y el informe justificado rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda, téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las documentales adjuntadas por la autoridad responsable como complemento a su informe de ley, con lo que se declara cerrado el mismo. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario hace constar que únicamente el Ministerio Público Federal adscrito formuló alegatos mediante pedimento 304/2023, los cuales fueron recibidos en la oficialía de partes de este juzgado, el veinticuatro de agosto del presente año, mismos que se tienen por reproducidos en sus términos; por ende, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la correspondiente sentencia. SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1040/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Federal, ese mismo día, ********************, por conducto de su apoderado promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE. Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta capital. ACTO RECLAMADO. "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora y de la autoridad ejecutora, la omisión voluntaria de no darle respuesta expresa a mi petición presentada por el suscrito mediante solicitud hecha en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, en la que solicito la inscripción de la sentencia del expediente número 1354/2016 como consecuencia de ello la expedición de los certificados de los siguientes solares: número tres, manzana once, zona uno, polígono uno, con una superficie de 5,679.090 metro cuadrados; número dos, manzana once, zona uno, polígono uno con una superficie de 10,194.120 metros cuadrados; y solar número uno, manzana cincuenta y uno, zona uno, polígono uno, con una superficie de 3,744.832 metros cuadrados.". SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; otorgó intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama el siguiente acto: Del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación a la solicitud número 16230001368, de seis de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual, solicitó la inscripción de la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del expediente 1354/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán. Como consecuencia de lo anterior, la omisión de expedir los certificados parcelarios respecto de los solares número 3, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 5,679.090 metros cuadrados; número 2, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 10,194.120 metros cuadrados; y solar número 1, manzana 51, zona 1, polígono 1, con una superficie de 3,744.832 metros cuadrados, en el Ejido de ..., Municipio de ..., Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó existencia de la omisión que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con motivo de las manifestaciones expuestas en su propio informe justificado, y constancias anexas al mismo, pues de las mismas se advierte que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se realizó la inscripción de la sentencia, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, además de que manifestó que el marco jurídico no establece un término para atender las solicitudes de cumplimiento de sentencia y que cuenta con excesivas cargas de trabajo, razones por las que se tiene por cierto el acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las constancias que la parte quejosa adjunto a su demanda de amparo, así como las diversas, que en copia certificada, acompañó la referida responsable a su informe justificado; a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente, virtud a que, atento a la naturaleza del acto reclamado, inexiste término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, los cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo cual, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis número III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso concreto, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo, de la presente resolución, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud número 16230001368, de seis de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual, solicitó la inscripción de la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del expediente 1354/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán, en virtud de que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante folio 16113014102081935R, la autoridad responsable decretó procedente la inscripción de la sentencia, realizar las anotaciones y/o cancelaciones en el folio agrario respectivo y expedir las documentales correspondientes, de ahí que, respecto de dicho acto reclamado, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la hoy quejosa; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de la presente resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al no advertirse alguna otra causa de improcedencia se procede entonces a examinar la cuestión de fondo sometida a este órgano jurisdiccional. SEXTO. Antecedentes. En las constancias relativas al acto reclamado, incluyendo las aportadas por el quejoso, se desprenden los siguientes antecedentes sustanciales: a) Mediante sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, dentro de los autos que integran el expediente agrario 1354/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, esencialmente se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Por lo razonado en el considerando tercero, se declaran procedentes las pretensiones deducidas por ********************, a quien se le deberán expedir los correspondientes títulos de propiedad, en cuanto titular de los solares número 3, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 5,679.090 metros cuadrados; número 2, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 10,194.120 metros cuadrados; y solar número 1, manzana 51, zona 1, polígono 1, con una superficie de 3,744.832 metros cuadrados, en el Ejido de ..., Municipio de ..., Michoacán. SEGUNDO.- Notifíquese personalmente esta resolución a las partes, entregándoles copia certificada; devuélvanseles los documentos originales que hubieren exhibido, previo cotejo de los mismos que se deje en autos; remítase copia certificada al Registro Agrario Nacional, para que proceda conforme a los resolutivos del considerando tercero; anótese en el libro de gobierno que se lleve en este tribunal y archívese el expediente como asunto concluido.". b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó a la Delegación del Registro Agrario Nacional, el trámite de la inscripción de la citada resolución a efecto de que se le expidieran los nuevos certificados parcelarios, quedando registrada con el número de solicitud 16230001368. c) Por oficio SDR/RA/1132/2023, la registradora integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán solicitó al Área de Catastro de la Delegación de citado Registro, que realizará los trámites correspondientes para la inscripción de la sentencia con número de trámite RAN-04-05, número de solicitud 16230001368, TUA36 del expediente 1354/2016, del municipio ..., Poblado ..., donde el actor es ********************. d) Mediante hoja 1, con número de folio 16113014102081935R, y número de solicitud 16230001368, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, la Registradora licenciada ... realizó la inscripción de la sentencia firme de quince de julio de dos mil dieciséis recaída en el expediente 1354/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son FUNDADOS los argumentos vertidos por la parte quejosa en el único concepto de violación, respecto del acto reclamado señalado en el inciso b), del considerando segundo de esta resolución. El quejoso ********************, refiere, en esencia, como conceptos de violación, que la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 8º de la Carta Magna, porque ha sido omisa en proveer respecto a la solicitud que presentó el seis de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual solicitó que se inscribiera la sentencia dictada dentro del expediente 1354/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, a efecto de que se le expidieran los certificados parcelarios correspondientes. Atento a lo anterior, este juzgador estima que es fundado el concepto de violación, por los motivos que se exponen enseguida. Es importante señalar que el derecho fundamental contenido en el artículo 8º Constitucional alude, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Esto es, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a las autoridades para formular una solicitud o instancia por escrito, la cual puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole, y ante ese escrito que el gobernado les eleva, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el precepto legal en comento, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Así, el citado dispositivo legal 8° de la Carta Magna, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De dicho numeral se obtiene que la Constitución Federal reconoce el derecho de petición, el cual establece que para formularse deber hacerse de manera pacífica y respetuosa a la autoridad correspondiente; además, para observar cabalmente la garantía prevista en ese precepto, se hace indispensable hacer saber en breve término al peticionario la respuesta dada a la petición formulada. Al respecto, conviene indicar que tal precepto únicamente obliga a las autoridades a contestar por escrito la petición correspondiente y hacerla saber al gobernado; no así a resolverla favorablemente a los intereses de quien la formula. Dicho de otro modo, la autoridad tiene la obligación de contestar al peticionario lo que estime pertinente, pero sin dejar de emitir la respuesta respectiva y hacerla saber en breve término a la parte interesada. También, conviene traer a colación el contenido del artículo 17 constitucional el cual prevé lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De la norma reproducida se desprende el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, con registro digital 172759, de contenido siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Expuesto lo anterior, respecto a la calificación registral para la inscripción, en el caso, de la sentencia donde se ordena se realice la expedición de los títulos de propiedad correspondiente los solares número 3, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 5,679.090 metros cuadrados; número 2, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 10,194.120 metros cuadrados; y solar número 1, manzana 51, zona 1, polígono 1, con una superficie de 3,744.832 metros cuadrados, en el Ejido de ...a, Municipio de ..., Michoacán, tramitación que se encuentra prevista en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, concretamente los artículos 51, 52 y 81, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan". "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral". "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa aplicable." De dichos numerales se desprende que el procedimiento registral de inscripción de sentencias, inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones; asimismo, se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Ahora, para demostrar que la omisión combatida es inconstitucional, el peticionario del amparo aportó como prueba documental de su parte el acuse de la solicitud hecha a la autoridad responsable el seis de mayo de dos mil veintiuno; probanza cuyo contenido y alcance probatorio se encuentra robustecido con lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, donde se advierte que manifiesta que en el procedimiento administrativo de giró oficio SDR/RA/1132/2023, al Área de Catastro de la Delegación de citado Registro, a efecto de que realizará los trámites correspondientes, además de que señala excesivas cargas de trabajo en dicha dependencia, sin que de autos se advierta que se hayan emitido los certificados parcelarios correspondientes, al menos hasta el momento de rendir su informe; lo cual constituye una confesión expresa que merece eficacia probatoria plena de conformidad a lo establecido en los artículos 95 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, página 225, de registro 206538, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO COMO PRUEBA. El criterio jurisprudencial en el sentido de que el informe de la autoridad responsable rendido sin la debida justificación, sólo tiene el valor que merece la aseveración de cualquiera de las partes, resulta aplicable en los casos en que la citada autoridad responsable alegue circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le reclaman, sin anexar las constancias necesarias que acrediten tales circunstancias; pero, cuando acepta hechos propios, debe tenerse su informe como una confesión, aun cuando no haya sido acompañado de constancia alguna, en virtud de que no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica que rige en el juicio de amparo, la autoridad responsable constituye la contraparte del peticionario de garantías". En ese sentido, se reitera que la parte quejosa presentó una solicitud ante la responsable el seis de mayo de dos mil veintiuno, la cual se realizó de manera pacífica y respetuosa, y que si bien, ya fue inscrita la sentencia dictada dentro del juicio agrario, lo cierto es que, la expedición de los certificados parcelarios ordenada en la misma no se ha llevado a cabo, pues de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado se advierte que con data treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, una vez inscrita la sentencia, ordenó la expedición de los certificados parcelarios, sin que a la fecha la autoridad responsable los haya expedido, toda vez que no acreditó tal extremo. Por tanto, se colige que existe transgresión a lo preceptuado en el artículo 8º constitucional, toda vez que a la fecha en que se resuelve el presente juicio han transcurrido más de dos años cuatro meses, es decir que se excede de manera evidente el plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, con el que contaba la autoridad responsable para dar contestación a lo solicitado, sin que se haya pronunciado al respecto; asimismo, de la manera colateral se ve transgredido el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Octubre de 1992, página 396, con registro digital 218276, que dice: "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación del artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". De ahí que sea dable afirmar que, en la especie, sí existe violación al derecho de petición que consagra el aludido artículo 8° de la Constitución Federal, así como el diverso contemplado en el artículo 17 constitucional, pues la responsable ha incumplido con la función registral que le está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. En consecuencia, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso ********************, respecto del acto reclamado señalado en el inciso b), del considerando segundo analizado en el presente considerando. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al impetrante del amparo, en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, realice lo siguiente: En breve término dar respuesta de forma completa a la solicitud 16230001368, presentada el seis de mayo de dos mil veintiuno, por el aquí quejoso ******************** ante el Registro Agrario Nacional, esto es, continúe con los trámites señalados en la sentencia agraria e inscripción con número de folio 16113014102081935R, esto es, expeda los certificados parcelarios respecto de los solares número 3, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 5,679.090 metros cuadrados; número 2, manzana 11, zona 1, polígono 1, con una superficie de 10,194.120 metros cuadrados; y solar número 1, manzana 51, zona 1, polígono 1, con una superficie de 3,744.832 metros cuadrados, en el Ejido de San José Hipana, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, como lo establece la sentencia agraria, misma que se encuentra inscrita ante la autoridad responsable. Hecho lo anterior, notifique dicha respuesta a la parte quejosa en el domicilio que señaló para oír y notificaciones en el presente juicio de amparo, ubicado en calle ..., colonia ..., código postal 58128, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, toda vez que de aquella solicitud se inadvierte domicilio para tal efecto. Finalmente, resulta innecesario abordar el estudio de los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a través del pedimento 304/2023, presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, toda vez que los mismos no forman parte de la litis dentro del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el inciso a), del considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, respecto del acto reclamado en el inciso b), del considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el último punto considerativo de la misma. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SDR/DJ/2399/2023 signado por el Encardo de Despacho de la Delegación del Registro Agracio Nacional en el Estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que les fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que los oficios recibidos vía correo electrónico han sido previamente certificados por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
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