José Fabián Pérez Sánchez
Expediente 713/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- José Fabián Pérez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el sobre que devolvió el Administrador de la Oficina de Servicios Directos, del Poder Judicial Siglo XXI, dirigido al Juzgado Primero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco, en el cual al reverso se advierte que el motivo de la devolución es porque "no corresponde al domicilio", al respecto, se provee: Reexpídase el oficio del sobre de cuenta a la dirección ubicada en:... lo anterior para se imponga del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que no obra agregada la notificación electrónica del auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por...; en tales condiciones: Se comisiona al actuario judicial para el efecto de que realice la citada notificación, en los términos establecidos en el citado auto, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCION. Téngase a la parte quejosa, desahogando el requerimiento formulado mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el sentido de: 1. Manifestar que tuvo conocimiento del oficio... de veinte de marzo de dos mil veinte, el dos de abril de dos mil veinte; y, 2. Señaló que promovió recurso de revocación ante el Director de Transporte Mercantil y Aplicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, contra la falta de motivación, exhaustividad de la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte y la ilegal notificación de dos de abril de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por..., en contra de actos del Director de Transporte Mercantil y Aplicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sirve de fundamento la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registro 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Así, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de exhaustividad, motivación e imparcialidad para resolver las solicitudes del suscrito de fecha ocho abril del año dos mil diecinueve y trece de febrero del presente año, mediante las cuales el suscrito solicité que se declarará el abandono de trámite de la solicitud de creación de nueva ruta y el otorgamiento de quince concesiones para el municipio de Cuautinhán, Puebla a favor de... por haberse excedido el término de sesenta días establecido por el artículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla. En concreto por no motivar la resolución... con los documentos pertinentes para así justificar su resolución. De la citada transcripción se aprecia en esencia que el impetrante de amparo se duele de la resolución contenida en el oficio... de veinte de marzo de dos mil veinte, por falta de exhaustividad, motivación e imparcialidad. Luego, del escrito con el que se da cuenta; por el cual, el quejoso desahogo de prevención formulada por acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, se aprecia que el impetrante tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de abril de dos mil veinte; y, que promovió recurso de revocación ante el Director de Transporte Mercantil y Aplicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, contra la falta de motivación, exhaustividad de la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte; esto es, el oficio... y la ilegal notificación de dos de abril de dos mil veinte, el cual refiere le fue desechado por extemporáneo; razón por la cual, sostiene que el acto reclamado se encuentra firme. Ahora, la suscrita advierte que existe un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, pues en el presente caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Además, señala que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Ahora bien, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1. El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; es decir, por autoridad administrativa, en el caso, por el Director de Transporte Mercantil y Aplicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte Gobierno de Puebla. 2. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con fundamento en el artículos 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, en relación con el diverso 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, establecen: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Artículo 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; 3. A través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 108 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada o indicar, cuando así corresponda a la pretensión deducida, los términos en que la autoridad debe dictar su resolución. 4. El Titulo II, Capitulo VIII De las Medidas Cautelares, artículos 50 a 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. 5. La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, al efecto basta remitirse al contenido del numeral 55 de la ley en cita para corroborarlo, el cual dispone: ARTÍCULO 55. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía; c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme, y d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva; b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado; c) El Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique, y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. De lo que se obtiene que el artículo 55, fracción III, inciso c), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, establece un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional; es decir, 24 horas y no requiere mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo. En consecuencia, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no establece un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2008807, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Página 783, de rubro y texto siguientes: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ... Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. 6. No existe excepción al principio de definitividad. I.- Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. El anterior supuesto no se actualiza en la especie, dado que el quejoso no es tercero extraño, pues de la resolución... de veinte de marzo de dos mil veinte, se aprecia que fue el quejoso quien promovió las solicitudes de ocho abril del año dos mil diecinueve y trece de febrero del presente año, mediante las cuales solicitó que se declarará el abandono del trámite de la solicitud de creación de nueva ruta y el otorgamiento de quince concesiones para el municipio de Cuautinhán, Puebla a favor de... por haberse excedido el término de sesenta días establecido por el artículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla; que motivaron la emisión del citado oficio reclamado. II.- Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. El acto reclamado no es intraprocesal, sino definitivo, de modo que no podrían constituir actos procesales de imposible reparación, en atención a que es derivado de la solicitud planteada por el quejoso de ocho abril del año dos mil diecinueve y trece de febrero del presente año, mediante las cuales solicitó que se declarará el abandono del trámite de la solicitud de creación de nueva ruta y el otorgamiento de quince concesiones para el municipio de Cuautinhán, Puebla a favor de... por haberse excedido el término de sesenta días establecido por el artículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III.- Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. IV.- Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. V.- Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. VI.- Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VII.- Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Titulo II, Capitulo VIII De las Medidas Cautelares, artículos 50 a 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. VIII.- Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción porque del contenido del oficio reclamado se aprecia que la autoridad lo emitió con base a los preceptos legales que la facultan e invocó los artículos pertinentes. IX.- Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, y conforme a lo señalado por el quejoso, se evidencia que su inconformidad radica en cuestiones de legalidad respecto a la legislación local que prevé su emisión, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción, pues no hace alusión a una violación directa a la Constitución. X.- Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio de nulidad está previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y no en un reglamento, de manera que el acto reclamado no impide la procedencia del juicio contencioso administrativo. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste que promovió recurso de revocación ante el Director de Transporte Mercantil y Aplicaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, contra la falta de motivación, exhaustividad de la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte; esto es, el oficio... y la ilegal notificación de dos de abril de dos mil veinte, toda vez que con independencia de haber interpuesto recurso de revocación contra el acto reclamado; ello no lo convierte en un acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo, pues como quedó precisado en los párrafos que anteceden, el quejoso tenía que promover juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con diversos artículo 61, fracción XX, del mismo cuerpo legal procede desechar la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. AUTORIZACIÓN CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Téngase a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, toda vez que cuenta con la certificación digital de firma electrónica (FIREL), proporcionando nombres de usuarios; en tal virtud, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario... solo por cuanto hace al presente juicio de amparo. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO. En términos de los artículos 30, fracción II, y 31, fracción II, de la ley de la materia, téngase a la autoridad responsable señalando para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica, en razón de que se encuentran registradas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con nombre de usuario... AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA 1. Téngase por autorizados en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a... y..., toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. 2. Téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a..., toda vez que, no cuenta con su cedula profesional registrada en el referido sistema. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita día y hora inhábil a fin de que el actuario adscrito, lleve a cabo la notificación encomendada. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE."
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