Jose Federico Rosales Garcia y Otros.
Expediente 185/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Federico Rosales Garcia y Otros.
- Jose Federico Rosales Garcia
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista el acta de comparecencia de cuenta, se advierte que en atención al requerimiento formulado en auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, a +++++++++++++++++++++++++++++, acudieron a ratificar el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil veintitrés y registrado con el folio 2966; consecuentemente, se tiene por desahogado el citado requerimiento. Desahogo de prevención. Ahora visto el contenido del escrito de desahogo de prevención del quejoso, presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, antes este Juzgado de Distrito, del cual se advierte que da cumplimento a la prevención formulada en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós; por tanto, este Juzgado provee: Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En el caso, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado consistente en De lo anterior se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, y este a su vez relacionado con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Anteriormente, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio estaba regulada en el artículo 114, fracción IV. Si bien este precepto permitía la impugnación de ese tipo de actos, ello estaba acotado a que su ejecución sobre las personas y las cosas fuera de imposible reparación. En ese contexto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, dado que conforme a la Ley de Amparo abrogada el legislador no estableció qué debía entenderse por actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por aquéllos debía entenderse los que afectaran de manera inmediata y directa derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y, como complemento de ello, que la afectación fuera de grado predominante o superior sobre las partes, tal y como se advierte de la tesis P./LVII/2004, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve. No obstante, conforme a la Ley de Amparo en vigor, aplicable al presente caso, el legislador precisó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio. Para tal efecto, en el artículo 107, fracción V, condicionó la procedencia a dos notas distintivas, primero, que la afectación fuera de carácter material y, segundo, que recayera sobre derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la sentencia definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Luego, con base en los elementos referidos, este órgano jurisdiccional advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, conforme a la causa de advertida. Esto es así, ya que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutora de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Tercero Civil de Distrito Judicial de Chalco con sede en Amecameca, Estado de México, que confirma el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se les tuvo por perdido su derecho a oponerse contra el inventario y avaluó en virtud de que no lo realizaron en el plazo otorgado para ello; asimismo, los quejosos hacen referencia que el acto reclamado deriva de un juicio intestamentario, por lo que no reúne el requisito de procedibilidad a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu. En efecto, la afectación que produce el acto reclamado no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos, porque en él, se trata de combatir la sentencia interlocutora de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Tercero Civil de Distrito Judicial de Chalco con sede en Amecameca, Estado de México, que confirma el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se les tuvo por perdido su derecho a oponerse contra el inventario y avalúo en virtud de que no lo realizaron en el plazo otorgado para ello, respecto del presentado por el albacea de la sucesión testamentaria de ********************. De tal manera que la violación que pudiera generar el acto reclamado si bien es intraprocesal, no es de ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no incide en ningún derecho sustantivo del aquí quejoso; y, en caso de trascender al resultado del fallo, es susceptible de ser combatida al impugnarse la resolución con la que concluya el respectivo juicio que se tramita ante la autoridad responsable. De modo que el acto reclamado, aun cuando sea intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudiera generar son de carácter formal y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado de la resolución con la culmine el juicio de que se trata. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia número 244, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1995 1997, Novena Época, con el rubro y texto que se precisan a continuación: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada tiene que ver con turnar los autos para la emisión de un auto declarativo de herederos, siendo dicha determinación la que, en todo caso, sería la que pudiera causar perjuicio a la aquí quejosa. Aunado a lo anterior, cabe indicar que el procedimiento sucesorio se considera un juicio, puesto que por juicio se entiende la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente; esto es, la legítima discusión de un negocio entre el actor y demandado ante el juez competente que la dirige y la termina con su decisión; de ahí que para que exista un juicio, constituye un requisito la existencia de dos o más partes, con intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones. En ese orden de ideas, la sucesión sí constituye un juicio aunque de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que quienes intervienen en él, pueden hacer valer su calidad de herederos contra los demás participantes; pueden oponer excepciones y ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones; así como impugnar los inventarios y avalúos; y promover la remoción del albacea, entre otros. Asimismo, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, la que no comprende la totalidad de actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. En ese tenor, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no tiene de momento sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto conforme lo dispuesto por citado numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, ya que éste no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo a la parte quejosa consagrado por los derechos humanos. Lo anterior, pues la única consecuencia de la resolución reclamada, es que dentro del expediente ********************del índice del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Chalco con sede en Amecameca, Estado de México, relativo juicio sucesorio intestamenario a bienes de ********************, se continué con la integración de la segunda etapa del juicio, para que, en el momento oportuno, se emita la resolución que de fin a la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.238 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a fojas 1466, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal que se cometan durante el trámite de éstas, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación". En efecto, el acto reclamado no es de aquéllos que engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, entre otros; pues, en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y, ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al traducirse el acto reclamado en una resolución que confirma el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por perdido el derecho de los quejosos a oponerse contra el inventario y avaluó presentado por el albacea de la sesión de ******************** Lozada, en virtud de que no lo realizaron en el plazo otorgado para ello; es que se hace patente que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de imposible reparación. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia número 244, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1995 1997, Novena Época, con el rubro y texto que se precisan a continuación: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta aparentemente signado por los quejosos ********************. Al respecto, sin requerir mayores conocimientos técnicos o especiales, se aprecia a simple vista que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notablemente de la firma estampada en la demanda de amparo que obra en los autos del presente juicio, como se aprecia de lo siguiente: Escrito de demanda Escrito folio 2966 En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo, prevéngase al ocursante, para que en el término de tres días, legalmente computados, comparezca ante este juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente y una copia, a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta. Apercibido que de no cumplir con lo anterior se tendrán por no presentado dicho escrito. La anterior medida se toma por seguridad jurídica de las partes, pues la firma constituye el signo gráfico con el que las personas reflejan o exteriorizan su voluntad de todos los actos jurídicos en los que se requiera la firma escrita, como ahora acontece, por lo que en caso de que llegare a demostrarse que la firma que aparece en el escrito de referencia no hubiera sido estampada por la misma persona, sería claro, en consecuencia, que no existió la exteriorización de la voluntad del promovente al momento de presentar el escrito de cuenta, por ende, dicho escrito no tendría validez. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 258, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VI, página 274, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Infórmese al promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de las partes que la firma plasmada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda o cualquier otro son susceptibles jurídicamente de ser objetados de falsos en cuanto a su autenticidad y ello debe ser materia del incidente previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, promovido por las partes, en el cual se dé oportunidad de ofrecer pruebas; de conformidad con las ejecutorias dictadas en sesiones de ocho, quince y treinta, todas de octubre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en los expedientes de los recursos de queja 158/2015-III, 169/2015-IV y 175/2015-V, respectivamente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil, Novena Época, con número de registro 190657, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado."
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Chalco con residencia en Amecameca, Estado de México. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 185/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y de Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Prevención Enseguida, este órgano jurisdiccional concluye que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, debe prevenirse a los quejosos ********************, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Primero. Bajo protesta de decir verdad, precisen si promueven la demanda de amparo únicamente por propio derecho o si también lo hacen en representación de la sucesión a bienes de ********************, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se duelen de actos emitidos en perjuicio de la citada sucesión. Segundo. Para el caso de que se promuevan el presente juicio de amparo en representación de la la sucesión a bienes de ********************, deberá dar cabal cumplimiento a lo que se establece en el ordinal 114, fracción III, concatenado con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, con la finalidad de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda en lo que atañe a la demanda de amparo; es decir, tendrán que acreditar con documento fehaciente la personalidad con la que promueven en representación del citado menor al que refiere en su demanda. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, julio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Tercero. En caso de promover en representación de la sucesión a bienes de ********************, deberán precisar el acto que reclaman y la o las autoridades a las que se lo atribuyen. Cuarto. En atención a lo anterior, deberá narrar, bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, ello de forma amplia, clara y cronológica; en el entendido que deberá precisar la data en la que tuvo conocimiento de los actos reclamado. Lo anterior, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito este en posibilidad de apreciar con mayor claridad el acto reclamado, solicitar en su caso el informe justificado a las autoridades responsables y fijar la litis constitucional. Así, debe decirse que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la parte quejosa para que llene los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. Asimismo, se indica que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Quinto. Exhiban cinco copias del escrito de desahogo suficientes para correr traslado a las partes. Sexto. Deberán exhibir una copia más de su escrito de desahogo para formar por duplicado el incidente de suspensión solicitado. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Página: 79, Novena Época, registro: 189977, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibido que de incumplir con los puntos indicados del primero al quinto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; y, en caso de no dar cumplimiento al quinto, se reservará la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiba la misma. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional ya que así lo indicó. Asimismo, se tiene por proporcionado la cuenta de correo electrónico y el número telefónico para que este Juzgado de Distrito este en posibilidad de establecer contacto con la parte quejosa para evitar dilaciones procesales innecesarias Por otro lado, se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo, con todas las facultades que el mismo confiere, a la persona que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a las demás personas que indica. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a ********************sin perjuicio de que en su momento, lo sustituyan por otro. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias. De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN.Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl José López Martínez, ante la secretaria Rocío Zamudio Becerril, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Abraham Juez Secretaria
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