José Eugenio Sánchez Suárez

Expediente 332/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
332/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • José Eugenio Sánchez Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    :. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Azurena Canché Soberanis, apoderada de la tercero interesada, mediante el cual solicita fotocopia certificada de diversas constancias del presente juicio de amparo. Al respecto, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las fotocopias certificadas que solicita la promovente a su costa y entréguensele a las personas que refiere en el escrito de cuenta, previa toma de razón de su recibo.

  2. Principal

    :. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo solicitado; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó y por otra parte se negó el amparo; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Toda vez que el Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, remitió diversas constancias del expediente de providencias precautorias de retención de bienes 121/2021 de su consecutivo (tomo de pruebas I); para la sustanciación de este juicio, las cuales ya no resultan necesarias; por tanto, se ordena su devolución.

  3. Principal

    :. En Cancún, Quintana Roo, a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 332/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obra en autos, entre las que se encuentran el informe justificado rendido por las autoridades responsables; asimismo, hace constar que las autoridades responsables 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante que se les notificó el auto por el que se les requirió. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y 2) Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, ofrecieron pruebas documentales; mientras que las demás partes no ofrecieron prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas exhibidas por las citadas partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, se concluye el periodo probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa realizó manifestaciones a modo de alegatos; mientras que las demás partes no hicieron uso de ese derecho; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidos los alegatos de la parte quejosa y por precluido el derecho que las demás partes dejaron de ejercer y se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 332/2022-III promovido por José Eugenio Sánchez Suárez, por propio derecho, contra actos de la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el veintiocho siguiente, José Eugenio Sánchez Suárez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, admisión de la demanda y separación de juicios. Recibida que fue la demanda ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por auto de veintinueve siguiente, se radicó el juicio de amparo número 1514/2021-III y se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda en los términos ahí indicados. Enseguida, por auto de doce de enero de este año, se admitió la demanda de amparo. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se decretó la separación de juicios respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y se ordenó la remisión de copia certificada de dicho sumario y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, para su turno como demanda nueva. TERCERO. Recepción de juicio de amparo separado, radicación y ampliación. Por oficio 1851/2022-III de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado de Distrito, el cuatro de abril de dos mil veintidós; se recibió copia certificada del juicio de amparo 1514/2021 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a fin de conocer de los actos reclamados que se precisan a continuación: Del 1] Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintan Roo: a) Todo lo actuado en las providencias precautorias de retención de bienes 121/2021, del índice del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; y, de forma específica, la anotación preventiva realizada sobre el bien inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno (17-01), manzana ciento uno (101), supermanzana trescientos diez (310), en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. Del 2] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo: b) La anotación preventiva y embargo precautorio realizada sobre el bien inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno (17-01), manzana ciento uno (101), supermanzana trescientos diez (310), en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. Por lo que, en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 332/2022-III; este juzgado de distrito se avocó al conocimiento del asunto; se admitió la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa respecto de los actos reclamados a las diversas autoridades: 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; se ordenó notificar a las partes la presente determinación, se pusieron a la vista los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se requirió su respectivo informe a aquellas por las que se admitió la ampliación de demanda; se reconoció el carácter de tercero interesada a Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, quien en su oportunidad fue emplazada y compareció a juicio. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales con ejecución material en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, su ampliación y demás constancias de autos, se hace consistir en: Del 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) El auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 121/2021 de su índice, en el que decretó la providencia precautoria de retención de bienes en su contra. b) La omisión de ordenar la notificación de dicha providencia precautoria al aquí quejoso. De la 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: c) La omisión de notificar a la parte embargada, aquí quejosa, la providencia precautoria dictada en el expediente de origen, y De la 2) Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, con sede en esta ciudad: d) La anotación preventiva de diez de junio de dos mil veintiuno, de la retención del bien inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno, manzana ciento uno, supermanzana trescientos diez, en esta ciudad, sobre el folio electrónico 344406, que quedó realizada bajo el movimiento cuatro. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. La autoridad responsable 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado no se pronunció expresamente respecto a la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando que antecede; sin embargo, resulta improcedente presumir cierta la existencia del citado acto reclamado pues de las constancias que adjuntó dicha autoridad a su informe justificado, se corrobora su inexistencia. Por su parte, las autoridades responsables 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado; sin embargo, tampoco procede presumir cierta la existencia del acto que se les atribuye -precisado en el inciso c) del considerando anterior-; pues de autos del expediente de origen, se corrobora la inexistencia del mismo. En efecto, de la copia certificada de las constancias integrantes del expediente de providencia precautoria 121/2021 del índice del 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, que remitió con su informe justificado (tomo de pruebas), las cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente: i. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal Transaccional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, turnado al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, por conducto de su apoderada, solicitó el otorgamiento de providencias precautorias de retención de bienes de José Eugenio Sánchez Suárez, y otras personas; en términos del artículo 1168 fracción II inciso b) del Código de Comercio. ii. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención efectuada el nueve de abril anterior; se decretaron de plano las providencias precautorias de retención de bienes de José Eugenio Sánchez Suárez y otros; en particular, del inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno, manzana ciento uno, supermanzana trescientos diez, en esta ciudad, sobre el folio electrónico 344406, propiedad del citado futuro demandado, aquí quejoso, y se ordenó girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a, fin de que, previo pago de derechos se anotaría preventivamente la providencia. Asimismo, se previno a la parte actora para que proporcionara domicilio correcto y completo para emplazar a los futuros demandados y a fin de que, dentro del plazo de tres días siguientes, presentara la demanda respectiva. iii. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte promovente y revocó la providencia precautoria de retención de bienes decretada, ordenando el archivo de dicho asunto. iv. Inconforme con dicha determinación, la parte promovente interpuso el recurso de revocación, que fue radicado en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno y resuelto el nueve de junio siguiente, en el cual se revocó únicamente la parte relativa a la motivación del auto impugnado y, en la nueva resolución dictada revocó las providencias precautorias. v. Contra la nueva resolución dictada en el recurso de revocación, la solicitante promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante este juzgado de Distrito mediante el número de expediente 829/2021-II. Seguida la secuela procesal del juicio de control constitucional, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se determinó: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, por conducto de su apoderada Azurena Canché Soberanis contra el acto reclamado de la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, que se encuentra precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en el séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Los efectos de la protección constitucional conferida a Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, por conducto de su apoderada Azurena Canché Soberanis, en términos del considerando último de esta sentencia, consisten en que la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en autos de las providencias precautorias 121/2021 de su índice. b) Dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que i) declare fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, por conducto de su apoderada Azurena Canché Soberanis en contra del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se revocó la providencia precautoria de retención de bienes previamente decretada en ese asunto; ii) revoque el acuerdo impugnado y dicte otro en el que iii) considere cumplida la prevención formulada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno consistente en la presentación de la demanda relativa a las providencias precautorias al haberse interpuesto dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 1181 del Código de Comercio, por los motivos expuestos en este fallo; iv) declare que continúan teniendo plena vigencia las providencias precautorias decretadas; y v) en términos del artículo 1127, párrafo segundo, del Código de Comercio, reencauce la vía de la demanda presentada anexa a la promoción de la parte actora por la cual desahoga la prevención como un nuevo asunto. vi. Por oficio 23/2022-II de cuatro de enero de dos mil veintidós, recibido ante la autoridad responsable el once de enero siguiente, se comunicó al juez oral mercantil que la sentencia de amparo dictada en dicho sumario, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. vii. Por auto de doce de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente de providencia precautoria 121/2021, el Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, y reservó emitir una nueva; asimismo, solicitó una prórroga para acatar debidamente el fallo amparador. De autos del procedimiento de origen, no se advierte la emisión de la nueva resolución de revocación. De lo antes narrado, se corrobora la inexistencia de los actos precisados en los incisos b) y c) que se reclaman de la 1) Juez Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, la 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; pues si bien la autoridad responsable el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, otorgó las providencias precautorias de retención de bienes solicitada por la parte promovente; lo cierto es que en ese mismo proveído le requirió a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de los futuros demandados para notificarlos en el procedimiento. Asimismo, al considerar que no se había satisfecho el requisito de efectividad de la providencia precautoria consistente en la presentación de la demanda mercantil dentro del plazo conferido, el siete de mayo de dos mil veintiuno, revocó las providencias decretadas y ordenó el archivo del sumario; asimismo, si bien con motivo de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 829/2021-II del índice de este órgano jurisdiccional, se ordenó dejar insubsistente la resolución reclamada y dictar otra en la que declarara fundado el recurso de revocación y determine que continúa la vigencia de la medida cautelar otorgada; lo cierto es que, a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda, esto es, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, no se había emitido dicha resolución; por lo que no existía, hasta ese momento, la obligación de notificar a la parte ejecutada la providencia precautoria decretada en su contra, dado que ésta había sido revocada. Entonces, se corrobora la inexistencia de los actos reclamados consistentes en b) la omisión de ordenar la notificación de dicha providencia precautoria al aquí quejoso y c) la omisión de notificarla a la parte embargada. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado la inexistencia de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c) del considerando tercero que se reclaman al 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, la 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; al ser inexistentes. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, la 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y 2) la Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y d), convienen en su existencia. Lo que, en todo caso, se corrobora con las constancias integrantes del expediente 121/2021 del índice de la primera autoridad, previamente valorados; así como la prueba documental que la autoridad registral adjuntó a su informe justificado, consistente en copia certificada de los asientos registrales relativos al folio electrónico 344406, que merecen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; pues como se adelantó en el considerando anterior, por proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención efectuada el nueve de abril anterior; se decretaron de plano las providencias precautorias de retención de bienes de José Eugenio Sánchez Suárez y otros; en particular, del inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno, manzana ciento uno, supermanzana trescientos diez, en esta ciudad, sobre el folio electrónico 344406, propiedad del citado futuro demandado, aquí quejoso, y se ordenó girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a, fin de que, previo pago de derechos se anotaría preventivamente la providencia. Por su parte, mediante oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/3255/VI/2021, de once de junio de dos mil veintiuno, la Delegada del Registro Público responsable comunico a la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, que se había realizado la anotación preventiva en el folio mercantil 344406 y al efecto remitió la boleta de registro 1068255 de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que quedó anotada la providencia decretada. Luego, son ciertos los actos reclamados. SEXTO. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni el suscrito advierte alguna que deba analizarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 Genealogía: Gaceta número 42, junio de 1991, página 19. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 285, página 191. IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. OCTAVO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa sin que opere en el caso la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como se precisó en el considerando tercero, incisos a) y d), de esta sentencia, en este asunto se reclama el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 121/2021 del índice del Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el que decretó la providencia precautoria de retención de bienes en su contra, y la anotación preventiva de diez de junio de dos mil veintiuno, de la retención del bien inmueble ubicado en lote diecisiete guion cero uno, manzana ciento uno, supermanzana trescientos diez, en esta ciudad, sobre el folio electrónico 344406, que quedó realizada bajo el movimiento cuatro. Antes de abordar el análisis de los referidos actos a la luz del concepto de violación hecho valer, se precisa que no será analizado en diverso concepto de violación relativo a que no se otorgó el derecho previsto en el artículo 1179 del Código de Comercio, consistente en dar vista a la parte ejecutada con la providencia precautoria una vez que haya sido inscrito el embargo de bienes; que se hizo valer respecto de los diversos actos reclamados precisados en el considerando tercero, incisos b) y c), pues como se indicó en el diverso apartado cuarto, éstos son inexistentes. Ahora, la parte quejosa señala como concepto de violación que no existe prueba de que la parte promovente haya presentado la demanda como lo establece el artículo 1181 del Código de Comercio; por lo que debió revocarse dicha medida. Como se adelantó, es infundado el motivo de disenso. Para corroborar lo acertado de la anterior proposición, resulta oportuno citar los artículos que regulan las providencias precautorias de retención de bienes en el Código de Comercio, como se hace enseguida: De las providencias precautorias. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Artículo 1,169. Las disposiciones del artículo anterior comprenden no sólo al deudor, sino también á los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. (.) (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,179. Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,180. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) Artículo 1,181. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior. De los preceptos antes transcritos, se obtiene que la providencia precautoria de retención de bienes podrá decretarse en los juicios mercantiles, cuando: a) exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. Dichas providencias proceden no sólo contra el deudor principal, también a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. Las medidas precautorias pueden ser decretadas de plano, como actos prejudiciales o vía incidental con intervención de la parte a ejecutar, cuando se pide una vez iniciado el juicio. La primera, procede sin la intervención de la parte contra la que se pide y, para otorgarla deben satisfacerse los siguientes requisitos: I. Se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. Cuando se concede la providencia precautoria como acto prejudicial, una vez que se ha presentado la inscripción en el Registro Público, tratándose del embargo de bienes, se concederá al afectado tres días, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se requerirá a la parte solicitante para que en ese mismo término, promueva la demanda contra la persona contra la cual se decretó la medida, lo que deberá acreditarlo dentro de los tres días siguientes ya que, de no hacerlo, se levantará la providencia dictada. En la especie, de las constancias integrantes del sumario de origen, se advierte el escrito signado por Azurena Canché Soberanis, apoderada legal de la parte promovente, con fecha de recepción el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, al que acompañó como anexos: "Escrito de demanda inicial con firma original y anexos con copias simples. Acuse de préstamo de expediente con código de verificación. 3 Traslados". Pues así se advierte del legajo de prueba: Como se ve, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, de autos de la providencia precautoria de origen sí se advierte prueba de la presentación de una demanda, efectuado el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Por lo que se corrobora lo desacertado del motivo de disenso que nos ocupa. No sobra decir, que como se estableció en el considerando cuarto de esta sentencia, en la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 829/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al estimarse que la promovente de las providencias precautorias, sí había acreditado la presentación de la demanda relativa a la medida cautelar decretada; de ahí que resulte incuestionable que sí obra en el sumario prueba de que la parte solicitante sí cumplió con el requisito previsto en el numeral 1182 del Código de Comercio. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa y al no advertir queja que suplir, se determina negar el amparo y la protección constitucional solicitada por José Eugenio Sánchez Suárez, contra el acto precisado en el inciso a) que reclama al 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Tal negativa, debe hacerse extensiva al diverso acto reclamado precisado en el inciso d) que se atribuye a la 2) Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, al no reclamarla por vicios propios sino con motivo del diverso acto precisado en el inciso a). Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Eugenio Sánchez Suárez, por derecho propio, contra los actos reclamados a la 3) Secretaria Auxiliar en Funciones de Actuaria adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia y el 4) Actuario adscrito al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando tercero, incisos b) y c), de esta sentencia, por los motivos expuestos en el apartado cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Eugenio Sánchez Suárez, por derecho propio, contra los actos reclamados al 1) Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y 2) Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, que se encuentran precisados en el considerando tercero, incisos a) y d), por los motivos expuestos en el octavo de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    :. I. Se encomienda notificación personal a Ministerio Público. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se ordenó notificar a las partes la recepción en este juzgado de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, así como la ampliación de demanda admitida en esa propia data; sin embargo, de la constancia de notificación realizada al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se obtiene que se omitió señalar que se corría traslado con el escrito de ampliación de demanda. En mérito de lo anterior, con apoyo en el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se encomienda a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción que notifique vía electrónica al fiscal de la adscripción el presente proveído, haciendo la indicación de que la fotocopia sin certificar del escrito de ampliación de demanda admitida por auto de seis de abril de dos mil veintidós, queda a su disposición en esta secretaría; para los efectos legales a que haya lugar. II. Se difiere audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

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