José Ezequiel Chávez Sequeda

Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
365/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • José Ezequiel Chávez Sequeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia emitida el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 365/2022-I, promovido por José Ezequiel Chávez Sequeda, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el treinta siguiente a este órgano jurisdiccional, José Ezequiel Chávez Sequeda, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que a continuación se indican: Autoridades responsables: "Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad." Actos reclamados: "Omisión de desahogar la prueba admitida como informe requerido a Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (TELCEL) en esta ciudad." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 365/2022-I, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Fiscal de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no desahogar la prueba consistente en requerir a la empresa Radiomovil Dipsa S.A de C.V. (TELCEL), con sede en esta ciudad, para que proporcionara diversa información, dentro del expediente administrativo laboral 124/E06/2020. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para ello, según se advierte del talón de recibo que antecede; por lo que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen como presuntamente ciertos los actos que se le reprochan, para el único efecto de la suspensión definitiva. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo a la última parte del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 553, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Pues bien, en el presente caso, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; ya que en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que sobre el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de desahogar la prueba consistente en requerir a la empresa Radiomovil Dipsa S.A de C.V. (TELCEL), con sede en esta ciudad, para que proporcionara diversa información, dentro del expediente administrativo laboral 124/E06/2020, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido de las constancias que allegó la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio 729/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dicha responsable requirió diversa información solicitada como prueba, a la empresa Radiomovil Dipsa S.A de C.V. (TELCEL), con sede en esta ciudad; sin embargo, el Actuario adscrito a dicha junta hizo constar, mediante razón actuarial de tres de mayo de dos mil veintidós, que no fue posible la recepción del mismo en esta ciudad, en virtud de que el gerente de recursos humanos de esa empresa le manifestó que por orden del apoderado legal no podían recibir ningún oficio, ya que deben ser dirigidos a la dirección que ahí mencionó en la Ciudad de México. Así las cosas, al quedar establecido que, con posterioridad a la promoción de la demanda de garantías que dio origen al expediente, la responsable dirigió el oficio cuya omisión de desahogar en sus términos reclamó, es claro que cesaron los efectos del mismo. Sin que sea un obstáculo para considerar lo anterior, que la prueba documental ofrecida no haya sido desahogada en sus términos, en virtud de que, como ya quedó establecido, en el presente caso quedó acreditada la imposibilidad para hacer llegar el mismo a su destinatario, por las circunstancias precisadas por el actuario adscrito a la Junta responsable, en su razón de tres de mayo de dos mil veintidós. Ante ello, el quejoso se encuentra obligado a desahogar esa razón, a fin de que promueva lo conducente en relación a la misma, ante la propia autoridad responsable, al tratarse de una prueba de su intención, para que ésta, con libertad de jurisdicción, acuerde lo que en derecho corresponda. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ezequiel Chávez Sequeda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, uno de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 950/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, remite las constancias que le fueron requeridas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 117 de la legislación de la materia, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, póngase a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio 829/2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, consistentes en el oficio 729/2022 enviado a consignación de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (TELCEL); la razón actuarial que recayó a esa misiva; y, dos oficios que justifican lo asentado en la mencionada razón; sin embargo, las mismas son insuficientes para resolver en definitiva el presente asunto; por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo laboral 124/E06/2020. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos) moneda nacional, equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Finalmente, en virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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