José Fabian Rios Cervantes

Expediente 1143/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1143/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • José Fabian Rios Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que el quejoso hubiere recurrido el proveído de dos de diciembre de la presente anualidad; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1143/2021-C. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con registro 203196 y rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, este juzgador, de oficio advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Esto debido a que las consecuencias que en el particular genera dicha omisión, constituye una violación que no afecta los derechos del quejoso, ya que tal trasgresión se refiere a las que afectan el procedimiento, la cual es análoga a la prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; es decir, se trata de la violación de carácter adjetivo, al no ocasionar una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma, sino que se presenta dentro de un juicio. Es decir, no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato durante el trámite del procedimiento, ya que no vulnera o menoscaba los derechos sustantivos de la quejosa. Al respecto, conviene precisar que sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, principalmente bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimaba que las omisiones o dilaciones en el procedimiento afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. No obstante, la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo estableció claramente que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra violaciones que afecten derechos sustantivos. Ahora bien, en relación con las omisiones o dilaciones que se generan dentro del juicio laboral, la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, conoció de la contradicción de tesis 325/2015, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, con registro electrónico 2011580, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Dicho criterio es aplicable al caso concreto, pues la omisión que en su caso se reclama, no se genera de manera independiente al procedimiento de origen, en el cual la parte quejosa es la parte actora, sino que se presenta dentro de éste, lo cual genera como consecuencia que dicha omisión se repute como violación de carácter adjetivo, contra la cual, como se ha dejado sentado, no procede el juicio de amparo indirecto al no provocar una afectación de manera inmediata y directa en sus derechos. Esto, porque tal omisión no constituye una abierta dilación en el procedimiento dentro del juicio de origen, mucho menos por sí, la paralización total de procedimiento, que amerite declarar procedente el presente juicio constitucional, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Sin que, en la especie, se actualice alguno de los aludidos supuestos de excepción. De igual forma, en relación con el tópico en estudio, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País también conoció de la contradicción de tesis 294/2018, la cual fue fallada en sesión de nueve de enero del año en curso, en la cual se adujo, en lo conducente, lo siguiente: "QUINTO. Estudio. Esta Segunda Sala en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) estableció lo siguiente: (.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. (.) Ahora bien, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: (.) Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Consecuentemente, la jurisprudencia que debe prevalecer es la siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De lo anterior se desprende que el Máximo Tribunal del País, consideró que el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé la Ley Federal del Trabajo es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento; asimismo, que dicho plazo debe computarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad laboral debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. Ahora bien, en la demanda de amparo el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el trece de octubre de dos mil veintiuno presentó su demanda ante la autoridad responsable, sin que a la fecha se hubiera emitido algún pronunciamiento. En ese contexto, cabe señalar que el artículo 873 párrafo primero de la Ley Federal del Trabajo vigente -reformado el uno de mayo de dos mil diecinueve- , regula el procedimiento para el turno y admisión de las demandas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Por lo que, el turno de las demandas deberá realizarse dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la presentación y, si esta se encuentra ajustada a derecho, se deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro del plazo de tres días siguientes al en que sea turnada o se haya subsanado. De modo tal que, si el quejoso presentó su demanda el trece de octubre de dos mil veintiuno, el plazo de veinticuatro horas feneció el catorce siguiente y, el plazo de tres días restante transcurrió del quince al diecinueve del mismo mes. Así, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, inició el veinte de octubre y concluirá el tres de diciembre de la presente anualidad; con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (uno de diciembre de dos mil veintiuno), habían transcurrido cuarenta y tres días naturales, a partir de la fecha en que la autoridad responsable debió emitir algún pronunciamiento conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, considerando la fecha en que se presentó el ocurso inicial, aún no ha transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales a que alude el criterio jurisprudencial antes transcrito; por tanto es evidente que la demora reclamada no puede entenderse como una paralización total del procedimiento y, en consecuencia, la falta de admisión de la demanda laboral no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento laboral. De esta forma, dicha omisión hasta este momento no vulnera los derechos del promovente, sino que se reitera, en todo caso tiene injerencia en el carácter meramente procesal, en el cual es parte el ahora quejoso. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por tanto, conforme al artículo 113 de la citada ley, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que designa, por versar el asunto sobre la materia laboral. Se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún correo electrónico y número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano