José Feliciano Amaparo Brambila
Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Feliciano Amaparo Brambila
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de siete de octubre dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de cuenta formulada por **********, quien se ostenta como gestor de negocios de **********, en contra de actos de los Juzgados Civiles de Partido, Menores y Oral Mercantiles de esta ciudad y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 955/2022-4. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que, deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIIII, con relación al 6°, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. El precepto 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En relación a lo anterior, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyos contenidos literalmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los textos legales transcritos, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, lo que se entiende para efectos del juicio de amparo, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; de lo cual, se reitera, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, acción que podrá ejercer acorde al mencionado artículo 6 de la legislación en comento, por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita. Cobra cita al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, misma que corresponde a la Séptima Época, tomo 205-216, tercera parte, y que es de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, en la especie resulta conveniente citar el concepto de legitimación procesal activa, definido por la Segunda Sala, la cual es concebida como "la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia". Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Aunado a ello, la referida la Segunda Sala, señaló que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la legitimación ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Razonamientos jurídicos que se encuentran inmersos en el criterio jurisprudencial 2a./J. 75/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, página 351, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Ahora, de la demanda de amparo que se atiende, se advierten los siguientes antecedentes: En el año dos mil diecisiete, ********** adquirió a crédito una tractor marca ********** modelo **********, número de serie ********** comprado a **********, S. DE R.L. DE C.V. En el año dos mil veintiuno, el nombrado sufrió una enfermedad vascular-cerebral, tipo isquémico (derrame cerebral) del que hasta la fecha no se ha recuperado. En el mes de agosto del año en curso, un representante de la empresa vendedora del vehículo de motor citado, se comunicó con la esposa del directo quejoso, José Ignacio Amparo Brambila, quien le manifestó que procedería legalmente respecto del adeudo adquirido por nombrado. Asimismo, del propio ocurso de cuenta se desprende que el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO Y FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: EL INCONSTITUCIONAL PROCESO QUE AL PARECER ESTA SIGUIENDOSE CONTRA MI HERMANO, ME IMAGINO EN SUPUESTA REBELDÍA POR MALA NOTIFICACIÓN YA QUE NO ESTA EN USO DE SUS FACULTADES MENTALES, SIN QUE HAYA SIDO OIDO Y VENCIDO EN JUICIO POR ESTAR INCAPACITADO y DEL CUAL NO DISPONGO NINGÚN DATO Y QUE A LA FECHA AÚN NO LE HA SIDO NOTIFICADO NI MOSTRADO POR NINGUNA AUTORIDAD NI EL OFICIO NI EXPEDIENTE ALGUNO, NI SIQUIERA EL NUMERO DEL POSIBLE JUICIO SEGUIDO EN SU CONTRA. Y SE ENCUENTRA INCAPACITADO PARA DARME ALGUNA INFORMACION AL RESPECTO. DE LA EJECUTORA: LA AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN, Y LA POSIBLE E ILEGAL EJECUCIÓN DE ALGUNA SENTENCIA DICTADA POR LOS JUZGADOS CIVILES DE PARTIDO CIVIL Y/0 MENORES O DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GTO.. Y LA ILEGAL EJECUCIÓN DE LA DESPOSESIÓN REALIZADA POR EL ACTUARIO." Bajo esa tesitura y tomando en consideración las precisiones expuestas en líneas anteriores, toda vez que al presente juicio de amparo acude como quejoso José Feliciano Aparo Brambila, ostentándose como gestor de negocios de los derechos de **********, se concluye que éste carece de legitimación procesal para instar el presente juicio de control constitucional, al no ubicarse en ninguno de los supuestos establecidos por la Ley de Amparo para que un tercero acuda en nombre del directamente afectado. Resultando aplicable la tesis XVII.2o.9 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 412 del Tomo III, Abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4° de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Sin que se soslaye que el promovente del presente juicio manifieste que comparece al presente juicio en calidad de gestor de negocios conforme a los intereses del titular del derecho, José Ignacio Amparo Brambila; sin embargo, debe precisarse que en materia procesal, la gestión de negocios adquiere matices propios, en la medida que implica el ejercicio de actos jurídicos referidos a un proceso que conllevan la ejecución de un derecho que en principio únicamente corresponde a la parte interesada o a su representante; consistiendo entonces, para el gestor, en la capacidad de ser parte y la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere, cuya actualización en un proceso, depende de que las leyes aplicables lo permitan expresamente. Bajo ese orden de ideas, debe decirse que tratándose del juicio de amparo, sí existen ciertos casos de gestión judicial, empero, éstos deben entenderse limitados a los que expresamente regula la ley de la materia, la cual establece de forma clara y suficiente los supuestos en los que puede comparecer una persona ajena al titular del derecho afectado a promover el juicio de control constitucional, por lo que resulta inconducente acudir a las reglas generales que regulan dicha institución jurídica. En efecto, como se apuntó previamente, acorde a lo dispuesto en los precitados artículos 5º y 6º de la Ley de Amparo, sólo puede acudir a la presente vía quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, lo que puede hacer por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita, a saber, los casos expresamente previstos en los numerales 8, 15 y16 de la legislación de la materia, que en lo conducente señalan: "Artículo 8º. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto". Como se desprende del artículo 15 antes transcrito, en el mismo se establece que cuando se impugnen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si el particular afectado está imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, puede hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad, sólo que la tramitación del juicio está condicionada a que el quejoso ratifique la demanda promovida en su nombre. Hipótesis que revela un típico caso de gestión judicial, en el que una persona puede promover una demanda en un asunto que no le es propio, sin estar autorizado por el interesado ni tener obligación legal de hacerlo, pero que debido a la naturaleza del daño causado o que pudiera causarse y a la imposibilidad material en que se ubica el afectado, la ley autoriza a que lo haga cualquier persona en su nombre, aun siendo menor de edad, pero condiciona la eficacia de ese acto jurídico a su ratificación por el interesado. Mención especial merecen los supuestos previstos en los artículos 8º y 16, en tanto que no se refieren propiamente a la facultad de promover el juicio de amparo en nombre de un particular afectado, sino que aluden a hipótesis en las que es posible la intervención de un tercero en el proceso una vez ya iniciado, hasta que pueda comparecer a éste el representante legal que en su caso deba nombrarse. En el supuesto establecido en el artículo 8º, cuando el acto reclamado afecta a un menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, que por sí mismos acuden al juicio de amparo porque su representante legal está ausente o impedido para hacerlo, la norma en mención autoriza que el agraviado promueva su demanda de garantías, sólo que obliga a la persona juzgadora correspondiente a nombrarle un representante especial para el único efecto de que intervenga en el juicio. Como puede advertirse, el representante especial que se nombra, participa de la naturaleza de un gestor judicial, puesto que sólo tiene la facultad de darle seguimiento al juicio promovido por una persona que no tiene capacidad legal para hacerlo por sí, pero que además su legítimo representante está ausente o impedido. Por su parte, en la hipótesis establecida en el artículo 16 existe una gestión judicial muy especial, en tanto que tratándose del caso en que durante la tramitación de un juicio de amparo ocurra la muerte del quejoso o del tercero interesado y el acto reclamado afecte sus derechos patrimoniales, permite a quien fuera su representante, darle trámite al juicio hasta que interviene la sucesión del fallecido, con el claro propósito de no dejar desprovisto de administración al patrimonio del quejoso o tercero interesado muerto, mientras esté en posibilidades de comparecer a juicio la sucesión que en su caso deba formarse y en quien en todo momento recae la facultad de velar por los intereses patrimoniales del fallecido. Como se desprende de lo antes precisado, en el juicio de amparo sí existe la gestión judicial, aunque con sus propias particularidades. Atento a lo anterior, tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha ley reglamentaria, se llega a la plena convicción de que, por excepción, la promoción y seguimiento del amparo se puede realizar a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan. En ese contexto, es dable jurídicamente sostener que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los afectados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. Atento lo anterior, si la regla general está dispuesta en el artículo 6º, y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (mismos que ya fueron destacados en párrafos que anteceden), entonces, es palmario que tanto la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo están suficientemente reguladas, por lo que no se requiere acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles; de ahí que sea dable sostener que la gestión de negocios no puede operar válidamente en casos distintos a los expresamente permitidos en la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, debe negarse intervención a aquella persona que pretenda promover un juicio de amparo como gestor de negocios, si no se actualiza alguno de los supuestos permitidos en la legislación especial de la materia. Hechas las precisiones que anteceden, debe decirse que, en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo para que proceda válidamente la gestión de negocios y, por ende, para que el ahora quejoso estuviera en aptitud legal de promover su demanda de amparo por conducto de su hermano José Feliciano Amparo Bramila, quien se ostentó como gestora de negocios de aquél. Es así, ya que no se reclama algún acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el quejoso no es un menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, así como tampoco ha ocurrido su fallecimiento durante la substanciación de un juicio constitucional. De acuerdo con lo anterior, al no colmarse ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo a efecto de que pudiera actualizarse la institución jurídica de la gestión de negocios, entonces, resulta incontrovertible que José Feliciano Amparo Brambila, quien se ostentó como gestor de negocios del quejoso José Ignacio Amparo Brambila, carece de facultades para promover el presente juicio de amparo. No es obstáculo para llegar a dicha conclusión, el hecho de que el promovente aduzca que José Ignacio Amparo Brambila se encuentra enfermo e incapacitado debido a que sufrió un derrame cerebral; sin embargo, dicha circunstancia no resulta suficiente, per se, para acreditar que el directo quejoso estuviese realmente imposibilitado para encomendar, mediante la celebración del contrato de mandato respectivo, que una o varias personas determinadas se encargaran de llevar a cabo la protección y defensa de los derechos e intereses de aquél. De ahí que, se insiste, el presente juicio de amparo deviene improcedente al no promoverse por el directamente agraviado o por conducto de quien ostente legalmente su representación, aunado a que no se ubica en alguno de los supuestos en los que puede acudir cualquier persona en su nombre. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis I.15o.A.15 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 1216, con número de registro 174714, cuyos rubro y texto son: "GESTIÓN DE NEGOCIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA Y NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de garantías puede promoverse por el agraviado o afectado en sus derechos públicos subjetivos por un acto autoritario, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante legal, apoderado o defensor. Sin embargo, del examen de las demás disposiciones de esa ley y, en particular, de la interpretación de sus artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, se arriba a la conclusión de que, por excepción, la promoción y seguimiento del amparo se puede realizar a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan; de modo que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los agraviados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. En ese sentido, si la regla general está dispuesta en el artículo 4o., y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II), es evidente que tanto la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo, están suficientemente reguladas y no requieren de acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1896 a 1909 del Código Civil Federal, la gestión de negocios sólo es una fuente de obligaciones, en la que no existe propiamente una representación aun convencional o que dimane de la ley, porque únicamente constituye una declaración unilateral de la voluntad por parte del gestor cuya eficacia está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que no solamente dependen de la ley, sino también de la voluntad del titular del derecho relativo; de ahí que esa institución no puede operar válidamente en casos distintos a los expresamente permitidos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, debe negarse intervención a aquella persona que pretenda promover en el juicio de amparo como gestor de negocios, si no se actualiza alguno de los supuestos de gestión oficiosa permitidos en la legislación especial de la materia.". En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con en el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en el precitado numeral 113 de la propia legislación, lo procedente es desechar la presente demanda. Sitio para recibir notificaciones. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "ricardoquijanoa", el cual, desde ahora se tienen como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el promovente. Consecuentemente, la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o información proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Autorizados. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Humberto Salinas Blanco y Ricardo Quijano Aguilar, atento a que de la certificación de cuenta se desprende que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, el primero debidamente inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace al último mencionado, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior con sustento en la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), publicada el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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